Ciudadanía por nacimiento y el fin del TPS: el nuevo frente de la política migratoria de Trump

Trump, la ciudadanía por nacimiento y la reinterpretación constitucional

Una de las piedras angulares de la ciudadanía estadounidense ha sido, durante más de un siglo, el principio de ciudadanía por nacimiento: cualquier persona nacida en territorio estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres, tiene el derecho automático a ser ciudadano. Esta política se basa en la Enmienda 14 de la Constitución, adoptada en 1868 tras la Guerra Civil, que afirma:

“Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de los Estados Unidos y del estado en que residen.”

Esta declaración fue reforzada por el caso United States v. Wong Kim Ark de 1898, donde la Corte Suprema confirmó que un hombre nacido en San Francisco de padres chinos (quienes no eran ciudadanos estadounidenses ni residentes legales) tenía derecho a la ciudadanía.

Sin embargo, durante su mandato y más recientemente, Donald Trump ha intentado desmantelar ese principio mediante una orden ejecutiva que limita ese derecho a los hijos de ciudadanos y residentes legales, excluyendo a quienes están en el país de forma temporal o sin documentos. Aunque esa propuesta fue bloqueada por cortes federales, la disputa aún sigue viva judicialmente.

La batalla judicial: ¿protección constitucional o magnetismo migratorio?

Trump ha justificado su ofensiva argumentando que la ciudadanía por nacimiento actúa como un “imán para la inmigración ilegal”, lo que ha causado una profunda polarización nacional. Sus adversarios legales señalan que el texto constitucional es claro y que los intentos por reinterpretarlo son inconstitucionales. Varios jueces federales han catalogado la orden de Trump como “flagrantemente ilegal”.

El juez federal John Coughenour dijo en una audiencia en Seattle: “He estado en la bancada por más de cuatro décadas. No recuerdo otro caso con una pregunta legal tan clara. Esta orden es inconstitucional en todos los sentidos.”

Por su parte, la jueza Deborah Boardman en Maryland escribió que “ninguna corte en este país ha aceptado jamás la interpretación restrictiva de Trump”.

El debate gira en torno a las palabras “jurisdicción de” presentes en la Enmienda 14, que Trump y sus asesores sostienen que les permite excluir a ciertos niños del derecho a la ciudadanía. No obstante, expertos legales coinciden en que tal lectura ya fue rechazada por la Corte Suprema hace más de un siglo.

¿Qué significa la decisión reciente de la Corte Suprema?

La Corte Suprema no se pronunció directamente sobre la constitucionalidad de la orden de Trump, sino sobre el alcance de las medidas judiciales que pueden impedir su aplicación. En su fallo, limitó el uso de cautelares nacionales, lo cual impide que un solo juez detenga políticas en todo el país.

Esto representa un revés para los activistas migratorios, pues complica la defensa legal de grupos vulnerables. A pesar de ello, la Corte devolvió el caso a los tribunales inferiores, dejando espacio para que los jueces otorguen protección a través de demandas colectivas. Ya se han presentado dos demandas colectivas en Maryland y New Hampshire, buscando bloquear la política.

Sonia Sotomayor y la advertencia sobre el caos legal

La jueza Sonia Sotomayor, en su voto disidente, advirtió que sin prohibiciones nacionales habrá una “fragmentación legal” en los 50 estados, con derechos en algunos territorios y negaciones en otros. Según sus palabras:

“El tribunal debe actuar con rapidez ante políticas tan abiertamente ilegales y dañinas como la orden de Ciudadanía.”

Krish O’Mara Vignarajah, directora ejecutiva de Global Refuge, expresó que “negar a los tribunales la capacidad de proteger uniformemente un derecho básico genera temor, desigualdad y una invitación al caos”.

El caso de los haitianos: entre TPS y la pesadilla del retorno

La administración Trump también ha atacado otra política migratoria fundamental: el Estatuto de Protección Temporal (TPS). Este programa permite a personas de países en crisis (guerras, desastres naturales, crisis estatales) permanecer en EE. UU. y trabajar legalmente.

Recientemente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el fin del TPS para más de 500,000 haitianos. Muchos de ellos han vivido durante más de una década en EE. UU., trabajando y formando familias, ahora enfrentan la posibilidad de ser deportados a un país en grave crisis humanitaria.

Paradójicamente, aunque el DHS considera que las condiciones han “mejorado” en Haití, el Departamento de Estado mantiene su aviso de “no viaje” al país caribeño, citando secuestros, crímenes y falta de servicios básicos.

El costo humano: el caso de Frantz Desir

Frantz Desir, de 36 años, llegó a EE.UU. en 2022 y está esperando una audiencia de asilo que fue aplazada hasta 2028. Vive y trabaja en Springfield, Ohio, junto a su esposa e hijos:

“Veo a compañeros que iban a trabajar cada día y de repente ya no pueden. No están enfermos ni despedidos. Simplemente ya no pueden trabajar. Y empiezo a preguntarme: ‘¿seré el próximo?’”, relata Desir.

Organizaciones como Florida Immigrant Coalition han advertido que forzar retornos a Haití en las circunstancias actuales es equivalente a “una sentencia de muerte”.

Una estrategia contra la migración multilateral

Estas decisiones no son aisladas. Forman parte de una estrategia de Trump para restringir la inmigración en múltiples frentes. Además del fin del TPS para Haití, su administración ha revocado programas similares para personas de Afganistán, Venezuela, El Salvador y otros 14 países.

Durante su campaña, Trump prometió acabar con el TPS, asegurando que más de un millón de extranjeros serían afectados. Incluso llegó a utilizar afirmaciones racistas sin fundamento, como asegurar que inmigrantes haitianos en Ohio “comían las mascotas de sus vecinos”.

En palabras de un vocero del DHS: “Esta decisión restaura la integridad del sistema migratorio. El TPS debe ser verdaderamente temporal.”

Sin embargo, el informe más reciente de OIM alerta que 1.3 millones de personas han sido desplazadas en Haití por la violencia de pandillas desde diciembre, evidenciando que no hay condiciones seguras para el retorno.

¿Qué sigue para la ciudadanía por nacimiento?

Mientras el fallo de la Corte Suprema no resuelve el fondo del asunto, el futuro de la ciudadanía por nacimiento seguiría en manos de los tribunales inferiores. Pero en un país ya polarizado ideológica y judicialmente, el riesgo de interpretaciones contradictorias a nivel estatal podría comprometer uno de los principios más estables y justos del sistema legal estadounidense.

En medio de este panorama, organizaciones proinmigrantes, académicos y líderes políticos advierten que el intento de redefinir la Enmienda 14 implica un precedente peligroso, no solo para los hijos de inmigrantes, sino para todo el equilibrio constitucional del país.

“La ciudadanía por nacimiento no es un regalo para los inmigrantes. Es un compromiso de este país con la igualdad y la inclusión”, concluye Vignarajah.