El asalto de Trump sobre las bases democráticas: ciudadanía, Cuba y el voto por correo bajo ataque

Trump y su nueva ofensiva hacia Cuba: ¿Vuelta al embargo total?

El expresidente Donald Trump ha reactivado el enfoque de línea dura hacia Cuba, una estrategia que muchos califican como un regreso al pasado. Según un memorando reciente, ordenó a sus secretarios de gabinete revisar la política estadounidense hacia la isla en un plazo de 30 días, enfocándose en endurecer sanciones, restringir el turismo y limitar las transacciones financieras que beneficien al régimen cubano.

Esta nueva arremetida incluye la posibilidad de cerrar completamente el turismo a Cuba, un cambio sustancial respecto a las políticas de acercamiento impulsadas por Barack Obama y, en menor medida, por Joe Biden. El objetivo: asfixiar económicamente a un gobierno acusado de violar derechos humanos y reprimir a los disidentes.

No es un cambio menor. Desde la Revolución Cubana en 1959, las relaciones diplomáticas entre ambos países han sido una fuente continua de tensiones geopolíticas. Tras la apertura de la embajada estadounidense en La Habana en 2015, se esperaba una etapa de deshielo. Pero con Trump, esos avances parecen haber quedado en el pasado.

La ciudadanía por nacimiento bajo fuego: ¿una reinterpretación de la 14ª Enmienda?

En una movida aún más polémica, Trump ha emitido una orden ejecutiva para restringir el principio de ius soli, que otorga automáticamente la ciudadanía a cualquier persona nacida en suelo estadounidense, incluso si sus padres se encuentran en el país de forma ilegal o temporal.

La propuesta ha generado un aluvión de demandas en varias jurisdicciones. En un reciente juicio en Maryland, la jueza Deborah Boardman cuestionó directamente al Departamento de Justicia sobre si el gobierno intentaría deportar recién nacidos. La respuesta del abogado fue evasiva, señalando que aún se estaban desarrollando las guías para implementar la orden.

El principio de ciudadanía por nacimiento está protegido por la 14ª Enmienda de la Constitución, ratificada en 1868 tras la Guerra Civil, con el objetivo de garantizar derechos plenos a los exesclavos y sus descendientes. Solo cerca de 30 países en el mundo reconocen este derecho.

“Estamos hablando de bebés ciudadanos estadounidenses nacidos en este país. Cualquier intento de deportación o privación de derechos es simplemente inaceptable desde el punto de vista constitucional”, declaró Matt Platkin, fiscal general de Nueva Jersey.

El Tribunal Supremo se ha mostrado dividido. En una decisión reciente, suspendió la implementación de la medida por 30 días, dando margen a los tribunales inferiores para determinar su alcance. Sin embargo, la interpretación final y su constitucionalidad probablemente acabarán en manos de la propia Corte Suprema.

La guerra contra el voto por correo: cifras que contradicen los discursos

Desde su derrota en las elecciones de 2020, Trump ha lanzado ataques constantes contra el voto por correo, alegando sin pruebas que ese método es una puerta abierta al fraude electoral. No obstante, un informe reciente de la Comisión de Asistencia Electoral de EE.UU. refuta categóricamente esa narrativa.

En las elecciones presidenciales de 2024, aproximadamente el 30% de los votantes utilizó el voto por correo. Aunque se redujo en comparación con el 43% registrado durante la pandemia en 2020, sigue siendo una cifra muy superior al promedio pre-COVID, que rondaba el 25%.

Curiosamente, muchos estados republicanos, como Utah, Indiana y Dakota del Sur, aumentaron sus tasas de voto por correo respecto a 2020. Asimismo, estados como California y Nevada mostraron incrementos significativos en el uso de urnas de depósito para boletas enviadas por correo.

“Una vez que los votantes prueban métodos alternativos, como el voto anticipado o por correo, suelen continuar utilizándolos”, señaló David Levine, del Centro de Democracia y Compromiso Cívico de la Universidad de Maryland.

Pese a la falta de evidencias de fraude, Trump ha firmado una orden ejecutiva que exige que todos los votos sean recibidos antes del cierre oficial de las urnas el día de la elección, un cambio que afecta directamente a 18 estados y a Puerto Rico, donde se permite que lleguen votos después siempre que estén matasellados a tiempo.

Los estados de Oregón y Washington, los cuales extienden su sistema electoral casi exclusivamente mediante voto por correo, han interpuesto una demanda contra esta orden, preocupados de que decenas de miles de votos sean desechados injustamente.

El nuevo frente electoral: ¿200.000 votos en peligro?

La preocupación está respaldada por cifras contundentes: según el secretario de Estado de Washington, Steve Hobbs, más de 300,000 boletas llegaron después del Día de la Elección en su estado en 2024. De aprobarse la nueva orden, todas podrían ser invalidadas, incluso si cumplieron con los requisitos legales previos.

El informe también reveló que el voto anticipado en persona creció del 29% en 2020 a un 35% en 2024. Por otro lado, el porcentaje de quienes votaron específicamente el Día de la Elección cayó al 37%, confirmando la evolución hacia métodos más flexibles y accesibles.

A pesar de ello, varios estados gobernados por republicanos han comenzado campañas para restringir o eliminar el uso de urnas de depósito, alegando riesgos de seguridad que nunca han sido comprobados. Sin embargo, en los 21 estados que autorizaron su uso, se emitieron casi 15 millones de votos por ese medio, lo que representa el 45% del total de boletas enviadas por correo.

Una estrategia política con trasfondo electoral

Detrás de estos múltiples frentes de batalla que ha abierto el expresidente Trump hay una estrategia política clara: movilizar a su base más radical, apelando a la retórica del nacionalismo, el orden y la “protección del sistema electoral”. El miedo a la inmigración masiva, la desconfianza en el correo y la retórica anti-Cuba encajan perfectamente en este discurso.

Desde conspiraciones sobre votaciones manipuladas hasta órdenes ejecutivas que desafían abiertamente el orden constitucional, Trump redibuja los límites de lo posible en la política estadounidense. Y lo hace mientras legitima discursos extremistas que estaban al margen del debate institucional hace apenas una década.

El resultado es un país a la defensiva, donde derechos que parecían intocables, como el voto por correo o la ciudadanía por nacimiento, ahora requieren defensa activa en los tribunales y en la opinión pública.

¿Qué está en juego?

• Acceso libre y seguro al voto: las nuevas restricciones podrían dejar sin voz a millones de ciudadanos.
• Ciudadanía constitucional: en juego está una de las piedras fundacionales del federalismo estadounidense posguerra civil.
• Relación con Cuba: se aleja nuevamente la posibilidad de un diálogo diplomático moderno y beneficioso para ambos pueblos.

En todos los casos, Trump apuesta por una visión restrictiva, austera y nacionalista del futuro estadounidense. Si los múltiples frentes legales abiertos frenarán o permitirán este reordenamiento institucional, es algo que solo el tiempo y las urnas podrán dirimir.