La balanza rota: la crisis judicial en Irak y la frágil independencia del poder judicial

El terremoto judicial en Irak

La renuncia de nueve jueces del Tribunal Supremo Federal de Irak no solo sacudió las estructuras del poder judicial del país, también puso al descubierto las crecientes tensiones entre el poder político y los garantes de la Constitución. Esta salida, que amenazaba con desencadenar una crisis constitucional de gran alcance, solo encontró alivio temporal con la jubilación del presidente del tribunal, el juez Jassim Mohammed Abboud Al-Amiri —citado oficialmente por "razones de salud"— y el nombramiento posterior de Mundher Ibrahim Hussein como su sucesor.

Una institución desgastada por las presiones políticas

La Corte Suprema iraquí ha estado en el centro de múltiples controversias en los últimos meses, cuestionada por decisiones que muchos interpretan como demasiado cercanas a los intereses de ciertos bloques políticos. La destitución del presidente del Parlamento, Mohammed Al-Halbousi, en noviembre de 2023, fue uno de los detonantes de esta percepción, especialmente por tratarse de un destacado líder suní. El acontecimiento desató una tormenta política difícil de contener.

Pero esta decisión no fue la única. Varios fallos polémicos tomados entre 2023 y 2024 han puesto a la Corte bajo fuego, desde revocar impugnaciones contra leyes aprobadas por el Parlamento hasta fallos polémicos sobre acuerdos internacionales.

Leyes bajo la lupa: el impacto sobre los derechos civiles

En febrero, la Corte anuló objeciones legales contra tres leyes abiertamente conflictivas:

• Una enmienda a la ley de estatuto personal, que amplía la jurisdicción de las cortes islámicas sobre asuntos familiares, con consecuencias directas para los derechos de las mujeres.
• Una ley de amnistía general, que permitiría la liberación de individuos acusados por corrupción, malversación de fondos públicos e incluso crímenes de guerra.
• Una ley de restitución de tierras confiscadas a kurdos bajo el régimen de Saddam Hussein. Aunque parece un acto de justicia histórica, hay preocupaciones crecientes sobre el desplazamiento de comunidades árabes que hoy habitan esos territorios.

El Parlamento aprobó las tres leyes en una sola votación colectiva, práctica que fue impugnada ante la Corte, pues contraviene los procedimientos legislativos estándar.

El caso Khor Abdullah: una crisis regional

La polémica no ha sido exclusivamente doméstica. La Corte también revocó un tratado marítimo con Kuwait sobre la navegación en el canal Khor Abdullah, lo que desató una verdadera crisis diplomática en la región del Golfo. El acuerdo, previamente negociado y aceptado por ambos países, fue anulado por el tribunal, lo que provocó protestas de líderes kuwaitíes y una respuesta crítica desde altos cargos del gobierno iraquí, incluido el presidente Abdul Latif Rashid y el primer ministro Mohammed Shia al-Sudani.

La decisión también encendió las alertas respecto a la independencia del poder judicial en temas clave de política exterior y reafirmó la desconfianza hacia las motivaciones de la Corte Suprema, percibida por muchos como influenciada por actores del Ejecutivo o por alianzas sectoriales del Parlamento.

El conflicto entre cortes: Suprema vs. Casación

A medida que se acumulaban las decisiones polémicas, el presidente saliente de la Corte, Jassim al-Amiri, presentó dos peticiones formales al presidente de la República y al Parlamento solicitando convocar al coalición de Administración Estatal —el bloque gobernante— para discutir el creciente desacuerdo entre las resoluciones de la Corte Suprema y las de la Corte de Casación. Este conflicto interno dentro del aparato judicial señalaba una fractura peligrosa en el sistema de pesos y contrapesos.

Ambas solicitudes fueron rechazadas, evidenciando no solo un desencuentro institucional, sino también una falta de voluntad política para atender las señales de alarma dentro del sistema judicial.

La dimisión que pudo abrir un vacío constitucional

La renuncia de los nueve jueces tenía el potencial de colapsar la funcionalidad operativa del tribunal más importante del país. En palabras de un funcionario judicial citado bajo condición de anonimato:

“Los jueces habían renunciado porque sentían que la independencia del tribunal estaba siendo socavada constantemente.”

Su retorno solo fue acordado después de que al-Amiri abandonara formalmente el cargo. El nuevo presidente, Mundher Ibrahim Hussein, representa una esperanza para la renovación de confianza, aunque sus credenciales políticas aún están siendo escrutadas.

Un mal mayor: politización de la justicia

El caso de Irak no es aislado. Según Freedom House, la independencia judicial sigue siendo uno de los pilares democráticos más vulnerables en regiones con historia autoritaria o transiciones políticas inestables.

En su informe de 2023, la organización ubicaba a Irak con una puntuación de 29 sobre 100 en su Índice de Libertad Global, señalando la fragilidad institucional como una barrera para el progreso democrático. El sistema judicial ha sido blanco de interferencias tanto desde sectores del gobierno central como de grupos religiosos con influencia política.

¿Un nuevo comienzo o más de lo mismo?

El nombramiento de Mundher Ibrahim Hussein —anteriormente vicepresidente de la Corte de Casación— podría significar una oportunidad para restablecer el equilibrio. Sin embargo, el panorama no es alentador.

El entramado político iraquí está conformado por alianzas sectarias —chiíes, suníes y kurdos—con intereses divergentes que dificultan la formación de consensos en cualquier nivel. ¿Puede un nuevo juez presidente equilibrar esa balanza? ¿O simplemente será otra figura atrapada entre las presiones de bloques parlamentarios y decisiones dictadas desde las trincheras del poder?

¿Existe una salida?

Expertos en derecho constitucional iraquí como Omar al-Badrani, profesor en la Universidad de Bagdad, insisten:

“Sin una reforma real del sistema de justicia —incluyendo un blindaje real frente a presiones políticas— Iraq continuará caminando una cuerda floja sin red.”

De no garantizar la neutralidad e imparcialidad del máximo tribunal del país, las consecuencias pueden ser demasiado graves: desde inestabilidad política hasta una desconfianza institucional irreversible por parte de los ciudadanos y actores internacionales.

Tan solo en los últimos tres años, la Corte ha sido responsable directa o indirectamente de tensiones entre facciones parlamentarias, reducción de derechos civiles, disrupciones diplomáticas y enfrentamientos jurídicos internos.

Una oportunidad histórica

El regreso de los jueces, el nombramiento de un nuevo líder judicial y la atención mediática que rodea esta transición pueden sentar las bases para un cambio tangible. Pero eso dependerá más de la voluntad política real y de reformas estructurales que de cambios de nombre.

Como dijera Montesquieu hace más de dos siglos: “No hay libertad si el poder judicial no está separado del legislativo y del Ejecutivo.” Hoy, esta frase resuena con más fuerza que nunca en la frágil democracia iraquí.