Balas por pan: La cruda realidad de la ayuda humanitaria en Gaza

El telón de fondo: hambre, bloqueo y desesperación

Gaza atraviesa una de las crisis humanitarias más graves de las últimas décadas. Tras más de dos meses de bloqueo total impuesto por Israel, durante los cuales se prohibió la entrada de alimentos, agua y medicinas —alegando que la ayuda caía en manos de Hamas— más de dos millones de palestinos han quedado al borde del colapso. En respuesta a esta tragedia, en mayo de 2025 se estableció la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), una organización estadounidense respaldada por fondos del gobierno de EE. UU. e Israel, con la misión de repartir alimentos en zonas controladas militarmente.

¿Quién está detrás de GHF?

GHF fue registrada en Delaware en febrero de 2025 y desde entonces ha recibido al menos $30 millones por parte del gobierno estadounidense. Fuentes dentro de la fundación aseguran haber repartido el equivalente a más de 50 millones de comidas desde su creación. Sin embargo, las operaciones de esta entidad no se han librado de la polémica: contratistas estadounidenses contratados para proteger los centros de distribución han sido acusados de disparar armas reales, utilizar granadas aturdidoras y gas pimienta contra civiles palestinos, incluyendo mujeres y niños, que solo buscan conseguir alimento.

Balas como medida de control

Dos contratistas de seguridad que trabajaban para UG Solutions, compañía subcontratada para vigilancia en los centros, ofrecieron comunicaciones internas, reportes y videos inéditos en los que se confirma el uso de munición real en los sitios de reparto. Estos testigos —que hablaron bajo anonimato— denunciaron procedimientos improvisados, falta de profesionalismo y actitudes de abuso por parte del personal armado.

Uno de los videos más impactantes muestra a personal uniformado lanzando stun grenades en medio de una multitud acorralada. El pánico es palpable. En otra grabación, se escucha claramente a contratistas haciendo comentarios como “Woohoo! I think you hit one!” (“¡Creo que le diste a uno!”), seguido de gritos de jactancia. Aunque las cámaras no captan directamente al blanco o al tirador, testigos de los hechos afirman haber visto a civiles caer al suelo tras las ráfagas disparadas.

¿Autodefensa o brutalidad innecesaria?

La versión oficial de las entidades involucradas —incluyendo Safe Reach Solutions, empresa encargada de logística y seguridad de GHF— insiste en que solo se utilizan disparos de advertencia y en ráfagas dirigidas al suelo, como una forma de controlar las multitudes. “Estas medidas eran necesarias en los primeros días, ante el nivel de desesperación”, señalaron en un comunicado.

Sin embargo, las escenas descritas por contratistas muestran otra narrativa. Aunque los responsables alegan que nunca hubo heridos graves, las declaraciones de estas fuentes y los videos filtrados cuestionan seriamente esa afirmación. Además, testigos en Gaza y el propio Ministerio de Salud local aseguran que cientos de personas han sido heridas —y decenas, asesinadas— en las inmediaciones de estas zonas controladas donde opera GHF.

¿Violación del derecho internacional?

El uso de la fuerza letal en centros de ayuda humanitaria constituye una posible violación del derecho internacional y de los protocolos de la ONU para distribución en zonas de conflicto. Si bien Israel afirma que no tiene tropas desplegadas directamente en estos sitios, informes sugieren que existe una fuerte supervisión desde centros de control con vistas a cada punto de distribución.

Además, contratistas afirman que algunas cámaras en los sitios están equipadas con software de reconocimiento facial y que tanto analistas estadounidenses como soldados israelíes monitorean las transmisiones en tiempo real. GHF niega esta versión, negando el uso de biometría o recopilación de inteligencia; sin embargo, AP geolocalizó y analizó el contenido con expertos en audio forense, quienes confirmaron que el material incluye disparos de armas automáticas a escasos 50 o 60 metros del micrófono.

¿Quién supervisa a los supervisores?

Un dato relevante es que cada contratista estaba equipado con una pistola, granadas aturdidoras, gas lacrimógeno y un rifle automático israelí. Esto último ha generado alarma ya que, según los analistas, ese tipo de armamento es desproporcionado para misiones civiles de asistencia alimentaria. Un portavoz de la GHF sostiene que la fundación cuenta con “profesionales experimentados en operaciones humanitarias y logísticas”.

Pero los mismos empleados aseguran que la formación fue inadecuada. “Era como un ejército privado sin reglas claras”, señaló uno de los denunciantes. Drew O’Brien, vocero de UG Solutions, declaró que la empresa posee un proceso intensivo de selección y que sus empleados reciben entrenamiento en armamento. Sin embargo, los hechos documentados cuestionan que esos estándares se hayan aplicado de forma consistente en el terreno.

El dilema ético de la vigilancia humanitaria

Más allá del escándalo inmediato, el caso de Israel, Gaza y GHF plantea preguntas de fondo sobre cómo se están llevando a cabo las nuevas formas de asistencia internacional. ¿Es moral que la ayuda alimentaria esté condicionada a una vigilancia masiva y militarizada? ¿Cómo se garantiza la neutralidad de organizaciones que operan en zonas de conflicto y que están financiadas —y protegidas— por las mismas potencias involucradas en ese conflicto?

Según un informe del grupo humanitario Oxfam, la distribución de ayuda en zonas ocupadas se vuelve problemática cuando las partes beligerantes tienen influencia directa sobre las operaciones. Y en este caso, tanto EE. UU. como Israel tienen injerencia fundamental.

Civiles atrapados entre el hambre y las balas

Lo que queda claro tras los testimonios, videos y análisis es una dura verdad: la población palestina está atrapada entre el hambre y la violencia. Muchos arriesgan su vida diariamente para conseguir una caja con arroz, lentejas y harina. Las decisiones tomadas desde escritorios bien custodiados tienen consecuencias fatales en caminos polvorientos que conducen a zonas cercadas.

Un informe del Consejo Noruego para los Refugiados destaca que el 70% de la población en Gaza pasa hambre diariamente. A pesar de toda la inversión en seguridad, tecnología y logística, el problema esencial —alimentar a una población civil— sigue siendo insatisfactorio.

La tragedia en cifras

• 2.3 millones de personas viven en Gaza, de las cuales más del 80% depende de ayuda humanitaria para sobrevivir.
• Más de 300 personas han sido heridas cerca de centros de distribución desde mayo de 2025, según fuentes locales.
• Estados Unidos ha donado al menos $30 millones a la GHF.
• GHF afirma haber distribuido más de 50 millones de comidas en los primeros dos meses.

Cuidado con los precedentes

Este caso marca un antes y un después en la forma en que los países abordan la ayuda en zonas de conflicto. Bajo la excusa de “seguridad”, podríamos estar asistiendo a una militarización de la caridad. Un fenómeno que no solo es éticamente cuestionable, sino también contraproducente: mientras más armada esté la comida, más difícil será acceder a ella con dignidad.