Protestas en Togo: Entre el clamor popular y una democracia en jaque

La tormenta política que se cierne sobre Togo

En los últimos días de junio de 2025, la capital de Togo, Lomé, se convirtió en un campo de batalla entre ciudadanos indignados y las fuerzas de seguridad del Estado. La chispa que encendió la llamativa serie de protestas fue una controvertida reforma constitucional impulsada por el actual presidente Faure Gnassingbé, la cual le permitiría mantenerse indefinidamente en el poder.

Según reportes de Amnesty International, al menos tres personas, incluidos dos adolescentes, fueron halladas muertas en una laguna del barrio Bè tras las violentas represiones del 26, 27 y 28 de junio. A estos se suman otros cuatro cuerpos localizados en distintas partes de la ciudad, elevando el número total de víctimas mortales a siete, de acuerdo con una coalición de organizaciones de la sociedad civil togolesa.

¿Quién es Faure Gnassingbé?

Faure Gnassingbé asumió la presidencia de Togo en 2005 tras la muerte de su padre, Gnassingbé Eyadéma, quien gobernó el país durante 38 años. La sucesión dinástica desató críticas internacionales y protestas internas. Sin embargo, Faure ha logrado mantenerse en el poder mediante sucesivas reformas constitucionales y comicios cuestionados, convirtiéndose en uno de los líderes con más tiempo en el puesto en África Occidental.

Este año, la estructura del Ejecutivo fue modificada para fortalecer el Consejo de Ministros, cuerpo que ahora lidera Gnassingbé bajo el nuevo título de presidente del Consejo, una posición sin límite de mandato y designada por el Parlamento. Mientras tanto, el rol de presidente de la República pasó a tener un carácter meramente ceremonial.

La nueva Constitución: ¿una trampa antidemocrática?

La nueva configuración constitucional ha sido considerada por muchos togoleses y analistas internacionales como un golpe de Estado constitucional. Bajo esta reforma, el Parlamento —dominado por el partido oficialista— tiene ahora el poder de reelegir indefinidamente al presidente del Consejo de Ministros, en este caso, Gnassingbé.

Organizaciones como International Crisis Group y la Fundación Mo Ibrahim han alertado sobre la peligrosidad que representan estas modificaciones para la ya frágil democracia togolesa. En una región marcada por múltiples golpes de Estado recientes (Malí, Burkina Faso, Níger), los retrocesos democráticos en Togo representan una amenaza mayor para la estabilidad regional.

El precio de protestar: sangre, represión y muerte

Las manifestaciones del 26 al 28 de junio fueron producto de llamados por parte de 12 ONG y activistas destacados en redes sociales. Las movilizaciones se encontraron con una respuesta brutal: uso excesivo de fuerza, arrestos arbitrarios, saqueos y palizas con bastones y cuerdas, según denuncias de las propias organizaciones civiles togolesas.

Uno de los casos más alarmantes es el de un joven de 16 años reportado como desaparecido el 27 de junio. Su cuerpo fue encontrado en una laguna al día siguiente, con signos evidentes de golpes y sangrado. Otro hecho trágico fue el hallazgo de dos cadáveres flotando en el distrito de Akodesséwa y otros dos en la laguna de Nyékonakpoè.

El gobierno ha afirmado que los fallecimientos se debieron a ahogamientos, sin que hasta ahora se haya ordenado la autopsia de los cuerpos ni iniciado investigaciones oficiales para aclarar los hechos, lo que aviva aun más la ira ciudadana.

Silencio judicial y una justicia ausente

“Estos actos, marcados por una crueldad indescriptible, constituyen un crimen de Estado. Los perpetradores actuaron sin restricción y mataron sin distinción”, expresó la coalición de agrupaciones togolesas en un comunicado conjunto. La falta de detenciones y de transparencia en las investigaciones pone en tela de juicio la independencia del sistema de justicia togolés.

Este escenario de impunidad amenaza con abrir una herida profunda, alimentando el resentimiento y la desconfianza en las instituciones democráticas, ya erosionadas desde hace décadas.

Manifestaciones prohibidas: un país bajo toque de queda permanente

Desde 2022, cualquier tipo de manifestación pública está prohibida en Togo a raíz de un trágico atentado en el mercado central de Lomé. Bajo este pretexto, el gobierno ha blindado el espacio público de expresiones de disenso, y las pocas protestas que logran organizarse suelen ser aplastadas con violencia por las fuerzas de seguridad.

Esta postura autoritaria también se refleja en la prensa: varios reporteros extranjeros y nacionales fueron hostigados o amenazados durante la cobertura de las recientes protestas.

Una región bajo presión democrática

Togo no es un caso aislado. La región de África Occidental vive actualmente un momento crítico para la democracia. Países como Guinea, Malí, Burkina Faso y Níger han sufrido golpes militares en los últimos cinco años. Mientras tanto, en Côte d'Ivoire y Camerún, los líderes se aferran al poder con reformas constitucionales similares a la de Togo.

La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) ha mantenido una postura ambigua. Aunque en algunos casos ha sancionado a gobiernos militares, su silencio ante los cambios constitucionales democráticamente cuestionables, como el caso togolés, evidencia una doble vara preocupante.

El futuro incierto de la resistencia civil

Las recientes movilizaciones muestran que, a pesar de la represión, la llama de la disidencia en Togo sigue viva. La juventud, las organizaciones de derechos humanos y algunos partidos de oposición no están dispuestos a aceptar el modelo de participación política limitado y controlado por el régimen.

“No queremos morir bajo un sistema que mata nuestras esperanzas”, declaró un joven manifestante, cuya identidad fue mantenida en reserva por razones de seguridad. “Queremos un país donde podamos votar, hablar y protestar sin miedo.”

¿Reescribir la historia togolesa?

Togo se encuentra en el punto de inflexión entre el autoritarismo consolidado y la posibilidad de un renacimiento democrático. La suma de décadas de autoritarismo, protestas sin respuesta, y una comunidad internacional más enfocada en la estabilidad que en la democracia, hacen que el juego esté inclinado a favor del régimen. No obstante, como demostraron las revueltas en Sudán y Malí, los movimientos sociales pueden alterar incluso los sistemas más rígidos.

Las calles de Lomé han hablado, pero ¿escucharán Gnassingbé y su círculo de poder?