El silencio bajo inspección: cómo Hong Kong está disciplinando la disidencia a través de los negocios

Un nuevo frente en la represión: el comercio minorista

En Hong Kong, la represión contra la disidencia ya no se manifiesta exclusivamente en protestas callejeras ni en juicios mediáticos. La opresión política se trasladó ahora a los restaurantes, librerías y pastelerías, donde antiguos activistas pro-democracia están siendo enfrentados con inspecciones continuas, amenazas de cancelación de licencias y una cultura de denuncias anónimas que los excluye silenciosamente del tejido social y empresarial.

Trasfondo: del estallido social a la “estabilidad” autoritaria

Los disturbios masivos de 2019, motivados por una ley de extradición ya archivada, encendieron la mecha de la mayor movilización ciudadana desde el traspaso del territorio a China en 1997. Como respuesta, en 2020, Pekín impuso una Ley de Seguridad Nacional que reformuló la vida política y civil en Hong Kong: medios de comunicación cerrados, líderes encarcelados y partidos disueltos.

Desde entonces, según cifras emitidas por el propio Jefe Ejecutivo de Hong Kong, al menos 332 personas han sido detenidas por cargos vinculados a esta ley. A pesar de representar sólo un 0,2% de las detenciones anuales en la región, estos arrestos se dirigen fundamentalmente a opositores visibles, cuya función crítica en la sociedad es esencial para una democracia funcional.

Inspecciones: la herramienta silenciosa de intimidación

Leticia Wong, exconsejera de distrito y actual propietaria de una librería, ha documentado 92 acciones gubernamentales contra su negocio entre julio de 2022 y junio de 2025. Las infracciones alegadas por las autoridades van desde extinguidoras sin certificado válido hasta presuntas «violaciones administrativas» al realizar eventos sin licencia.

“Algunas cosas parecen triviales —y realmente lo son— pero aún así tienen el poder de hacerte enfrentar consecuencias.”, afirma Wong.

Los datos muestran que negocios que colocaron decoraciones pro-democracia en 2019, por ejemplo, ahora enfrentan inspecciones mensuales en lugar de trimestrales. Aunque las inspecciones se justifican como reacciones a “quejas ciudadanas”, existe consenso entre los afectados de que son de naturaleza política.

Nuevas condiciones para perder la licencia

En 2024, se aprobó una segunda Ley de Seguridad Nacional, esta vez local. Las autoridades hicieron llegar cartas a restaurantes advirtiendo que sus licencias podrían ser revocadas si el gobierno considera que sus acciones afectan la seguridad nacional o el interés público.

Este criterio es sumamente ambiguo, lo que ha provocado temor entre los dueños de negocios. Uno de ellos, quien prefirió el anonimato por miedo a represalias, declaró: “No sé qué podría considerarse una violación. Un simple paso en falso podría costarle el trabajo a todo mi equipo.”

Un ecosistema de denuncias: la cultura del miedo

La situación no se limita a las inspecciones. Varios afectados han denunciado que cartas anónimas han hecho perder alianzas comerciales, proyectos culturales y hasta lugares para reuniones sociales. El caso de Wong lo ilustra: perdió una reserva cuando el organizador recibió una carta anónima con advertencias contra su librería.

Su casero recibió correspondencia con contenido similar. Y una organización que la había contratado como colaboradora canceló su relación con ella tras recibir presiones externas. En palabras de Wong: “Siento que esta sociedad desde el propio sistema institucional trabaja muy duro para rechazarme y hacerme la vida imposible.”

La vigilancia también alcanza a la cultura y la educación

Otra exconsejera, Chan Kim-kam, perdió su puesto como profesora de Sociología tras la recepción de una carta de denuncia en caracteres chinos simplificados —comúnmente usados en China continental—, en la que se citaba su detención del año anterior, aunque no fue procesada judicialmente.

Su participación en un grupo de teatro fue impedida cuando el Departamento de Servicios Culturales amenazó con retirar el apoyo al grupo si no la reemplazaban. Ella resume la consecuencia social de este sistema de vigilancia ciudadana: “Cuando la cultura de la delación se intensifica, destruye la confianza entre las personas.”

Una legalidad decorativa

Desde la administración de John Lee, la narrativa oficial apunta a que la ley se aplica sólo a una minoría y que permite preservar el estado de derecho. Pero expertos como Eric Lai, investigador del Centro de Derecho Asiático de Georgetown, advierten que lo que impera en realidad es la “gobernanza por hombres”, no por leyes.

Lai señala paralelismos con el proceder represivo de China continental, donde la ley sirve como herramienta de encubrimiento de la persecución. “Esto le dice al mundo que el llamado estado de derecho en Hong Kong es sólo una fachada.”

Esta crítica se ve respaldada por extensión normativa: incluso empleados de limpieza pública han sido instruidos para denunciar cualquier mensaje que consideren subversivo, según declaraciones del Secretario de Seguridad, Chris Tang.

Un legado roto: partidos y movimientos se desintegran

El histórico partido prodemocrático League of Social Democrats anunció su disolución el 30 de junio de 2025, sólo meses después de que su contraparte de mayor presencia también cerrara sus puertas. La presidenta Chan Po-ying, quebrada en lágrimas, comentó que la decisión obedecía a la enorme presión política y el temor por la integridad de sus miembros.

Este desenlace golpea directamente a uno de los espacios más emblemáticos de participación civil en la ciudad. Como dijo la líder al anunciar la disolución: “En el pasado, el gobierno decía que apuntaba a una pequeña porción de personas. Ahora, eso incluye a todo tipo de gente en Hong Kong, incluso residentes comunes.”

Hostigamiento detrás del negocio: un patrón autoritario

• Entre 2022 y 2025, algunos comercios han sido inspeccionados más de 70 veces por distintas dependencias.
• Con la nueva ley local de seguridad, decenas de negocios reciben advertencias de que sus licencias podrían ser revocadas por razones políticas.
• Las denuncias anónimas se utilizan para anular contrataciones, colaboraciones culturales e incluso alquileres de locales.

Las autoridades afirman que todas las medidas son legales y se basan en información pública o quejas. Pero los afectados denuncian una instrumentalización del aparato estatal para eliminar cualquier vestigio de oposición.

Reflexión final: ¿Represión administrativa o censura institucionalizada?

El caso de Hong Kong es una muestra clara de cómo un marco legal aparentemente legítimo puede usarse para ejercer control y silenciar voces, sin necesidad de arrestos visibles ni violencia explícita. La nueva etapa de represión no se libra en plazas ni parlamentos, sino en cocinas, bibliotecas y oficinas administrativas.

Cuando cuestionar al poder se paga con inspecciones, pérdida de empleo o aislamiento social, la ciudad se aleja rápidamente del ideal de sociedad libre y pluralista que alguna vez representó para Asia.