La militarización de la frontera sur de EE.UU.: ¿Seguridad nacional o estado de excepción permanente?

Frontera en redefinición: la militarización avanza

Desde abril de 2025, el gobierno federal de Estados Unidos ha convertido vastos tramos de la frontera con México en zonas militarizadas, marcando un giro radical en el enfoque hacia la migración, la seguridad y el uso del territorio nacional. Los nuevos "corredores restringidos" abarcan ya casi un tercio—aproximadamente 750 kilómetros—de los más de 3,100 kilómetros que separan ambos países. Esta medida ha sido ejecutada sin aprobación del Congreso, bajo la bandera de una emergencia nacional decretada por el presidente Donald Trump en su regreso al poder.

Este movimiento supone una expansión sin precedentes del papel de las Fuerzas Armadas en funciones tradicionalmente civiles como la detención de migrantes, el patrullaje de tierras públicas y la imposición de restricciones de acceso. Mientras la narrativa oficial defiende la acción como una necesidad ante el flujo migratorio y las redes de contrabando, activistas de derechos humanos, funcionarios locales y ciudadanos ven en ella una amenaza latente a las libertades personales y al estado de derecho.

Del campo de batalla a la frontera: contexto histórico

El uso militar de la frontera no es nuevo. Ya en 1916, Pancho Villa cruzaba por Columbus, Nuevo México, con fuerzas revolucionarias que atacaron territorio estadounidense. El ejército respondió entonces. Pero lo que alguna vez fue una reacción puntual hoy se institucionaliza.

La misma área de Columbus vuelve ahora a estar en el foco, con letreros de "Área Restringida por orden del comandante" que proliferan en terrenos públicos y privadas donde se cultiva cebolla o se crían vacas. La militarización avanza desde Fort Hancock, Texas, hasta los límites del condado de Luna, en Nuevo México, y se prevé extenderse hasta el desierto de Yuma, Arizona.

Un nuevo muro legal

Más allá de las patrullas equipadas y las cámaras térmicas, la principal innovación de esta estrategia reside en el uso de figuras legales como el cargo de allanamiento militar. Desde la implementación de los corredores, más de 1,400 personas han sido acusadas por transitar sin autorización por territorio ahora bajo jurisdicción directa del Departamento de Defensa.

Un caso emblemático es el de una guatemalteca de 29 años que fue detenida mientras cruzaba parte del desierto. Aunque el juez desestimó la acusación por allanamiento por falta de pruebas, sí fue condenada por entrada ilegal y se le impuso una sentencia de dos semanas antes de su eventual deportación.

Estas decisiones judiciales se enfrentan a impugnaciones legales. El tribunal federal de Las Cruces, en el sur de Nuevo México, será en buena parte quien determine si esta militarización es constitucional. Un defensor público federal ya ha denunciado que la declaración de zonas militares sin intervención del Congreso es un "acto de trascendencia política sin precedentes".

Un pueblo dividido: voces desde el terreno

Los residentes del condado de Luna, donde el valor de la autonomía y el trabajo rural es fuerte, están profundamente divididos. James Johnson, un agricultor de cuarta generación, se muestra conforme con el nuevo enfoque: "Esto al fin da dientes a nuestras leyes", afirma.

En contraste, Ray Trejo, comisionado del condado y cazador local, denuncia que la creación de zonas de acceso restringido representa una agresión contra los derechos ciudadanos. "Ya no sabemos si podemos salir a cazar, a caminar por tierras públicas o portar un arma sin terminar en la cárcel", alertó.

Por su parte, Abbey Carpenter, líder de una organización de búsqueda de migrantes extraviados, se muestra angustiada: "Están cerrando acceso en zonas donde los migrantes se mueren. Tal vez hay más muertes, pero ya no tenemos cómo saberlo".

Menos cruces, pero más tensión

El ritmo de detenciones en la frontera sur ha caído al nivel más bajo desde 1966, con una reducción del 30% solo en junio de 2025. El día 28 del mismo mes, hubo apenas 137 arrestos, en contraste con los más de 10,000 casos diarios del otoño pasado.

Este descenso se atribuye tanto a las nuevas restricciones al asilo impuestas por Biden en 2024, como al endurecimiento de la vigilancia en territorio mexicano. No obstante, sectores críticos sostienen que la caída de detenciones no justifica instalar lo que algunos denominan un "estado de excepción sin fin".

Impacto colateral: la criminalización de la migración laboral

Muchos de los migrantes que cruzan estas zonas, ahora militarizadas, lo hacen impulsados por la demanda laboral dentro del sector agrícola estadounidense. Según el Departamento de Agricultura de EE.UU., más del 70% de los trabajadores del campo son inmigrantes indocumentados o con permisos temporales.

"Estamos hablando de personas que vienen a trabajar, ahora criminalizadas por transitar zonas que hace unos meses eran libres", sentencia Trejo. "La línea entre un campo de cebollas y un campo militar hoy ya no se puede ver".

Entre drones y rifles: la expansión silenciosa del Pentágono

Actualmente hay al menos 7,600 efectivos militares desplegados a lo largo de la frontera, cifra que continúa creciendo con la extensión de nuevas zonas estratégicas en Texas y Arizona. La naturaleza cambiante de estos despliegues eleva preocupaciones sobre qué tan lejos está dispuesto el gobierno a llegar para blindar el sur del país.

La preocupación también es jurídica: zonas equivalentes a dos veces el tamaño de Washington D.C. se han declarado fuera del alcance civil. Pese a ser territorios públicos, muchas veces gestionados por el Servicio de Parques Nacionales, hoy se consideran de "alta sensibilidad militar".

Activistas del medioambiente, excursionistas y comunidades indígenas que dependen de estos espacios para sus rituales denuncian que se les niega el acceso. "Es una violación al alma misma de estas tierras", afirmó un activista de la Nación Tohono O’odham.

¿Y ahora qué? El borde entre legalidad, política y humanidad

La pregunta fundamental es si esta estrategia representa un modelo sustentable o si, por el contrario, está erosionando valores fundamentales del sistema legal estadounidense. El incremento en poder militar, la erosión de derechos civiles y la criminalización de migrantes laborales podrían estar sentando un precedente preocupante.

Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han prometido llevar estos casos a instancias superiores, incluso ante la Corte Suprema, si es necesario. Mientras tanto, los tribunales locales y federales serán el campo de batalla inmediato.

“Estás cruzando una línea invisible que ni siquiera sabías que existía”, dijo un migrante interrogado tras ser arrestado. Lo invisible, lo difuso, lo arbitrario: todo parece estar en redefinición bajo el nuevo régimen fronterizo.

Un precedente global

Lo que sucede en la frontera sur de Estados Unidos podría tener repercusiones globales. Otros países ya contemplan estrategias similares de "zonas tampón" o protección territorial extrema. El riesgo de normalizar la militarización ante fenómenos humanitarios como la migración —profundamente arraigada en causas estructurales como pobreza, cambio climático o conflictos— es abrir la puerta a soluciones represivas a problemas socioeconómicos complejos.

Por ahora, la frontera sigue cargada de uniformes, alambres y ambigüedades. Pero frente a ello, las comunidades resisten, los activistas documentan y la justicia tantea el terreno. El problema no es solo de política migratoria; es una cuestión de hasta dónde estamos dispuestos, como sociedad, a tolerar el fuego cruzado entre seguridad y libertad.