Paz con condiciones: la diplomacia arriesgada de Petro en el tablero de la extradición

La reciente decisión del presidente colombiano Gustavo Petro de suspender la extradición a Estados Unidos de un líder rebelde acusado de narcotráfico ha reabierto un viejo debate en Colombia: ¿es posible la paz negociada sin impunidad? Mientras el gobierno impulsa una ambiciosa estrategia de 'paz total', las medidas adoptadas generan inquietudes tanto en el frente interno como en las relaciones con Washington. En este artículo, analizaremos el trasfondo político, legal y social de esta controvertida política, y evaluaremos sus potenciales implicaciones.

Un líder rebelde buscado por EE.UU.

Willington Henao Gutiérrez, alias “Mocho Olmedo”, es líder del Frente 33 de las disidencias de las FARC-EMC (Estado Mayor Central), una facción que opera principalmente en el conflictivo departamento del Catatumbo, en la frontera con Venezuela. Con aproximadamente 400 combatientes activos, este grupo armado ejerce control territorial en zonas clave para el narcotráfico.

Henao fue capturado por las autoridades colombianas en febrero de 2024 y estaba a punto de ser extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por conspirar para enviar 115 kilos de cocaína a territorio estadounidense. La Corte Suprema de Colombia ya había aprobado su extradición, pero una resolución firmada por Petro el 26 de junio decidió suspenderla condicionadamente para que “Mocho Olmedo” participe en las conversaciones de paz con el gobierno.

¿Paz o estrategia judicial?

La medida ha desatado una amplia discusión sobre los límites de la diplomacia en contextos de conflicto armado. Petro, quien asumió en 2022 como el primer presidente de izquierda en Colombia, ha buscado negociar con todos los actores armados, desde guerrillas hasta clanes dedicados al narcotráfico y economías ilegales.

El enfoque parte de la premisa de que la militarización no ha traído la paz. Según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), Colombia cerró el año 2023 con más de 90 masacres y múltiples desplazamientos forzados en regiones rurales. La urgencia de cambiar el enfoque de seguridad es real.

Sin embargo, suspender extradiciones de individuos con procesos penales abiertos en EE.UU. por delitos como narcotráfico compromete acuerdos internacionales de cooperación judicial y reaviva tensiones diplomáticas.

Un patrón que se repite

El caso de Henao no es aislado. En mayo pasado, el gobierno también suspendió la extradición de Gabriel Yepes Mejía, comandante de la estructura Comuneros del Sur. Ambos casos responden a la nueva política anunciada por el Ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien sostiene que los rebeldes que acepten aportar “resultados verificables” a las negociaciones de paz no serán extraditados de inmediato.

Sin embargo, los resultados tangibles de este enfoque aún no se ven. Organizaciones como Human Rights Watch han alertado de que la violencia en las regiones bajo control de disidencias ha aumentado, con prácticas sistemáticas de reclutamiento forzado y extorsión.

Una política que tensiona la relación con EE.UU.

Históricamente, la cooperación entre Colombia y Estados Unidos ha tenido al narcotráfico como eje central. Desde el Plan Colombia impulsado en la década de 2000, Washington ha invertido más de 12 mil millones de dólares en apoyo militar, logístico y jurídico para combatir el crimen organizado y erradicar cultivos ilícitos.

Pero en los últimos años, la agenda bilateral ha mostrado grietas. Petro ha cuestionado la política de fumigación y erradicación forzada, apostando por una visión más rural, social y estructural del problema de las drogas. “Es una guerra perdida”, ha dicho en múltiples foros.

Frente a estas decisiones recientes, el gobierno de EE.UU. ha mostrado reservas sobre la continuidad de su cooperación. Según voceros del Departamento de Estado —citados por medios como The New York Times—, cualquier flexibilización en la acción contra el narcotráfico podría alterar el respaldo presupuestal y logístico a Colombia.

¿Condicionar la paz a la no extradición?

La extradición ha sido, para muchos analistas, una herramienta clave del Estado colombiano para desarticular organizaciones criminales. Desde la década de los 80, más de 2.200 personas fueron extraditadas, muchas de ellas por narcotráfico, según cifras del Ministerio de Justicia. Pablo Escobar declaró la “guerra” al Estado cuando se habló de extraditarlo a Estados Unidos, una época que dejó miles de muertos.

La decisión de condicionar la extradición a la participación en diálogos pone esa herramienta en entredicho. ¿Es justo frente a las víctimas? ¿Qué garantía hay de que quienes negocian lo hagan de buena fe y no con fines estratégicos para evitar la cárcel?

Expertos en derecho internacional como Rodrigo Uprimny han señalado la preocupación: “La no extradición debe tener un marco normativo claro y medible. No puede quedar sujeta únicamente a la voluntad del presidente. Si la colaboración fracasa, el daño está hecho”.

Las víctimas, ¿protagonistas o espectadoras?

Uno de los principales reclamos de la sociedad civil y de las víctimas del conflicto armado es la falta de transparencia y el limitado protagonismo en estos diálogos. ¿Qué pasa si un líder rebelde promete paz pero sigue vinculado a la violencia de manera encubierta?

Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch para las Américas, afirma: “Las decisiones del Estado deben partir de los derechos de las víctimas. Hablar de justicia transicional sin justicia real ni verdad puede crear resentimientos y agravar el conflicto”.

El gobierno ha respondido que hay mecanismos de seguimiento y verificación de los compromisos asumidos por los grupos armados. En el caso de Henao, si no cumple con “aportes verificables”, su extradición procedería. Pero no existe un marco independiente que vigile estos compromisos. Todo está en manos del Ejecutivo.

Un laboratorio de paz total con resultados inciertos

La “paz total” propuesta por Petro pretende pacificar el territorio nacional, convertir las armas en diálogo y disminuir la violencia estructural. Es un objetivo audaz y socialmente necesario, en un país que suma más de 9 millones de víctimas del conflicto armado interno.

Pero si no hay una arquitectura institucional sólida para garantizar verdad, justicia y reparación, esta política corre el riesgo de extender la impunidad a los máximos responsables de crímenes atroces.

El presidente dice que su política será juzgada por sus resultados y ha llamado a la comunidad internacional a apoyar una nueva doctrina de seguridad humana, en vez de la guerra contra las drogas. Lo cierto es que el tiempo corre, y por ahora, el panorama en zonas como Catatumbo o el sur del Cauca sigue siendo de inseguridad y violencia.

Mientras tanto, la suspensión de extradiciones como la de Henao Gutiérrez deja muchas preguntas abiertas. ¿Es esto una jugada estratégica u otra muestra de que la paz en Colombia nunca ha sido sencilla?

La delgada línea entre diplomacia y legalidad

La extradición se ha convertido ahora en una moneda de cambio política. Petro apuesta a que el riesgo valdrá la pena si logra resultados. Pero su gobierno camina sobre una cuerda floja entre la legalidad nacional e internacional, la presión de sectores políticos y la necesidad urgente de llevar paz a las zonas olvidadas.

Por ahora, Henao sigue en Colombia, bajo custodia y a la expectativa de que su aporte conduzca a algún avance palpable. De lo contrario, el reloj seguirá corriendo hasta que su avión tome rumbo a Florida.

Y con él, también podría despegar —o estrellarse— el sueño de una paz que no dependa de fusiles, pero tampoco de concesiones sin consecuencias.