Sangre en Culiacán: El Sinaloa profundo entre guerra narca y abandono institucional

Un lunes de horror en el corazón de Sinaloa

Culiacán, Sinaloa. Un amanecer más teñido de rojo. Cuatro cuerpos decapitados colgaban de un puente de la autopista el pasado lunes, con las cabezas encerradas en una bolsa plástica debajo de ellos. Horas después, sobre la misma carretera, una escena aún más desgarradora: una furgoneta blanca con 16 cadáveres baleados en su interior, uno de ellos también decapitado. Una nota encontrada en el sitio apuntaba a la autoría de uno de los bandos en pelea, aunque su contenido permanece sin divulgarse.

Las imágenes parecen sacadas de una película de horror, pero reflejan la cotidiana realidad de Culiacán. La guerra intestina entre dos facciones del poderoso Cártel de Sinaloa ha dejado una estela de muerte, miedo e impunidad. El conflicto, que estalló en septiembre del año pasado tras el secuestro y entrega de un líder narco a manos de un hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ha convertido a esta ciudad en una zona de guerra.

¿Quién es quién en esta narcoguerra?

Los bandos enfrentados responden a nombres que, para los locales, ya no son parte de rumores sino del día a día: "Los Chapitos", liderados por los hijos de "El Chapo", entre ellos Ovidio Guzmán, recientemente extraditado a Estados Unidos; y por el otro lado, La Mayiza, seguidores del ala histórica del cartel asociada con Ismael “El Mayo” Zambada. Este último, a pesar de su longeva presencia en el narcotráfico, ha sido escurridizo para las autoridades.

La disputa por el control de rutas, territorios y recursos ha provocado una ola de violencia sin precedentes. Culiacán, alguna vez considerada un oasis de relativa calma dentro del caos del narcotráfico mexicano gracias al férreo control del cartel, hoy es un campo de batalla visible: vehículos blindados y armados circulan por zonas urbanas, patrullajes de jóvenes encapuchados en motocicleta monitorean las calles, y los ciudadanos viven bajo operaciones constantes que fuerzan el cierre de escuelas, comercios y hasta hospitales.

Una crisis que desborda al Estado

Pese a los comunicados oficiales, las evidencias sobre el terreno apuntan a una incapacidad estructural del Estado mexicano para contener la situación. Feliciano Castro, portavoz del gobierno de Sinaloa, aseguró el lunes que “las fuerzas militares y policiales están colaborando para recuperar la paz”. Sin embargo, estos esfuerzos parecen ser insuficientes frente a la magnitud del problema.

Las imágenes de cuerpos colgados evocan otras épocas y lugares fatídicos, como Tijuana en 2008 o Guerrero en los años más duros del enfrentamiento con Los Rojos y Guerreros Unidos. Culiacán, sin embargo, era hasta hace poco una suerte de feudo narco “en orden”, donde prevalecía el pacto silencioso entre el cartel y el Estado. Ese pacto se quebró, y hoy los civiles pagan el precio.

El efecto de la extradición de Ovidio Guzmán

La captura y posterior extradición de Ovidio Guzmán a Estados Unidos en septiembre marcó un punto de inflexión. El llamado “Ratón” era no solo un importante operador logístico de Los Chapitos, sino también un símbolo para los seguidores del clan. Las fuerzas de seguridad mexicanas montaron un aparatoso operativo en Culiacán para su captura —lo que provocó insurrección narco, balaceras y múltiples bloqueos urbanos.

“No se trata solo de capturar a un capo. Aquí están desatando una guerra que no pueden controlar”, señalaba un comerciante del centro entrevistado por Univisión.

Impacto directo en la vida cotidiana

• El transporte público detiene actividades al menor indicio de operación militar.
• Las clases en escuelas primarias y secundarias se suspenden habitualmente.
• Los hospitales ajustan protocolos de emergencia por ingreso de heridos y balaceras cercanas.
• Los negocios cierran súbitamente, algunos de manera permanente.

Todo esto ocurre mientras un grueso de la población permanece atrapado entre el miedo, la desesperación y la normalización de la violencia.

Cartelización urbana: control de avenidas y "justicia popular"

Más allá de las balaceras fortuitas, en Culiacán se vive una estructura paralela de poder organizada por los cárteles. Las facciones delimitan sus zonas con presencia física: barricadas, retenes y vigilancia a plena luz del día en avenidas principales. Jóvenes armados intimidan con sus miradas mientras revisan autos y celulares.

Se reportan ejecuciones públicas sin investigación alguna. En muchos barrios, la justicia comunitaria ha sido sustituida por la justicia narco, donde un robo menor puede pagarse con la muerte y donde las decisiones de liderazgo se toman en casas de seguridad, no en las instancias civiles reconocidas.

¿Institucionalidad fallida o complicidad?

El nivel de control que el Cártel de Sinaloa ejerce sobre la región plantea una pregunta profunda: ¿Hasta qué punto las instituciones han sido penetradas? Aunque no existe evidencia directa de complicidad de funcionarios en casos recientes, la historia de Sinaloa está plagada de ejemplos. Basta recordar que en 2008, el entonces jefe de seguridad del estado fue vinculado con el cartel, y en 2012, varios policías municipales de Mazatlán fueron detenidos por escoltar convoyes de narcotraficantes.

Hoy, el silencio oficial y la tardanza en señalar responsables directos apuntan a una estructura institucional paralizada y tal vez infiltrada.

Una tragedia invisibilizada fuera de Sinaloa

En el resto de México, la situación de Culiacán parece apenas una mención incidental en medios nacionales. El enfoque mediático suele centrarse en la economía, la política federal o el espectáculo. Sin embargo, en Culiacán se libra una guerra de gran escala que debería encabezar titulares por su gravedad.

Más aún, estamos ante una ciudad secuestrada por el crimen organizado. El modelo de gobernabilidad en Culiacán plantea riesgos graves de replicarse en otras regiones si el gobierno federal no actúa con firmeza y estrategia.

La población resiste como puede

Mientras la guerra continúa, la sociedad sinaloense se adapta a una realidad deformada. Algunos forman cooperativas para proteger su colonia, otros emigran silenciosamente hacia otros estados, y muchos simplemente oran por sobrevivir otro día. La resistencia civil es real, pero silenciosa, en un territorio donde alzar la voz puede tener consecuencias letales.

¿Qué se puede hacer?

Los expertos coinciden en que la solución no es exclusivamente militar. La seguridad, para ser sostenible, debe venir acompañada de desarrollo económico, educación, fortalecimiento institucional y un sistema judicial capaz e independiente.

Lejos de estas reformas estructurales, lo que se observa es un esquema reactivo, donde el Estado parece solo intentar apagar fuegos sin apagar la raíz del incendio: la impunidad crónica, la falta de oportunidades y el poder desmedido de las estructuras criminales.

Mientras tanto, Culiacán arde sin que el resto del país mire el fuego.