Trump, el poder presidencial y la ley de 1798: ¿hasta dónde puede llegar el Ejecutivo?

El Acta de Enemigos Extranjeros: un resurgimiento polémico

En una movida legal que ha encendido fuertes debates en los tribunales estadounidenses, el expresidente Donald Trump ha invocado el Alien Enemies Act de 1798 (Acta de Enemigos Extranjeros) contra un grupo criminal venezolano, el Tren de Aragua. Esta ley, que apenas ha sido utilizada tres veces en 226 años —durante la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial—, ha reaparecido para enfrentar lo que Trump considera una "incursión predatoria" extranjera en suelo estadounidense.

No obstante, críticos y defensores de los derechos civiles, entre ellos la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), califican esta acción como un uso desmedido del poder presidencial.

¿Qué dice la ley de 1798?

El Alien Enemies Act fue promulgado como parte de un conjunto de leyes llamadas Alien and Sedition Acts aprobadas en tiempos de tensión creciente con Francia. Esta ley otorga al presidente autoridad amplia para detener o expulsar a ciudadanos de naciones con las que EE. UU. esté en guerra. Lo esencial de esta normativa es que:

• Solo puede usarse contra ciudadanos de países enemigos en tiempos de guerra declarada.
• El presidente no necesita una orden judicial para ejercer estas acciones.
• Históricamente ha sido usada en conflictos a gran escala.

El uso que Trump intenta darle ahora contra una organización criminal no estatal, plantea incómodas preguntas: ¿puede esta ley ser extendida para combatir amenazas terroristas o pandillas transnacionales? ¿Dónde queda el límite?

El caso del Tren de Aragua y la disputa legal

El Tren de Aragua es una organización criminal originaria de Venezuela que se ha expandido por América Latina y, según autoridades estadounidenses, tiene presencia en EE. UU. Trump alega que este grupo actúa como un instrumento de desestabilización apoyado por el gobierno venezolano. Un argumento que, de ser creíble en sede judicial, podría justificar el uso del Acta de 1798 bajo la figura de “invasión” o “incursión predatoria”.

Sin embargo, abogados de derechos civiles, como Lee Gelernt de la ACLU, argumentan que “invocar una norma diseñada para tiempos de guerra global contra una pandilla sin vínculos probados con un Estado” sería desproporcionado y peligroso. “Esto ha sido invocado solo tres veces —durante conflictos mundiales— y ahora se pretende utilizar contra una pandilla. Es alarmante”, afirmó Gelernt ante el Quinto Circuito de Apelaciones.

En contraste, abogados del gobierno alegan que el presidente debe tener la máxima deferencia en asuntos de seguridad nacional, citando fallos previos que le otorgan un margen de maniobra amplio para decidir en contextos de amenaza.

¿Qué ha dicho la Corte Suprema?

El camino legal de este caso ya ha llegado hasta la Corte Suprema en dos ocasiones, aunque por cuestiones procedimentales. El tribunal ha evitado aún pronunciarse directamente sobre el núcleo del asunto: ¿puede utilizarse el Acta de Enemigos Extranjeros contra miembros de una pandilla?

Entre otros fallos, la Corte Suprema determinó que quienes sean detenidos bajo esta medida deben tener una oportunidad razonable de impugnar su designación judicialmente y que las deportaciones solo pueden ser cuestionadas en los tribunales del distrito donde la persona esté recluida, eliminando así un fallo nacional previo que bloqueaba todas las deportaciones bajo esta orden.

El siguiente paso ahora está en el Quinto Circuito, uno de los tribunales federales más conservadores, que deberá resolver cuál es el plazo justo para que estos detenidos apelen su designación —el gobierno propone siete días, pero la ACLU exige treinta— basándose en precedentes como el tratamiento de acusados nazis tras la Segunda Guerra Mundial.

El precedente de Harry Truman

Un precedente relevante citado fue el del presidente Harry Truman, quien retuvo a sospechosos nazis después de terminadas las hostilidades, argumentando que la guerra aún no había concluido legalmente. La Corte Suprema estadounidense se negó en ese entonces a contradecir al presidente.

Este precedente, según el Departamento de Justicia, refuerza la idea de que los tribunales deben abstenerse de cuestionar al presidente en estas materias. Pero los juristas de la ACLU observan una enorme distancia entre realidades bélicas comprobadas y organizaciones criminales que operan dentro del país, aunque estén compuestas por extranjeros.

¿Una nueva doctrina presidencial?

Si los tribunales dan la razón a Trump, se abriría la puerta a un precedente jurídico y político de consecuencias trascendentales. Como explicó Gelernt: “Según la lógica del gobierno, esta ley podría haberse usado contra la Cosa Nostra, el cartel de Sinaloa o cualquier mafia transnacional con ciudadanos extranjeros en su interior y supuestos vínculos externos”.

Esta extensión del poder presidencial transformaría el Acta de 1798 en un arma de carácter prácticamente antiterrorista o antiinmigrante dentro de Estados Unidos. Una reinterpretación radical que, según muchos críticos, haría temblar las bases constitucionales del debido proceso.

Las implicaciones políticas

El trasfondo de este caso está enmarcado por la política electoral y los intentos de Trump de afianzar una narrativa de seguridad nacional fuerte. En paralelo, aumenta la presión hacia la administración para minimizar la inmigración y tolerancia cero hacia amenazas percibidas del extranjero.

Además, el caso puede escalar para confrontar el equilibrio de poderes y la separación de funciones entre el Ejecutivo y el Judicial. Un eventual fallo de la Corte Suprema estableciendo límites claros —o ampliando las facultades presidenciales— puede marcar el rumbo de futuras administraciones.

Un fantasma legal del pasado en el siglo XXI

El uso del Alien Enemies Act hoy no sólo genera polémica por su posible inconstitucionalidad, sino también por el mensaje que transmite sobre el uso de leyes obsoletas para resolver problemas contemporáneos. Resulta paradójico que, en momentos donde se exige transparencia, derechos civiles y revisión judicial, resurja una ley que le da al presidente el poder casi absoluto de determinar quién puede ser detenido o deportado, sin necesidad de juicio.

¿Se trata de una respuesta desesperada frente a amenazas criminales complejas o de un paso peligroso hacia el autoritarismo legal? La respuesta, al parecer, se decidirá en los tribunales y, tal vez, finalmente ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Como dijo el propio Tillis, senador republicano que recientemente anunció su retiro debido a desavenencias con la línea de Trump: “¿Por qué no hacerlo bien? ¿Por qué no evitar consecuencias no intencionadas?”, reflexionando sobre otra de las medidas polémicas del expresidente.

El país se encuentra ante una encrucijada legal e ideológica. Lo que está en juego no es solo la lucha contra el crimen extranjero, sino los principios fundamentales de la libertad y el estado de derecho en la democracia estadounidense.