El golpe silencioso al Medicaid: Corte Suprema y Senado redefinen el acceso a la salud en EE. UU.

Una tormenta política sobre Medicaid y Planned Parenthood

En los últimos días, el sistema de salud pública de Estados Unidos ha sido objeto de una intensa discusión tanto en el Senado como en la Corte Suprema. Bajo el liderazgo del expresidente Donald Trump, los republicanos han impulsado un megapaquete fiscal que busca recortar significativamente el gasto público y reformar el Medicaid, a la vez que el máximo tribunal del país ha permitido que los estados bloqueen el financiamiento de Medicaid destinado a Planned Parenthood.

Estos hechos no solo evidencian la polarización ideológica que domina los debates sobre salud pública en EE. UU., sino que también implican consecuencias tangibles —y para muchos devastadoras— para millones de ciudadanos, particularmente en sectores vulnerables como niños, ancianos, personas con discapacidad y mujeres en zonas rurales.

La reforma fiscal de Trump y el freno del Senado

La propuesta fiscal promovida por Trump y los republicanos busca ahorrar miles de millones de dólares mediante un cambio en los impuestos aplicados a los proveedores de Medicaid, una estrategia aplicada por casi todos los estados para reforzar sus sistemas de salud y recuperar dinero federal.

Sin embargo, esta medida chocó con las reglas parlamentarias del Senado. La parlamentaria de la cámara alta —funcionaria no partidista encargada de validar la legalidad de los proyectos de ley según el reglamento legislativo— declaró que el mecanismo propuesto no cumple con los criterios establecidos. Esto obliga a los republicanos a modificar o eliminar esta parte del proyecto, o bien, enfrentarse a votar con una mayoría calificada de 60 votos, algo improbable en un Senado tan dividido.

El senador demócrata Ron Wyden fue tajante: esta reforma equivaldría a un recorte de hasta 250.000 millones de dólares para el Medicaid. “Recortes masivos que perjudican a niños, adultos mayores, personas con discapacidades y familias trabajadoras”, advirtió Wyden.

Un ataque indirecto a hospitales rurales

Uno de los efectos colaterales más alarmantes del plan es el impacto en los hospitales rurales. Estas instituciones dependen en gran medida del financiamiento que se genera con estas tasas, y diversas organizaciones médicas alertaron que la modificación podría llevar a la quiebra de muchos centros y a su eventual cierre.

En un intento por contener la disidencia interna, algunos republicanos propusieron crear un fondo de 15.000 millones de dólares para hospitales rurales, aunque otros senadores exigieron que este fondo se ampliara a 100.000 millones. La falta de consenso evidencia la tensión interna en el propio partido republicano.

Una llamada de Trump y la resistencia de los senadores

El senador Josh Hawley confesó haber hablado directamente con Trump, quien le habría sugerido volver a una versión más suave del plan, similar a la aprobada por la Cámara de Representantes, la cual congelaría las tasas actuales en lugar de recortarlas drásticamente.

Esto demuestra que ni siquiera dentro del Partido Republicano existe uniformidad sobre cómo recortar gastos sin dañar la infraestructura básica de salud pública.

La Corte Suprema y el golpe a Planned Parenthood

Simultáneamente, la Corte Suprema dio luz verde para que los estados bloqueen el financiamiento público a Planned Parenthood, un fallo crítico que redefine los límites de acceso a servicios de salud no relacionados con el aborto, como anticonceptivos, exámenes de cáncer y pruebas de embarazo.

El caso surgió en Carolina del Sur, donde el gobernador Henry McMaster presionó para cortar todo apoyo económico a la organización en 2018. Hasta ahora, los tribunales habían bloqueado la ejecución de esa política. Pero con el fallo de la Corte —por una mayoría de 6-3—, los estados tienen ahora el poder de negarle fondos a proveedores, incluso si los servicios ofrecidos son legales y esenciales para la población.

Un cambio legal para millones de pacientes

El fallo no se centró directamente en el aborto, sino en el derecho de los pacientes de Medicaid a elegir a su proveedor de atención médica. La justicia Ketanji Brown Jackson, en su opinión disidente, dijo que la decisión “probablemente resultará en daños tangibles a personas reales” y significará una pérdida de libertad personal muy íntima: decidir quién los trata en momentos de vulnerabilidad.

Esta negativa restringe el acceso especialmente en zonas rurales, donde hay pocos médicos que acepten Medicaid. En Carolina del Sur, se destinaban solo $90,000 anuales en fondos de Medicaid a Planned Parenthood, una suma ínfima dentro del gasto médico estatal total, pero fundamental como acceso para cientos de pacientes.

Una estrategia política de “guerra por etapas”

El ataque a Planned Parenthood forma parte de un movimiento más amplio por parte de los políticos republicanos para erosionar progresivamente los servicios de salud asociados con derechos sexuales y reproductivos. La misma organización advierte que, si se concreta la propuesta presupuestaria republicana, hasta 200 clínicas podrían cerrar, mayormente ubicadas en estados que todavía permiten el aborto legal.

Los analistas señalan que esta estrategia busca minar el acceso antes de intentar cambios más radicales como una nueva prohibición a nivel nacional.

El contexto: Una visión ideológica sobre la salud

• En EE. UU., 74 millones de personas estaban inscritas en Medicaid en 2023, lo que representa más del 22% de la población.
• El programa cubre sobre todo a niños, mujeres embarazadas, ancianos y personas con discapacidad.
• Una encuesta del Kaiser Family Foundation reveló que el 68% de los estadounidenses se oponen a cortar el acceso a fondos de Medicaid para Planned Parenthood.

Pese a estos datos, la corriente impulsada por sectores más conservadores prioriza el sentido de “responsabilidad fiscal” por encima del acceso universal a servicios de salud. Esto ha llevado a decisiones que, según expertos en salud pública, podrían generar consecuencias irreversibles para la infraestructura médica estatal y nacional.

¿Qué está en juego?

El acceso a servicios de atención de calidad para personas con bajos recursos y las personas más vulnerables es hoy un derecho en disputa. Los esfuerzos legislativos por parte del Congreso y las determinaciones judiciales de la Corte trabajan en conjunto (aunque desde frentes distintos) para debilitar un sistema ya frágil.

La pregunta es inevitable: ¿Está Estados Unidos renunciando a garantizar derechos fundamentales a nombre del ahorro presupuestario y la ideología?

Mientras los legisladores debaten presupuestos y tecnicismos parlamentarios, millones de personas dependen de servicios que les permiten detectar un cáncer a tiempo, evitar un embarazo de riesgo o simplemente acudir a una consulta. Y si algo ha demostrado esta oleada reformista, es que las personas más afectadas no serán quienes redactan ni aprueban esas leyes.