Jorge Glas y la corrupción tras el terremoto en Ecuador: un símbolo del desprecio al dolor ajeno

Una tragedia nacional convertida en botín político

El 16 de abril de 2016, un devastador terremoto de magnitud 7.8 sacudió Ecuador, especialmente las provincias de Manabí y Esmeraldas, cobrando la vida de más de 670 personas y dejando incalculables daños materiales en comunidades ya golpeadas por la pobreza. El país entero se unió en ese entonces bajo un mismo clamor: reconstrucción, auxilio, justicia.

Sin embargo, casi una década después, la voz que resuena no es la de la esperanza, sino la de la indignación. Jorge Glas, entonces vicepresidente de la República y figura clave del correísmo, ha sido condenado a 13 años de prisión por malversación de fondos públicos destinados precisamente a las tareas de reconstrucción post-sismo.

Esta nueva sentencia se suma a una lista que lo consolida como emblema de la corrupción en Ecuador. Ya encarcelado por dos casos más de malversación y cohecho —uno de ellos vinculado al escándalo de Odebrecht—, Glas representa en muchos sentidos la traición a una nación herida.

Edificaciones inútiles, víctimas olvidadas

De acuerdo con la jueza Mercedes Caicedo, quien sentenció al ex vicepresidente, los fondos destinados a reconstruir las zonas afectadas por el sismo fueron desviados a “obras inútiles, inservibles e innecesarias”, adicionando que se ejecutaron sin criterio técnico, “desconociendo la ley y, sobre todo, con un completo irrespeto hacia las víctimas.”

Este testimonio judicial evidencia, más allá de la ilegalidad, un profundo desprecio moral. La tragedia, el sufrimiento humano y la pérdida de vidas fueron instrumentalizados para beneficio político y económico.

Una cadena de escándalos: Odebrecht, correísmo y la caída de Glas

Glas llegó a la vicepresidencia en 2013 durante la segunda presidencia de Rafael Correa, uno de los líderes más polarizantes del progresismo latinoamericano. Si bien su figura comenzaba a tambalear tras las primeras denuncias, no fue sino hasta 2018, cuando fue cesado tras ser procesado por corrupción en el caso Odebrecht, que cayó del poder formalmente. Desde entonces, el cerco se ha ido cerrando.

En abril de 2024, la controversia escaló a un nivel internacional cuando Glas fue capturado dentro de la embajada de México en Quito, a donde había acudido para solicitar asilo. La policía ecuatoriana irrumpió la sede diplomática, alegando que se trataba de un prófugo de la justicia. Este acto provocó el repudio de gobiernos de todo el mundo, ya que viola el principio de inviolabilidad de las embajadas establecido en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Embajada de México: ¿protección o provocación?

El asilo otorgado por el gobierno mexicano al ex vicepresidente Glas fue interpretado por Ecuador como una “interferencia política”, mientras que para México y varios foros internacionales representaba una figura legítima de protección diplomática.

La respuesta del gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa fue contundente: ninguna inmunidad diplomática puede proteger a un personaje condenado y buscado por delitos comunes. Esta decisión escaló el conflicto diplomático entre ambas naciones, que rompieron relaciones por varias semanas.

El precio de la impunidad: ¿cuánto costó la corrupción?

De acuerdo con el fallo judicial, además de la condena privativa de libertad, Glas deberá pagar una multa de $28.800 dólares —una cifra simbólicamente baja si se compara con los cientos de millones de dólares que se manejaban como fondos de emergencia para la reconstrucción.

Según informes oficiales de 2017, más de $3.000 millones de dólares fueron asignados a tareas de reconstrucción tras el terremoto. Sin embargo, hasta hoy, se desconoce el uso eficaz de una parte significativa de ese monto. En algunas zonas todavía hay familias viviendo en albergues temporales.

Glas: de portavoz del desarrollo a mártir del correísmo

A lo largo del proceso judicial, el ex vicepresidente ha adoptado una narrativa de persecución política. Sus simpatizantes, muchos aún alineados con el correísmo, lo consideran un “perseguido del Estado” y un mártir del neoliberalismo.

No obstante, los hechos, sentencias y pruebas documentales contrastan con ese discurso. Tres sentencias por corrupción, una captura en la embajada, y cientos de millones desviados no sustentan precisamente una imagen de inocencia.

La figura de Glas simboliza, para muchos, el peor rostro de una política que utiliza a los pobres para enriquecerse y luego los olvida.

Latinoamérica y la enfermedad del oportunismo tras la tragedia

El caso de Jorge Glas no es aislado en la región. Desde Haití hasta México, pasando por Colombia y Perú, las emergencias causadas por desastres naturales se han convertido en oportunidades para enriquecer a contratistas, políticos y testaferros.

• En Haití, tras el terremoto de 2010, más del 60% de la ayuda internacional destinada a reconstrucción nunca se ejecutó adecuadamente (NYTimes).
• En México, tras los sismos de 2017, múltiples organizaciones denunciaron graves omisiones y desvíos en el Fonden, el fideicomiso federal para desastres.
• En Perú, durante las inundaciones de 2017, se reportaron contratos fantasmas por más de $500 millones.

Estos ejemplos muestran un patrón sistemático: el desastre como herramienta del cinismo político.

¿Y las víctimas?

Quizás el aspecto más perturbador del caso Glas no sea el dinero perdido, sino las vidas que no pudieron recuperarse por falta de hospitales, escuelas reconstruidas o viviendas adaptadas. Ese costo no aparece en sentencias ni en auditorías. Permanece en el silencio de comunidades desplazadas, en las fotos de niños asistiendo a clases en carpas improvisadas, en ancianos sin centros de salud.

¿Cómo se mide el daño moral causado por un político que vio en el dolor una oportunidad de negocio?

Un futuro sin justicia selectiva

Pese a las múltiples condenas, sectores del correísmo presionan para que Glas recupere su libertad. La sociedad civil y organismos internacionales deben exigir que este tipo de delitos no queden en la impunidad ni se utilicen como armas propagandísticas.

La sentencia dictada por la jueza Caicedo sienta un precedente importante: nadie está por encima del dolor de un país, ni siquiera quienes alguna vez lo representaron desde las más altas esferas del poder.

Hace falta ahora que esa promesa de justicia no se agote en una condena individual, sino en una transformación estructural. Ecuador —como tantos otros países de la región— no necesita más mártires ni próceres de la impunidad. Necesita memoria, reparación y transparencia.