Muertes bajo custodia en EE.UU.: ¿casos aislados o patrón sistémico de abuso penitenciario?

El caso Patrick Odale: muerte con aroma a encubrimiento

Patrick Odale tenía 39 años, era padre de dos hijas y se encontraba cumpliendo una sentencia menor en el Southern Desert Correctional Center, una cárcel de mediana seguridad ubicada cerca de Las Vegas, Nevada. Fue procesado por posesión de una tarjeta de crédito robada y portación ilegal de un arma oculta. Su condena no superaba los dos años, y su liberación era inminente. Sin embargo, en diciembre de 2023, murió durante una intervención con los agentes penitenciarios. Sus últimas palabras, según relatos de otros reclusos, fueron: “No puedo respirar”.

La versión oficial —reportada por el forense del Condado Clark en agosto de 2024— sostiene que Odale mostraba una conducta errática y fue "agresivo" con los oficiales. El informe concluye que la causa de muerte fue asfixia posicional y mecánica en un contexto de restricción por parte de la autoridad, con drogas como la metanfetamina y un sedante animal como factores contribuyentes.

Pero la familia ha presentado una demanda que contradice radicalmente esta conclusión. Alegan que Odale sufría un ataque de asma y que los guardias, lejos de ayudarle, lo golpearon, rociaron con gas pimienta y lo inmovilizaron forzando su rostro contra el suelo. Fotos de la autopsia incluidas en la demanda muestran hematomas extensos en hombros, labios, brazos y muñecas. Los abogados denuncian una conspiración dentro del Departamento Correccional de Nevada para ocultar el uso excesivo de fuerza.

Además, hay un punto que ha encendido aún más las alarmas: la evidencia en video está incompleta. Según la descripción del informe forense, hay una "interrupción" en la grabación. Cuando retoma, Odale ya no está boca abajo ni esposado de espaldas, sino de frente y con oficiales intentando reanimarlo con RCP. Esta brecha temporal ha despertado sospechas acerca de la posible edición o eliminación deliberada de imágenes comprometedoras.

¿Uso de fuerza o asesinato institucional?

No es la primera vez que sucede un evento similar bajo la supervisión del sistema penitenciario de Nevada. En abril de 2023, Christian Walker, otro recluso, murió tras recibir una paliza de parte de guardias en High Desert State Prison. Su rostro mostraba signos evidentes de trauma: hinchazón, sangre y daño extremo en cabeza y torso, de acuerdo con una autopsia obtenida por medios de comunicación.

Sin embargo, la oficina forense en ese caso declaró que la causa de muerte fue natural, atribuyéndola a problemas cardíacos. La familia Walker, junto con el mismo abogado que representa a los Odale, ha iniciado una demanda similar argumentando encubrimiento y exigencia de responsabilización.

Estas muertes se suman a una serie de casos nacionales que destacan una patrón alarmante. Según un estudio del Bureau of Justice Statistics, entre 2001 y 2019 murieron más de 74,000 personas bajo custodia en prisiones estatales y federales de EE.UU. Aunque muchas fueron por causa naturales, múltiples investigaciones periodísticas han revelado muertes por negligencia, forcejeos innecesarios y ocultamiento de datos.

La cultura del silencio tras los muros

Uno de los grandes desafíos para las familias y defensores de los derechos humanos es el acceso a la información. En los casos de Odale y Walker, ni siquiera los videos de vigilancia han sido entregados, a pesar de múltiples solicitudes legales.

Esto ha avivado el debate sobre la transparencia dentro del sistema. Grupos como Return Strong, una organización que apoya a personas encarceladas en Nevada, denuncian una especie de "cultura de impunidad" alimentada por la falta de vigilancia externa, la débil supervisión médica independiente y la complicidad interna.

Una vocera del grupo declaró recientemente: “Lo que ocurre tras las paredes de las prisiones permanece, con demasiada frecuencia, en la oscuridad. El abuso se transforma en rutina cuando no se exige responsabilidad.”

La muerte como destino evitable

Lo más inquietante de estas muertes es que pueden considerarse innecesarias. Tanto Odale como Walker se encontraban cerca del final de sus respectivas sentencias. Ni figuraban en listas de presos peligrosos, ni presentaban conductas que justificaran una represión letal. La rápida escalada de los eventos —de una confrontación verbal a una muerte— sugiere una falta de protocolos efectivos frente a situaciones críticas dentro del entorno penitenciario.

Lo que queda en evidencia es la urgente necesidad de reformar el sistema de monitoreo de las cárceles estatales. Una sugerencia que ha cobrado fuerza en el Congreso y entre organizaciones civiles es la instalación de comités independientes que supervisen todos los informes forenses generados tras una muerte intramuros. Otra es la exigencia de grabación continua e inviolable en las áreas donde haya interacción entre reclusos y personal de seguridad.

¿Dónde están los responsables?

Hasta el momento, ningún agente ha sido acusado formalmente en relación con las muertes de Odale o Walker. La fiscalía estatal se ha excusado en la falta de pruebas concluyentes, y las instituciones penitenciarias han evitado hacer comentarios públicos sobre los casos.

Pero las voces de los familiares siguen resonando. En palabras de la hija de Odale, de apenas 15 años: “Estábamos contando los días para volver a abrazarlo. En vez de eso, lo enterramos sin habernos podido despedir.”

El eco de esta frase se convierte en símbolo de un sistema que —como temen muchos— sigue fallando donde más debe proteger: en garantizar la vida y la integridad de quienes están bajo su custodia.

Casos como estos ponen en el punto de mira la verdadera naturaleza de la justicia penitenciaria en Estados Unidos, y nos enfrentan a una pregunta incómoda pero necesaria: ¿Es la prisión una condena privativa de libertad o una sentencia de muerte encubierta para los más vulnerables?