California vs. las petroleras: ¿control de precios o freno a la transición energética?

Una ley polémica y una transición ambiciosa

En marzo de 2023, el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una ley histórica que daba a la Comisión de Energía de California (CEC) la capacidad de imponer sanciones financieras a las empresas petroleras cuyos beneficios excedieran ciertos límites, en un intento por controlar el aumento del precio de la gasolina en el estado.

Newsom celebró la ley declarando que “California finalmente ha vencido al gran petróleo”, en un claro posicionamiento contra una industria que ha dominado el mercado energético del estado durante más de un siglo.

Sin embargo, más de un año después, la comisión no ha impuesto ni una sola multa ni ha definido con claridad qué se considera una ganancia excesiva. En lugar de avanzar, el plan ha sido “pausado” por recomendación de Siva Gunda, vicepresidente del CEC.

¿Por qué se pausa la medida?

Gunda argumenta que el enfoque debe cambiar. En lugar de imponer sanciones sin criterio claro, recomienda priorizar políticas que promuevan un abastecimiento estable y económico de combustibles, sin desatender el objetivo de eliminar progresivamente los combustibles fósiles antes de 2045.

“Juntos, evolucionaremos la estrategia de California para eliminar exitosamente los combustibles de base petrolera antes de 2045, protegiendo a comunidades, trabajadores y consumidores”, escribió Gunda en una carta dirigida al gobernador.

No obstante, esta “pausa recomendada” aún debe ser aprobada por el pleno de la Comisión Energética.

El precio récord de la gasolina en California

California ostenta actualmente el precio de gasolina regular más alto de EE.UU., con un promedio de $4.61 por galón, notablemente por encima del promedio nacional de $3.20, según datos de la AAA (Asociación Americana del Automóvil).

¿La razón? No sólo se trata del margen de ganancia de las petroleras. El precio refleja también factores como:

• Altos impuestos estatales al combustible
• Regulaciones ambientales estrictas
• Requisitos de formulación únicos para la gasolina californiana
• Capacidad reducida de refinación

Además, los cierres anunciados de dos refinerías claves —Phillips 66 en el área de Los Ángeles y Valero en Benicia— han generado mayores preocupaciones sobre la estabilidad del suministro. Ambas representan más del 17% de la capacidad de refinación del estado.

La tensión entre sanciones y seguridad energética

Algunos críticos del plan de sanciones alertan que penalizar a las petroleras podría tener un efecto contraproducente, al agravar aún más los problemas de suministro y elevar los costos logísticos, trasladando mayores precios a los consumidores.

“El impuesto no controlará los precios. Hará exactamente lo contrario”, declaró Catherine Reheis-Boyd, presidenta de la Asociación de Petróleo del Oeste.

Por otro lado, defensores ambientales y grupos de consumidores rechazan rotundamente la decisión de pausar la medida. En una carta enviada a Newsom, más de 50 organizaciones lo instan a “terminar el trabajo”, acusando a las petroleras de manipular el mercado.

“Los refinadores de petróleo de California no necesitan un rescate. Necesitamos reglas claras para evitar la especulación y las ganancias extremas en momentos de crisis.”

¿Castigar o reformar el mercado?

Más allá de los castigos, la propuesta de la CEC incluye medidas nuevas con implicaciones regulatorias importantes, como la creación de requisitos mínimos de reserva de gasolina para refinerías. Esto busca evitar escasez de oferta durante mantenimientos técnicos u otras eventualidades.

La idea surgió de una ley aprobada en 2023 tras una sesión especial legislativa convocada por Newsom para combatir picos impredecibles en los precios de la gasolina.

En abril de este año, Newsom volvió a dar instrucciones a la comisión energética y refinadoras para que desarrollaran estrategias conjuntas que aseguren el abastecimiento en la fase de transición hacia fuentes limpias de energía.

Entre dos mundos: transición ecológica versus dependencia inmediata

Mientras California se erige como líder en política ambiental a nivel nacional —con objetivos como prohibir la venta de autos de combustión interna para 2035—, su realidad energética actual sigue siendo profundamente petrolera.

En 2022, el consumo de gasolina en California fue de 13.8 mil millones de galones, lo que representa aproximadamente el 10% del consumo nacional, según la U.S. Energy Information Administration.

A pesar de los avances en energía solar, transporte eléctrico y eficiencia, cerca del 90% del combustible usado en transporte en el estado sigue siendo fósil. Y la infraestructura para una transición total aún no está lista.

Esto plantea un dilema: ¿cómo desincentivar el uso de petróleo sin poner en peligro el acceso inmediato al combustible y sin lastimar a los consumidores de bajos ingresos?

Un vistazo al futuro: ¿puede California sobrevivir sin petróleo?

La hoja de ruta de Newsom es ambiciosa: lograr una economía 100% libre de carbono para 2045. Se prevé que para lograrlo, se tendrán que electrificar totalmente los medios de transporte, ampliar la energía solar y eólica, eliminar subsidios a los combustibles fósiles y modernizar la red eléctrica estatal.

Pero la transición no es sólo tecnológica. También es estratégica, económica y social. Requiere cerrar las brechas entre sectores, concertar con trabajadores del petróleo, modernizar refinerías o reconvertirlas, capacitar mano de obra y garantizar que los hogares no sufran aumentos en servicios básicos.

“California es el futuro energético de Estados Unidos”, dijo Newsom recientemente. “Pero el camino hacia ese futuro deberá evitar atajos que perjudiquen a las personas. No podemos dejar atrás a nuestras comunidades”.

¿Qué sigue?

La pausa recomendada por la CEC marca un punto de inflexión. No es la cancelación del plan, pero sí un cambio de lógica: de castigo a reforma estructural.

De momentum político a enfoque técnico. De eslogan electoral a transformación gradual.

De momento, la gobernación dice que evaluará la recomendación y “seguirá impulsando soluciones que garanticen un suministro seguro, asequible y fiable de combustibles de transporte”.

La pregunta que queda en el aire es si este nuevo enfoque sabrá mantener el equilibrio entre protección al consumidor, estabilidad energética y transición ecológica, o si sólo postergará una decisión inevitable.