‘Alcatraz de los Everglades’: la prisión migratoria que revela una peligrosa alianza entre política e inmigración

Una isla prisión... sin agua alrededor

En un remoto rincón del sur de Florida, rodeado de pantanos infestados de mosquitos, caimanes y serpientes, se está gestando un experimento que parece sacado de una distopía: un centro de detención migratoria basado no en alta tecnología, sino en la brutalidad de la naturaleza.

El gobierno de Florida, liderado por el gobernador Ron DeSantis, está finalizando la construcción de un recinto en un antiguo aeródromo de los Everglades; la prensa conservadora ya lo llama "Alligator Alcatraz". Bajo una apariencia de provisión “temporal” y “eficiente” para albergar migrantes, este lugar refleja una peligrosa forma de ejercer poder: disfrazar la política de urgencia y emergencia para imponer medidas de dudosa legalidad, ética y eficacia.

La lógica del aislamiento

Ubicado a unos 72 kilómetros al oeste de Miami, el sitio se levanta en un terreno que el propio estado arrebató con poderes de emergencia emitidos por orden ejecutiva. Se trata de una pista aérea de 3.200 metros de largo completamente rodeada por terrenos inhóspitos. “No hay entrada ni salida”, afirmó James Uthmeier, fiscal general de Florida y exjefe de gabinete de DeSantis, en una entrevista con el comentarista ultraconservador Benny Johnson. “Mother Nature hace su parte en los perímetros”.

El comentario es revelador. Lejos de buscar condiciones humanitarias para los alojados —que en su mayoría son migrantes aún sin condena penal ni confirmación de delito—, la intención parece residir en usar el entorno natural como una forma de coerción y control psicológico. Una estrategia más digna de un régimen autoritario que de una democracia liberal moderna.

¿Centro de atención temporal o prisión extralegal?

Según Uthmeier, estarán habilitadas 5.000 camas en este y otros centros de detención estatales antes de julio. Por el momento, el complejo consiste en tiendas de campaña reforzadas, tráileres y estructuras móviles similares a las usadas en catástrofes naturales.

La comparación es pertinente: la instalación aparece como respuesta a lo que DeSantis calificó como “una crisis de inmigración ilegal” provocada por el gobierno de Joe Biden. A través de una orden ejecutiva vinculada al manejo de emergencias, Florida se auto-otorgó poderes especiales para expropiar terrenos y edificar sin trámites y sin participación pública.

No es un detalle menor que el terreno pertenezca al condado de Miami-Dade, cuyo liderazgo local —incluida la alcaldesa Daniella Levine Cava— se opone fuertemente, al igual que líderes tribales indígenas que consideran el área una zona sagrada.

Un laboratorio de excepciones

Lo más inquietante de esta situación es el respaldo que ha recibido por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). “Alligator Alcatraz expandirá las instalaciones y el espacio en cama en cuestión de días. Es innovador y rentable”, declaró en X el organismo que, paradójicamente, debería velar por el cumplimiento de los derechos civiles.

La rapidez del proyecto solo es posible porque no se siguen los mecanismos habituales de análisis de impacto ambiental, sociales o legales. Es un laboratorio de lo que muchos han señalado como la gobernanza por excepción, en la que la legalidad está circunvalada por decretos, urgencias artificiales y narrativas de seguridad nacional.

Entre caimanes y migrantes: el simbolismo importa

De todas las decisiones gubernamentales, pocas tienen tanto poder simbólico como aquellas sobre inmigración. Se juegan ahí cuestiones de identidad, soberanía, empatía y política exterior. ¿Quiénes tienen derecho a estar? ¿Bajo qué condiciones? ¿Y cómo se define lo “ilegal”?

Ubicar el centro de detención en los Everglades —una reserva ecológica y culturalmente compleja por su biodiversidad y su historia— no es casual. Es un mensaje. Los migrantes no son bienvenidos. Son un peligro. Serán tratados como tal.

“Si estás detenido ahí, no puedes salir. No hay dónde ir”, dijo Uthmeier con frialdad burocrática.

Históricamente, las ubicaciones de detención remotas se han utilizado para dificultar supervisión, visitas legales y periodísticas, e incrementar el sentimiento de desarraigo y desesperanza entre los detenidos. Desde Guantánamo hasta los campamentos fronterizos de Texas, el patrón se repite y refleja una criminalización sistemática del migrante.

¿Quién controla el Estado de Derecho?

Este endurecimiento de las políticas migratorias no ocurre en el vacío. Esta semana, una denuncia presentada por un exabogado del Departamento de Justicia, Erez Reuveni, pone el foco sobre los intentos del gobierno de Trump y colaboradores actuales (entre ellos Emil Bove, nominado para un tribunal federal) de ignorar órdenes judiciales para acelerar deportaciones de venezolanos acusados de formar parte de la banda criminal Tren de Aragua.

Según la carta presentada por sus abogados ante el Congreso, durante una reunión a puertas cerradas en marzo, Bove habría sugerido ignorar las órdenes judiciales, pronunciando: “F*** the courts”. Estas palabras, de ser confirmadas, representarían no solo un desdén por el debido proceso, sino también una peligrosa erosión del principio de separación de poderes.

La senadora Dick Durbin lo dijo claramente: “Este es otro patrón más del presidente Trump y sus aliados de socavar el compromiso del Departamento de Justicia con el Estado de Derecho.”

Un sistema de doble rasero

El giro hacia centros de detención como “Alligator Alcatraz” refleja una estrategia más amplia y peligrosa: gestionar la inmigración como una guerra interna. Y como toda guerra, debe tener enemigos, fronteras, armas, bajas... y una lógica de excepción.

No se trata solo de eficiencia o seguridad. Se trata de usar la figura del “inmigrante indocumentado”, del “otro ilegal”, para generar consenso social hacia políticas de autoritarismo selectivo. Centros que no pasarían el más mínimo control si albergasen ciudadanos estadounidenses se justifican apenas el receptor cruza sin papeles.

Hasta ahora, Estados Unidos se enorgullecía de ofrecer a todos los individuos —ciudadanos o no— ciertas garantías legales mínimas. Alligator Alcatraz representa exactamente lo contrario: una zona de excepción legal donde los derechos se suspenden por defecto.

¿Quién detendrá esta deriva autoritaria?

La edificación de Alligator Alcatraz plantea preguntas públicas urgentes. ¿Cuál es el límite de la autoridad estatal frente a derechos federales y constitucionales? ¿Quién supervisa la legalidad de estos centros? ¿Qué papel juegan las comunidades locales y las naciones indígenas cuyos territorios están siendo profanados?

Florida se está convirtiendo en un modelo replicable. Si no se cuestiona la legalidad de este centro, otros estados podrían seguir su ejemplo, y el sistema de detención migratoria estadounidense se transformaría en una red paralela de prisiones ambientales donde la crueldad sustituye a los barrotes.

¿Eficiencia o escarmiento?

En el fondo, Alligator Alcatraz no busca solo encerrar. Busca enviar un mensaje. Que venir sin papeles a EE.UU. no solo es ilegal, sino humillante, inhumano y desesperante.

Pero ningún país construye su legitimidad en la humillación de los más vulnerables. Ni la fuerza de la ley puede sustentarse sobre prácticas que evocan tortura psicológica, ni la democracia florece en los pantanos de la impunidad.

Hoy más que nunca, vigilar el uso del poder frente a la inmigración es proteger la salud institucional de Estados Unidos.