¿Ciudadanía por nacimiento en peligro? Lo que hay detrás del fallo de la Corte Suprema de EE.UU.

El fallo que sacudió a la Corte Suprema

El pasado viernes, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo que podría cambiar profundamente la manera en que las decisiones de jueces individuales afectan a todo el país. En una votación dividida, el máximo tribunal determinó que los jueces carecen de autoridad para emitir amparos a nivel nacional, una decisión que, aunque aparentemente técnica, tiene implicaciones monumentales para las políticas controvertidas de la administración Trump, especialmente sobre la ciudadanía por nacimiento.

¿Qué es la ciudadanía por nacimiento?

Este principio, conocido como jus soli —“derecho del suelo”—, establece que todas las personas nacidas en Estados Unidos son automáticamente ciudadanas estadounidenses, sin importar el estatus migratorio de sus padres. Esta práctica está consagrada en la 14ª Enmienda de la Constitución, adoptada tras la Guerra Civil para garantizar la igualdad de derechos.

El caso más emblemático que cimentó esta interpretación es el de Estados Unidos v. Wong Kim Ark (1898). En él, la Corte determinó que un hombre nacido en San Francisco de padres chinos no ciudadanos tenía derecho a la ciudadanía, sentando un precedente duradero.

El intento de redefinir un derecho constitucional

Desde su primer día en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha cuestionado la interpretación tradicional de la 14ª Enmienda. Según su orden ejecutiva, los hijos nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados no deberían acceder automáticamente a la ciudadanía, argumentando que no están «bajo la jurisdicción» del país, como exige literalmente el texto constitucional.

Esta visión ha sido ampliamente rechazada por jueces federales y defensores de derechos civiles. No obstante, con el nuevo fallo del Tribunal Supremo, el camino para implementar esta política parece tener una apertura.

Trump vs. los tribunales federales

Una de las batallas más intensas entre la rama ejecutiva y el poder judicial en la era Trump ha sido el uso de injunctions (amparos judiciales) que tienen alcance nacional. Este tipo de medidas bloquean por completo políticas del gobierno, incluso cuando solo un estado o un grupo de demandantes han iniciado un juicio. La administración republicana, al igual que la de Biden, calificó este mecanismo como una extralimitación judicial.

La jueza Amy Coney Barrett, autora de la opinión mayoritaria, afirmó que los jueces deben ajustar sus órdenes para que solo afecten a los demandantes involucrados, y no al país entero. Aunque esta afirmación parece técnica, podría abrir la puerta a que políticas como la revocación de la ciudadanía por nacimiento entren en vigor, a menos que múltiples tribunales emitan fallos consistentes.

La disidencia de Sotomayor: una advertencia constitucional

Por otro lado, la jueza Sonia Sotomayor expresó una dura disidencia. Escribió que la decisión representa «una invitación abierta para que el gobierno burle la Constitución». Sotomayor advirtió que bajo esta nueva doctrina, una política potencialmente inconstitucional podría aplicarse ampliamente aunque haya sido impugnada por otras partes.

“Esta decisión abre una brecha peligrosa en la protección de los derechos individuales”, agregó, recordando que el propósito de la 14ª Enmienda fue, precisamente, otorgar ciudadanía sin ambigüedad a todos los nacidos bajo las leyes de Estados Unidos.

La historia de Kilmar Abrego Garcia: un reflejo del caos judicial

Una historia que encarna esta colisión entre política migratoria, sistema penal y derechos constitucionales es la de Kilmar Abrego Garcia, un trabajador de la construcción deportado por error a El Salvador, su país de origen, en 2023.

Después de una orden de la Corte Suprema y una fuerte presión pública, el gobierno de Trump lo repatrió para enfrentar una acusación de contrabando de personas. La defensa sostiene que los cargos son “preposterosos”, y que su caso fue usado como una herramienta política.

Una jueza federal de Nashville incluso acordó originalmente liberarlo mientras espera juicio, considerando que no es un riesgo de fuga ni una amenaza pública. Pero debido a las declaraciones contradictorias del Departamento de Justicia sobre su posible deportación, sus abogados pidieron anular la liberación, en una ironía legal sin precedentes.

La regla de oro del derecho estadounidense: precedentes y estabilidad

Desde la fundación del país, el sistema legal estadounidense se ha sustentado en la doctrina del stare decisis, es decir, respetar los precedentes establecidos. La intención no es solo mantener coherencia, sino también legitimar las decisiones pasadas como parte del contrato social entre ciudadanos y Estado.

La reinterpretación de la 14ª Enmienda abriría una caja de Pandora judicial, en la que los derechos previamente garantizados estarían sujetos a la visión del Ejecutivo y la interpretación de jurisdicciones aisladas.

Actualmente, Estados Unidos es uno de aproximadamente 30 países en el mundo que practican la ciudadanía por nacimiento, incluyendo a Canadá y México. El intento de restringir este derecho contrasta profundamente con los valores históricos de inclusión y prosperidad que la nación ha promovido.

El trasfondo político: elecciones y polarización

El momento del fallo no puede ser entendido en el vacío. Estas decisiones coinciden con un periodo de intensa actividad política, donde figuras como el empresario Nate Morris usan una retórica fuertemente antiinmigrante para posicionarse como el «verdadero candidato MAGA» en Kentucky, enfrentando incluso a aliados del veterano senador Mitch McConnell.

Morris, autoproclamado populista, ha abogado por una moratoria total en la inmigración hasta que se deporten a todos los indocumentados actuales, una postura alineada con la agenda radical migratoria de Trump. Su entrada en la contienda política representa el impacto directo que fallos legales pueden tener en la narrativa electoral.

¿Qué viene después?

Es evidente que el futuro de la ciudadanía por nacimiento y la aplicación de órdenes judiciales universales será definido en los tribunales inferiores primero, y eventualmente de nuevo por la Corte Suprema.

Por ahora, el efecto más inmediato es una fragmentación de criterios a nivel judicial, donde distintas cortes deciden a favor o en contra, pero sin capacidad nacional, dejando al país en un limbo legal. Esto podría llevar a que, dependiendo del estado en que nazca un niño hijo de inmigrantes, su derecho a la ciudadanía se vea amenazado de facto.

Además, alimenta el discurso de criminalización del inmigrante, como muestra el caso de Abrego Garcia, cuya detención prolongada parece obedecer más a una necesidad de espectáculo político que de justicia penal.

Una decisión que redefine el alcance del poder judicial

Por último, este fallo establece un precedente significativo: reorienta el equilibrio de poderes hacia el Ejecutivo y limita el alcance de los tribunales de frenar políticas dañinas o inconstitucionales con una sola orden judicial.

Es una puerta abierta no solo a la reinterpretación del derecho a la ciudadanía, sino a un nuevo tipo de jurisprudencia limitada territorialmente, que podría revivir fragmentaciones del pasado, donde los derechos dependían del estado donde uno vivía.

Como ciudadanos del siglo XXI, debemos preguntarnos: ¿queremos vivir en un país donde nuestra ciudadanía dependa del criterio de un burócrata o de la geografía? Esta lucha legal—y moral—apenas está comenzando.