Acusaciones de genocidio y táctica de hambre: el escándalo del reparto de ayuda en Gaza

Una tragedia humanitaria convertida en epicentro de la polémica

La situación en la Franja de Gaza continúa escalando en complejidad y tragedia. Esta semana, un demoledor informe de Amnistía Internacional ha colocado nuevamente a Israel y Estados Unidos en el foco de las críticas internacionales. La organización con sede en Londres denuncia que el nuevo sistema de distribución de ayuda humanitaria, respaldado por ambos países y operado por la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), está siendo utilizada como método de coerción y destrucción sistemática contra la población palestina.

La acusación no es menor: según el informe, Israel está transformando la mera supervivencia de los palestinos en una trampa mortal. Con la ayuda de GHF, cuyos centros logísticos se encuentran rodeados de militares y agentes armados, miles de personas han sido forzadas a enfrentarse al hambre, al caos y a la violencia con tal de acceder a alimentos básicos.

El sistema GHF: un nuevo rostro para una antigua táctica

La Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y establecida formalmente el 26 de mayo de 2025, nació tras una pausa de casi tres meses en los envíos de ayuda humanitaria. Esta situación había empujado a los más de 2 millones de habitantes de Gaza a las puertas de una hambruna masiva. En lugar de aliviar el sufrimiento, el nuevo sistema ha derivado en una cadena de violencia, hambre e indignación.

Testimonios recogidos por Amnistía Internacional, así como por medios locales, hablan de más de 500 muertes registradas en las inmediaciones de los centros de distribución desde su apertura. La mayoría de estas muertes están vinculadas a disparos realizados desde puestos militares israelíes o desde miembros de la seguridad contratados por GHF.

“Una trampa mortal camuflada de ayuda”

“Israel ha convertido la búsqueda de ayuda en una trampa mortal para palestinos desesperados por alimento”, sentenció Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional. Además, enfatizó que “la pérdida de vidas es el resultado directo de métodos deliberadamente peligrosos de distribución y del uso sistemático del hambre como arma de guerra”.

Los centros operativos de la GHF están ubicados cerca de bases militares israelíes. Esto, para muchos analistas y miembros de organismos humanitarios, demuestra no sólo un enfoque militarizado de la distribución de ayuda, sino una estrategia premeditada para controlar la nutrición del pueblo palestino en función de objetivos políticos y bélicos.

Israel contraataca: “propaganda de Hamás”

Como era de esperarse, el gobierno israelí ha rechazado enérgicamente las acusaciones contenidas en el informe. El ministerio de Relaciones Exteriores israelí tildó la publicación de “propaganda de Hamás” y acusó a Amnistía de haber “adoptado completamente sus mentiras”.

Por su parte, la unidad COGAT –encargada de coordinar los asuntos humanitarios en los Territorios Palestinos Ocupados– defendió la actuación israelí diciendo que se han facilitado más de 3.000 camiones con ayuda desde el 19 de mayo y que se han entregado más de 56 millones de comidas. Sin embargo, la Organización Mundial de Alimentos (WFP) contradice esta narrativa: indica que el consumo de alimentos alcanzó su nivel más bajo desde que empezó el conflicto en octubre de 2023.

“La continuidad del cierre de los cruces, la violencia creciente desde marzo y la elevación escandalosa de los precios de alimentos han hecho casi imposible para los gazatíes acceder hasta a los productos más básicos”, señaló el WFP en un informe de junio.

Reacciones internacionales: creciente presión sobre EE.UU. e Israel

La controversia que rodea a GHF ha ido escalando rápidamente. Esta semana, más de 165 ONG y organizaciones humanitarias han firmado un manifiesto conjunto exigiendo la clausura inmediata de esta fundación. Acusan a Israel de usar la comida como una herramienta de guerra y afirman que el sistema viola flagrantemente los principios básicos de la ayuda humanitaria.

La gestión de GHF ha estado desde sus inicios rodeada de oscurantismo financiero. Solo se sabe que EE.UU. aportó 30 millones de dólares recientemente, siendo este el primer donativo público conocido. El fundador de la organización es un líder evangélico cercano al expresidente Donald Trump, lo que ha generado mayor sospecha dentro del movimiento internacional de derechos humanos.

¿Quién protege las distribuciones de GHF?

Otro asunto alarmante es el uso de contratistas de seguridad privada en las zonas de distribución. Se ha documentado cómo estos agentes, y en ocasiones soldados israelíes, han disparado fuego real contra muchedumbres hambrientas e incluso utilizado granadas aturdidoras. Todo esto ocurre mientras los palestinos deben recorrer largas distancias para llegar a puntos de asistencia, donde lo que les espera no siempre es comida, sino, en muchos casos, terror.

Dos contratistas anónimos confesaron a medios internacionales haber presenciado cómo sus colegas disparaban hacia la gente para controlar masas o por simple desesperación ante situaciones fuera de control. A pesar de estos testimonios, GHF ha negado reiteradamente la violencia en torno a sus centros y asegura estar “abierto a colaborar con otras organizaciones para alimentar a Gaza”.

El trasfondo político: ¿una nueva forma de ocupación?

Israel justificó este cambio en la logística humanitaria con el argumento de que Hamás se apropiaba de parte de la ayuda facilitada por la ONU. Sin embargo, agencias como Naciones Unidas o la Media Luna Roja desmienten que haya desvíos significativos de ayuda.

Entonces, ¿por qué Israel insiste en mantener este modelo privatizado y militarizado de distribución? Analistas como el profesor Ilan Pappé aseguran que se trata de una estrategia deliberada para deslegitimar a organismos internacionales y consolidar el control interno sobre cada aspecto de la vida civil en Gaza. “No hablamos solamente de hambre o escasez. Hablamos del uso del hambre como un método de limpieza étnica paulatina”, sostuvo en entrevista con Al Jazeera.

Acusaciones de genocidio: ¿qué dicen los tribunales internacionales?

El año pasado, Amnistía Internacional fue una de las organizaciones que se sumó al reclamo hecho por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), acusando a Israel de cometer actos de genocidio durante el conflicto con Hamás. El informe actual refuerza esa línea: sostiene que Israel busca “destruir al pueblo palestino” mediante la destrucción de infraestructura vital, ataques indiscriminados y el impedimento sistemático de entregas de comida, medicinas y otros bienes esenciales.

Israel ha respondido con indignación a estos señalamientos. Ha calificado las acusaciones como un intento odioso de “libelo de sangre moderno” y un acto de antisemitismo disfrazado. En paralelo, busca invalidar las demandas en la CIJ y en la Corte Penal Internacional, donde el fiscal jefe ha emitido órdenes de arresto contra figuras clave del gobierno israelí acusadas de crímenes de guerra, incluyendo al primer ministro Benjamin Netanyahu.

¿Dónde queda la ayuda humanitaria imparcial?

En tiempos de guerra, los principios del derecho internacional humanitario —neutralidad, imparcialidad y humanidad— no deben violarse. Hoy, múltiples organizaciones denuncian que estos principios están siendo erosionados por intereses estatales, políticos y bélicos que instrumentalizan la ayuda como arma táctica.

Mientras los discursos diplomáticos van y vienen, los informes se acumulan y las fundaciones se financian, lo que es innegable es el deterioro profundo en las condiciones de vida de la población civil palestina. Más allá de banderas e ideologías, la humanidad está siendo testigo de una tragedia que, sin acción concreta, puede terminar marcada como una mancha imborrable en nuestra historia contemporánea.

La pregunta que resuena ahora es simple pero dolorosa: ¿cuánto tiempo más podrá el mundo mirar hacia otro lado?