La batalla contra la diversidad: Alabama y el fin de la equidad en las aulas universitarias

En medio de una creciente oleada nacional de restricciones a los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), Alabama ha desatado una tormenta legal y académica con la promulgación de la SB129, una ley que prohíbe el financiamiento estatal a cualquier currículum que promueva ciertas ideas 'divisivas' sobre raza, género o religión.

El trasfondo de la ley SB129

La ley SB129 fue aprobada en 2023 como parte de una tendencia impulsada por legisladores republicanos para erradicar iniciativas DEI dentro de las universidades públicas. Inspirada en medidas similares adoptadas en estados como Florida, Texas y Carolina del Norte, la legislación de Alabama específicamente prohíbe que cualquier institución educativa estatal use fondos públicos para cursos o actividades que apoyen perspectivas consideradas 'divisivas'.

Entre estos conceptos se incluye la idea de que una persona debería sentir culpa por el color de su piel, su identidad de género o religión. La ley, no obstante, aclara que se pueden facilitar discusiones "objetivas" sobre estos mismos temas, aunque expertos señalan que esta cláusula ambigua alimenta la autocensura entre los docentes.

¿Qué dice la ley exactamente?

SB129 prohíbe expresamente a las universidades públicas:

• Enseñar o promover ocho conceptos identificados como 'divisivos', incluyendo que Estados Unidos es fundamentalmente racista, o que algún individuo debe sentir vergüenza o culpa por su raza.
• Utilizar fondos estatales para actividades que respalden estos conceptos.
• Imponer creencias específicas a los estudiantes como condición académica.

Las voces desde el campus: una comunidad en crisis

En respuesta a la implementación de esta ley, seis profesores y estudiantes de la Universidad de Alabama interpusieron una demanda en enero de 2024 contra la gobernadora Kay Ivey y la propia universidad. Entre ellos se encuentra Dana Patton, profesora de Ciencia Política y exdirectora de un programa de honores centrado en justicia social y servicio comunitario.

“Me sentí completamente impactada y sorprendida”, declaró Patton ante un tribunal federal. Tras la entrada en vigor de la ley en octubre pasado, Patton fue notificada por la administración universitaria de que se habían recibido cinco quejas de estudiantes que consideraban que su programa promovía el socialismo y se enfocaba en el racismo sistémico.

Más preocupante aún fue que, según el testimonio de Patton, estas quejas fueron impulsadas por una figura influyente en el Capitolio estatal. Una prueba más de la creciente intromisión política sobre el contenido académico.

El miedo al castigo y la autocensura institucional

La profesora Patton mencionó que, luego de estas presiones, eliminó contenido del curso y dejó de subir sus presentaciones académicas por temor a ser malinterpretada o sancionada. A este clima de intimidación se suma un encuentro con el representante republicano Danny Garrett, quien le sugirió que "necesitábamos compromiso" dada la presión política. Patton interpretó estas palabras como una amenaza velada.

Otro aspecto alarmante del impacto de la ley es la pérdida directa de oportunidades académicas para los estudiantes. Sydney Testman, estudiante de último año, perdió su beca porque esta estaba ligada a su trabajo en el Social Justice Advocacy Council, el cual fue disuelto por la ley. “Nadie quiere decir que esto afecta desproporcionadamente a personas negras”, comentó. “La sensación es que todos deben sobrevivir por su cuenta”.

¿Libertad académica o control estatal?

El núcleo del pleito legal gira en torno a dos cuestiones clave: la protección de la libertad de expresión según la Primera Enmienda y los límites de influencia del Estado en el diseño del currículo académico. La defensa presentó el argumento de que no ha habido despidos ni represalias formales, e incluso, que algunas organizaciones estudiantiles han recibido financiamiento privado para continuar operando. Pero ¿es suficiente para afirmar que no hubo daño?

Según los demandantes, sí ha existido un daño sustancial, aunque difícil de cuantificar: la autocensura, la pérdida de programas, el temor a represalias y la exclusión de voces. Todo esto, en instituciones donde la discusión crítica y la libertad de pensamiento deberían ser sagradas.

Un fenómeno nacional, no aislado

SB129 no es una anomalía. Estados como Florida, bajo el mandato de Ron DeSantis, han aprobado leyes parecidas. En 2022, esta tendencia cobró fuerza cuando el gobierno estatal de Florida prohibió la enseñanza de la denominada critical race theory en sus instituciones educativas. Otras universidades, como la Universidad de Texas o la de Carolina del Norte, han disuelto o reestructurado departamentos completos bajo esta lógica.

Para muchos críticos, estas decisiones reflejan una creciente politización ideológica de la educación superior. Históricamente, las universidades han sido espacios de discusión libre, incluso incómoda. Un informe del Pew Research Center (2023) reveló que el 58% de los profesores universitarios en EE. UU. se sienten presionados a moderar el contenido impartido por posibles repercusiones políticas o sociales.

¿Qué está en juego?

Para quienes defienden la ley, como algunos legisladores republicanos, la prioridad es asegurar que la enseñanza sea “neutral” y que los estudiantes no sean adoctrinados. Pero para los críticos, entre ellos defensores civiles, académicos y las propias comunidades estudiantiles minoritarias, la medida silencia experiencias históricas, reprime debates necesarios y pone en jaque la esencia misma del pensamiento crítico.

La NAACP, una de las organizaciones de derechos civiles más longevas del país, ha condenado este tipo de leyes por considerarlas “un retorno modernizado a la censura institucionalizada del periodo post-reconstrucción”.

Un precedente con implicaciones potenciales

El juez federal R. David Proctor tendrá que pronunciarse en las próximas semanas. Su fallo podría sentar jurisprudencia nacional: si se avala la ley, otros estados podrían sentirse envalentonados para replicarla. Si se declara inconstitucional, se abriría una ventana para reforzar la primera enmienda en el ámbito universitario.

Mientras tanto, en los pasillos de la Universidad de Alabama, reina la incertidumbre. Profesores ajustan sus programas. Estudiantes repiensan su participación en grupos estudiantiles. La vida académica, que debería florecer con la libertad de expresión y la diversidad de pensamiento, se encuentra en pausa, amordazada por una ley que pone en duda qué tipo de país quiere formar a las mentes del mañana.

Desde la abolición de la esclavitud hasta el movimiento por los derechos civiles, el sur de los Estados Unidos ha sido una región de lucha y resistencia. Hoy, una nueva batalla por la justicia racial y la educación libre se libra no en las calles, sino en los tribunales, las aulas y los pasillos del poder político.