Los bancos, el fentanilo y las sanciones: una guerra financiera contra el narcotráfico en México

Una ofensiva más allá de las fronteras

Las autoridades estadounidenses han intensificado su lucha contra el narcotráfico en México, pero esta vez no con helicópteros o agentes encubiertos sino desde el corazón del sistema financiero internacional. A través del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se impusieron sanciones contra tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, acusadas de facilitar el lavado de millones de dólares para algunos de los cárteles más poderosos del país.

Esta acción forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la administración de Donald Trump y persistente bajo gobiernos posteriores para cortar los nexos económicos que permiten a las organizaciones criminales operar a escala global, en particular en el tráfico de fentanilo, una droga sintética hasta 50 veces más potente que la heroína y que ha provocado una crisis de salud pública en Estados Unidos. Veamos qué hay detrás de estas sanciones.

¿Quiénes son los implicados?

• CIBanco: Según el Tesoro, procesó más de 2.1 millones de dólares en pagos para el suministro de precursores químicos provenientes de China usados para fabricar fentanilo. Estuvo vinculado a los cárteles de Jalisco Nueva Generación, Beltrán Leyva y el Cártel del Golfo.
• Vector Casa de Bolsa: Facilitó operaciones para el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, incluyendo más de 1 millón de dólares en pagos relacionados con químicos para fentanilo. Además, se la acusa de canalizar sobornos superiores a 40 millones de dólares al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna.
• Intercam Banco: También facilitó pagos por unos $1.5 millones para productos químicos desde Asia, destinados a organizaciones criminales mexicanas.

¿Qué implica una sanción del Tesoro?

Cuando el Departamento del Tesoro sanciona a una empresa o persona, automáticamente congela sus activos en Estados Unidos e impide que entidades estadounidenses (incluyendo bancos) hagan negocios con ellos. Esto crea un efecto dominó que en muchas ocasiones complica su relación con otras instituciones globales debido al miedo a represalias secundarias.

En palabras del subsecretario del Tesoro, Michael Faulkender: “Estas medidas cortan efectivamente el acceso de estas instituciones a negocios con bancos estadounidenses.” No obstante, no se revelaron los nombres de las instituciones estadounidenses que indirectamente estuvieron implicadas en las transferencias realizadas a través de estos bancos.

El rol de los bancos en el narcotráfico

Durante décadas, los cárteles mexicanos han perfeccionado sus redes de lavado de dinero, utilizando empresas fachada, transferencias múltiples y testaferros. Sin embargo, cuando estas operaciones alcanzan tal volumen que entran en contacto con instituciones financieras legalmente establecidas, el problema se amplifica.

Por ejemplo, según datos de la DEA y del propio Departamento del Tesoro, algunos bancos mexicanos han sido recurrentemente utilizados para dispersar ganancias del narcotráfico a través de inversiones legales, adquisición de bienes raíces o incluso fondos de pensiones.

En 2010, Wachovia Bank, entonces uno de los grandes bancos de Estados Unidos, fue multado con 160 millones de dólares por permitir el lavado de al menos 378.4 mil millones de dólares provenientes de cárteles mexicanos. Esta historia se repite ahora con instituciones mexicanas que parecían operar legalmente.

El fentanilo: un enemigo silencioso

El fentanilo ha sido protagonista de una crisis sanitaria sin precedentes en Estados Unidos. Solo en 2023, se registraron más de 112,000 muertes por sobredosis, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), y más del 66% de ellas estuvieron relacionadas con opioides sintéticos, principalmente fentanilo.

Los ingredientes de esta droga, conocidos como precursores químicos, provienen en su mayoría de China e India, y son transportados a laboratorios clandestinos en México. Una vez producida la droga, los cárteles inyectan el producto en Estados Unidos a través de sus vastas redes de distribución.

Una guerra binacional

Lejos de tratarse de una ofensiva unilateral, tanto México como Estados Unidos han insistido en que el combate al fentanilo es una tarea conjunta. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha rechazado tajantemente la narrativa estadounidense que sugiere que México permite libremente la producción del narcótico, pero ha cooperado con decomisos históricos y extradiciones de narcos clave como Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo.

Al mismo tiempo, la presión desde EE.UU. ha sido constante, especialmente bajo la administración Trump. En 2023, Estados Unidos clasificó a varios cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras y ha intensificado el uso de sanciones económicas como herramienta de coerción.

García Luna: el vínculo incómodo

Uno de los elementos más explosivos de esta historia fue la revelación de que Vector Casa de Bolsa fue utilizada para canalizar sobornos millonarios al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. En octubre de 2023 fue condenado a más de 38 años de prisión por recibir pagos del Cártel de Sinaloa a cambio de protección política y policial.

Este caso evidenció no solo la penetración del crimen organizado en las estructuras financieras, sino también en los más altos niveles del aparato gubernamental mexicano. “Las instituciones no colapsan por fuera, sino desde dentro”, dijo el fiscal del distrito este de Nueva York en el juicio.

Un impacto visible pero limitado

Si bien estas sanciones envían un mensaje poderoso, algunos expertos ponen en duda su alcance real. Para Vanda Felbab-Brown, investigadora de Brookings Institution, "la capacidad de insertar terror financiero a los cárteles es útil, pero ellos han demostrado ser expertos en reinventar sus estrategias de financiamiento". Además, muchas de estas instituciones tienen operaciones internacionales que no necesariamente serán afectadas por las sanciones estadounidenses, limitando la eficacia de las medidas.

¿Qué sigue?

Estados Unidos promete continuar con acciones similares. Desde 2020, el gobierno norteamericano ha sancionado a más de 31 individuos y entidades ligadas a cárteles, y cada vez más mira hacia los cómplices financieros o logísticos en vez de solo perseguir a los narcotraficantes directamente.

Incluso ha comenzado a considerar sanciones a figuras políticas y entidades que permiten, por acción u omisión, el arraigo del crimen organizado a nivel estructural.

¿Qué podemos aprender?

El narcotráfico no solo es una batalla de armas, sino de cuentas bancarias y transacciones digitales. Ante un fenómeno global, la respuesta también debe serlo, y eso implica quemar los puentes económicos por donde circula el dinero sucio. Al final del día, quitarle el combustible a cualquier industria —legal o clandestina— es una de las estrategias más efectivas para erosionar su poder.

La guerra contra el fentanilo continúa, pero esta vez la trinchera está en los escritorios de los bancos y no en los sembradíos del Triángulo Dorado.