Veto al retroceso climático: por qué la decisión de Josh Stein en Carolina del Norte es clave para el futuro energético

Un veto con implicaciones profundas para el medio ambiente

El gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, emitió recientemente un veto contra una ley que habría desmantelado un mandato intermedio para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, establecido en una legislación anterior de 2021. Esta decisión se ha convertido en foco de intensas discusiones sobre el futuro energético del estado, la economía, y el compromiso político en torno a la crisis climática.

La medida vetada por Stein buscaba eliminar el requisito vigente que obliga a los reguladores eléctricos a tomar “todas las medidas razonables” para reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 70% con respecto a los niveles de 2005, antes del año 2030. Si se hubiese aprobado, también habría otorgado más herramientas a Duke Energy, la empresa eléctrica más poderosa del estado, para aumentar las tarifas y financiar nuevas plantas generadoras.

Una controversia que enfrenta energía limpia y economía

El argumento de Stein contra la legislación fue claro: “La ley socava nuestro compromiso con la reducción de las emisiones de carbono y envía la señal equivocada a las empresas interesadas en nuestra economía de energía limpia”. Para Stein, quien asumió como gobernador en enero, el golpe va más allá del tema ambiental: afecta la economía del estado, su atractivo para inversiones sostenibles, y el bolsillo de los consumidores.

La propuesta de ley llegó respaldada por buena parte de la legislatura estatal controlada por el Partido Republicano y por Duke Energy, que veía la eliminación del objetivo de 2030 como una forma de reducir costos asociados con la inversión en fuentes renovables como la energía solar o eólica. Según sus proyecciones, esta flexibilización permitiría ahorrar al menos 13 mil millones de dólares en inversiones a lo largo de 25 años.

¿Ficción o realidad? La cifra de ahorro en entredicho

Los críticos de la ley, incluyendo los grupos ambientalistas y el propio gobernador, cuestionan la validez de esa cifra. Stein citó un estudio independiente que muestra que, a largo plazo, la dependencia continuada del gas natural y otras fuentes fósiles terminaría imponiendo costos más elevados a la población debido a la volatilidad del mercado del combustible.

En palabras del gobernador:
“Necesitamos diversificar nuestro portafolio energético para evitar depender en exceso del gas natural y sus mercados de combustible volátiles.”

Este enfoque apunta hacia una estrategia de resiliencia energética, similar a las adoptadas en al menos 17 estados de EE.UU., que han legislado objetivos ambiciosos hacia cero emisiones netas o energías 100% renovables, de acuerdo con el Natural Resources Defense Council.

Una alianza política que se desvanece

El mandato de reducción del 70% no surgió de forma unilateral. Fue producto de un acuerdo inusual en 2021 entre el entonces gobernador demócrata Roy Cooper y legisladores republicanos, que lograron aprobarlo como parte de una visión compartida, dentro de lo posible, para avanzar en política ambiental.

Ahora, esa alianza parece resquebrajarse. El nuevo proyecto de ley revierte esa lógica, frenando el impulso por sustituir plantas fósiles por energías limpias en el corto plazo, y revelando un cambio de enfoque legislativo más alineado con intereses comerciales, según sus detractores.

Duke Energy en la mira

Duke Energy es pieza clave en esta historia. Como empresa monopólica en Carolina del Norte, tiene el poder de influir en casi todas las decisiones sobre infraestructura energética. Esta ley, en particular, contenía cláusulas que le permitirían a la empresa:

• Incrementar tarifas eléctricas para cubrir los costos de construcción de nuevas plantas de gas o nucleares de forma gradual.
• Evitar comprometerse legalmente con objetivos de energías renovables para 2030, basándose únicamente en el horizonte de 2050.

Para muchos analistas, esto representa un movimiento estratégico que prioriza mayores ganancias empresariales sobre soluciones energéticas limpias. De hecho, uno de los puntos más polémicos es que la ley permitiría fijar tarifas antes de que las plantas mismas estén construidas o finalizadas. ¿Un cheque en blanco para una eléctrica con poco control ciudadano?

Reacciones encontradas

No sorprende que el veto de Stein haya causado un terremoto político y mediático. Para defensores del medio ambiente, fue aplaudido como una postura valiente frente al poder corporativo. Dan Crawford, portavoz de la North Carolina League of Conservation Voters, declaró:

“Apoyamos la acción del gobernador y pedimos a los legisladores que mantengan el veto. Debemos apostar por una energía asequible y por la oportunidad económica para todos.”

En contraste, Donald Bryson, del John Locke Foundation —un think tank conservador— acusó a Stein de priorizar la ideología sobre la economía:

“Stein ha elegido la ideología sobre la asequibilidad. Está poniendo en riesgo el bienestar económico del estado.”

¿Qué viene ahora?

El destino del veto ahora queda en manos de la legislatura estatal. En un escenario incierto, con una Cámara y un Senado bajo control republicano pero con algunos demócratas que votaron a favor del proyecto original, se anticipa una votación para decidir si se anula o se ratifica la decisión del gobernador.

Tal vez como ejemplo del pulso divisivo en este año electoral, tanto la gobernación como la legislación están usando esta ley como un estandarte retórico: uno simboliza progreso ambiental, el otro control de costos.

No será una votación fácil. Las consecuencias afectarán no sólo el modelo energético del estado, sino también su credibilidad frente a inversores en energías limpias y en políticas públicas sostenibles.

Carolina del Norte: ¿modelo a seguir o advertencia?

El caso de Carolina del Norte encapsula una tensión que se vive en muchos estados del país: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a invertir en energía limpia a corto plazo para evitar daños mayores a largo plazo?

Detrás de esta pregunta están cuestiones fundamentales: la fe en la ciencia, la influencia corporativa, y la voluntad política para resistir presiones económicas inmediatas.

El gobernador Stein ha dejado claro su posicionamiento. Ahora son los legisladores los que deben decidir si Carolina del Norte quiere liderar la lucha climática o retroceder en nombre del ahorro técnico.

Porque cuando se trata de crisis climática, esperar suele ser el camino más costoso.