¿Quién decide? El derecho al aborto de menores en Montana y el rol de los padres

Montana se convierte en el nuevo epicentro del debate sobre los derechos reproductivos de menores en Estados Unidos. En una decisión que evoca tensiones fundamentales sobre autonomía, familia y el rol del Estado, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha decidido no escuchar una apelación sobre la ley estatal que buscaba imponer la necesidad de un consentimiento parental para que menores accedan a un aborto.

Contexto legal: ¿Qué ocurre en Montana?

En 2013, el estado de Montana —bajo liderazgo republicano— aprobó una ley que requería consentimiento escrito y notariado de los padres para que personas menores de 18 años pudieran interrumpir un embarazo. Sin embargo, esta legislación nunca llegó a implementarse, pues fue bloqueada por tribunales y declarada inconstitucional en 2023 por la Corte Suprema del estado.

En paralelo, la Constitución de Montana reconoce el derecho al aborto como un derecho protegido. Esto no es nuevo, ya que incluso antes de la eliminación del fallo Roe vs Wade a nivel federal, los votantes del estado habían decidido garantizar este derecho en su Carta Magna. Esta protección constitucional fue fundamental para que la Corte estatal invalide la ley del consentimiento parental.

¿Qué se discutió ante la Corte Suprema de EE.UU.?

Los líderes estatales, encabezados por el fiscal general y otros funcionarios republicanos, elevaron la causa a la Corte Suprema federal. Su argumento era que los tribunales de Montana habían violado los derechos fundamentales de los padres al impedirles tener participación directa en decisiones médicas de sus hijos.

“El derecho que Montana busca reivindicar aquí —el derecho de los padres a conocer y participar en decisiones médicas de sus hijos— se encuentra en el núcleo de los derechos fundamentales de los padres”, afirmaron los abogados del estado.

Sin embargo, el máximo tribunal del país rechazó tomar el caso sin emitir opinión sustantiva. Es decir, no se pronunció sobre el fondo del asunto, sino que desestimó por razones procesales. Aun así, los jueces conservadores Samuel Alito y Clarence Thomas escribieron por separado para manifestar que la negativa no implicaba que compartieran la visión de la Corte de Montana.

La otra cara del debate: derechos de los menores

Grupos defensores del derecho al aborto, encabezados por Planned Parenthood, celebraron la decisión del tribunal como una victoria para los derechos constitucionales de los menores.

Según la organización, la ley de consentimiento parental transformaría el derecho paterno en un “garrote” contra el derecho fundamental a decidir de una menor, especialmente en situaciones donde involucrar a los padres podría poner en peligro físico o emocional a la menor.

“Los intereses más amplios del menor deben ser tenidos en cuenta junto con los derechos de los padres”, señalaron en los documentos presentados.

La figura del “judicial bypass”

La ley invalidada en Montana también incluía la opción del conocido bypass judicial: un procedimiento que permite que un menor solicite la autorización de un juez si no desea o no puede obtener el consentimiento parental. Este mecanismo existe en muchos estados con leyes similares y busca ofrecer una salida en contextos de abuso, negligencia, o relaciones familiares disfuncionales.

No obstante, defensores de derechos civiles afirman que este proceso puede ser revictimizante y riesgoso: implica comparecencias ante jueces, audiencias potencialmente adversas, y demoras que pueden obstaculizar el acceso seguro al procedimiento.

Panorama estatal en EE.UU.: ¿qué dice el mapa legal?

Según datos recopilados por la fundación KFF, más de dos docenas de estados en EE.UU. actualmente requieren algún tipo de consentimiento parental para que menores puedan abortar. De estos, al menos 12 tienen leyes vigentes aunque 3 están bloqueadas judicialmente.

• California y Nuevo México son ejemplos de estados donde dichas leyes han sido desplazadas por protección constitucional o judicial.
• Otros, como Texas o Florida, aplican regulaciones estrictas —algunas sin permitir el bypass judicial.

Montana, al tener reconocida la interrupción del embarazo como un derecho constitucional, ofrece una excepción significativa a la normativa general que impera en los estados más conservadores.

El argumento conservador: derechos familiares y valores culturales

La defensa del estado de Montana argumentó que los progenitores tienen el derecho y el deber legal de acompañar a sus hijos en asuntos clínicos. Para ellos, excluir a los padres de una decisión tan trascendente como un aborto representa una vulneración del tejido familiar y un desplazamiento del rol tradicional de los adultos responsables.

De hecho, algunos creen que permitir abortos sin consentimiento tiene un efecto colateral sobre la cultura familiar y los valores sociales, reforzando una visión ideológica de la autonomía individual sin vinculación relacional.

¿Autonomía o protección?: el dilema bioético-moral

Aquí yace la raíz ética del conflicto: ¿puede un menor decidir un procedimiento médico sin participación de sus padres? ¿Debe el Estado involucrarse para proteger al menor incluso contra sus padres? ¿Qué peso tiene el contexto emocional, social y económico en esa decisión?

Las respuestas no son simples ni unívocas. Bioeticistas apuntan a que la edad no es un indicador absoluto de competencia para tomar decisiones, pero también reconocen la existencia de situaciones donde el menor puede conocer y consentir lo suficiente para determinar lo mejor para sí.

Además, argumentan que en casos de embarazos producto de abuso, el requerimiento legal de consentimiento parental puede no sólo obstaculizar el acceso a atención médica, sino también perpetuar escenarios de violencia.

Montana como residuo de la era post-Roe

Tras la anulación de Roe v. Wade en 2022, lo que antes era un derecho federal protegido pasó a manos de los estados. Esto ha generado un mosaico dispar en donde los derechos reproductivos dependen del código postal. Montana demuestra que, a pesar de presiones políticas, un sólido marco constitucional puede preservar derechos incluso en climas legislativos hostiles.

De hecho, Montana se ha convertido en un bastión inesperado de protección al acceso al aborto dentro del cinturón interior conservador. La población, a través de referendos y participación política, consolidó un derecho que ahora es defendido por la justicia estatal.

¿Y ahora qué sigue?

La negativa de la Corte Suprema implica que, por el momento, la ley de consentimiento parental permanecerá inválida. Pero esto no termina aquí. Es probable que nuevas iniciativas legislativas surjan a nivel estatal intentando ajustar marcos legales, o que se busquen nuevas vías para apelar la interpretación de la Constitución de Montana.

Pero también abre el debate en la esfera nacional: ¿debe uniformarse el criterio de autonomía de menores frente a decisiones médicas sensibles? ¿Es coherente tener legislación tan dispar en estados vecinos?

Sea cual sea la evolución, lo ocurrido en Montana ofrece una lección y una advertencia: los derechos—tanto de menores como de padres—no existen en abstracto, sino que se codifican, disputan y reinterpretan constantemente en las arenas judiciales y políticas del país.