La detención de Mahmoud Khalil: ¿Un ataque al derecho a protestar en EE. UU.?
El caso del activista palestino pone bajo la lupa la represión de las voces disidentes en universidades y las políticas migratorias en la era Trump
Una bienvenida simbólica y cargada de emoción
Mahmoud Khalil, activista palestino y exalumno de la Universidad de Columbia, regresó a la costa este de Estados Unidos con una escena conmovedora este sábado: empujando el cochecito de su hijo recién nacido con una mano y levantando el puño en señal de lucha con la otra. Esto, luego de haber pasado 104 días detenido en un centro de inmigración en Luisiana.
Recibido por simpatizantes en el Aeropuerto Internacional de Newark y acompañado por la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, Khalil se reafirmó como símbolo de resistencia frente a lo que muchos consideran una escalada autoritaria bajo la administración de Donald Trump. Su caso ha desatado debates sobre la libertad de expresión, la criminalización de la protesta y los derechos de los inmigrantes legales en EE.UU.
¿Por qué fue detenido Khalil?
Aunque no fue acusado de ningún delito durante las protestas en Columbia contra la guerra en Gaza, Khalil fue detenido por autoridades migratorias. La razón: su participación en manifestaciones que, según ciertos sectores del gobierno, eran antisemitas o pro-Hamas.
Resulta relevante destacar que Khalil es un residente legal de EE.UU., con una familia en el país —su esposa dio a luz durante su cautiverio. Pese a esto, su participación en protestas pro-palestinas fue interpretada como motivo suficiente para iniciar un proceso de deportación. No se le señaló por violencia, ni por violar ley alguna durante las manifestaciones.
El juez federal Michael Farbiarz evaluó el caso y calificó la detención como "altamente, altamente inusual" para alguien sin antecedentes delictivos ni señales de fuga. Aun así, el Departamento de Justicia notificó su intención de apelar la liberación.
Políticas migratorias y represión ideológica
El caso de Khalil no es aislado. Desde el inicio del conflicto entre Israel y Gaza en octubre de 2023, se ha intensificado la polarización política en los campus universitarios estadounidenses. Bajo la administración Trump, se han reforzado las herramientas legales para restringir el ingreso o la permanencia de extranjeros que participen en actividades que el gobierno considera contrarias a los intereses nacionales.
En 2020, la administración ya había revocado visas a estudiantes extranjeros bajo sospecha ideológica. El caso de Khalil revive ese mismo patrón: castigar opiniones críticas hacia Israel y a favor de Palestina bajo el pretexto del orden público o seguridad nacional.
"La administración Trump sabe que está librando una batalla legal que va a perder", comentó Ocasio-Cortez en Newark. "Están violando la ley, y lo saben".
Libertad de expresión en la mira
La Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos protege la libertad de expresión, incluso cuando se trata de opiniones impopulares o controversiales. No obstante, para los no ciudadanos, esta protección no siempre es efectiva en la práctica.
Organizaciones como la ACLU han advertido sobre una tendencia preocupante de usar leyes de inmigración para silenciar el disenso político. Este caso, en particular, subraya el peligro de establecer un precedente: que expresar solidaridad con Palestina pueda traducirse en la revocación de estatus migratorio o en la prisión.
Khalil como símbolo de una lucha global
"El gobierno estadounidense está financiando este genocidio, y la Universidad de Columbia está invirtiendo en este genocidio. Por eso continuaré protestando con todos ustedes, incluso si me amenazan con la detención. Incluso si me mataran, seguiría alzando la voz por Palestina", dijo Khalil en su aparición el sábado.
Sus palabras no solo resuenan entre activistas en Estados Unidos, sino también en cientos de ciudades del mundo donde se han realizado manifestaciones contra la ocupación de Gaza y la operación militar israelí. Según cifras de Naciones Unidas, más de 37.000 palestinos han muerto desde el inicio de la ofensiva en Gaza (cifra hasta junio 2024), muchos de ellos mujeres y niños.
La acusación de que Estados Unidos financia el conflicto no es infundada. En 2023, el Congreso aprobó un paquete de ayuda militar a Israel por más de 3.800 millones de dólares. Sumado a esto, universidades como Columbia han sido señaladas por tener intereses financieros en empresas que manufacturan armas utilizadas en la zona de conflicto.
Un problema estructural en las universidades
La represión de la protesta estudiantil también hace parte de una tendencia creciente. En los últimos años, varios campus como Harvard, MIT o Stanford han enfrentado críticas por su respuesta fría o directamente represiva hacia estudiantes que muestran apoyo a la causa palestina. En 2024, se reportaron más de 60 expulsiones o suspensiones de estudiantes que participaron en protestas pacíficas contra la guerra, muchas de ellas sin debido proceso.
El caso de Columbia, donde Khalil cursaba sus estudios de maestría en asuntos internacionales, es paradigmático. La universidad ha sido señalada por usar fuerza policial contra manifestantes y por colaborar con entidades gubernamentales para compartir información sobre estudiantes inmigrantes.
Las voces silenciadas desde la detención
Durante sus más de tres meses en el centro de detención, Khalil compartió celda con docenas de inmigrantes, muchos de los cuales —según él— viven en condiciones inhumanas y sin representación legal justa.
"Ya sea que seas ciudadano, inmigrante, cualquiera en esta tierra, no eres ilegal. Eso no te hace menos humano", afirmó.
Según datos del TRAC Immigration de la Universidad de Syracuse, en EE.UU. existen más de 30.000 personas en centros de detención migratoria, muchas de ellas sin antecedentes criminales, con familias en el país y simplemente buscando asilo u oportunidades académicas y laborales.
¿Y ahora qué?
Aunque Khalil fue liberado bajo orden judicial, su situación migratoria sigue en incertidumbre. El gobierno ha apelado su liberación, lo que podría significar su re-arresto si se revierte el fallo. Mientras tanto, él afirma que continuará su activismo y su compromiso con la causa palestina.
En una era donde manifestarse puede costar la libertad —o incluso la nacionalidad— su historia simboliza una creciente tensión entre el derecho a protestar y el aparato legal de un país que se autodenomina como la tierra de la libertad.
El caso de Mahmoud Khalil será probablemente un punto de inflexión en la discusión nacional e internacional acerca de qué significa la verdadera libertad de expresión y si existen ciudadanos de segunda clase cuyo derecho a opinar está condicionado por su lugar de origen o status migratorio.