¿Terrorismo o desobediencia civil? La polémica prohibición de Palestine Action en Reino Unido

El sábado 5 de julio de 2025, el corazón político de Londres fue testigo de un hecho que ha generado conmoción tanto en Reino Unido como en el resto del mundo: la detención de al menos 20 personas durante una protesta en apoyo al grupo activista Palestine Action. Esto ocurrió horas después de que el gobierno británico oficializara la prohibición del grupo bajo la Ley de Terrorismo del año 2000.

El caso de Palestine Action nos obliga a detenernos y analizar más profundamente: ¿estamos siendo testigos de un acto justo de seguridad nacional o de una alarmante deriva autoritaria contra la protesta política?

¿Quiénes son Palestine Action?

Desde su fundación en 2020, Palestine Action se ha caracterizado por ser un grupo directo y ruidoso, que practica la desobediencia civil para exigir el fin del apoyo militar británico al Estado de Israel. Sus acciones más notorias han sido dirigidas contra fábricas de armas y oficinas vinculadas con la empresa israelí Elbit Systems, la cual tiene contratos millonarios con el gobierno militar de Israel.

La táctica de Palestine Action ha sido clara: interrumpir y dañar simbólicamente infraestructura vinculada al comercio de armas. En su agenda no hay atentados con víctimas fatales ni violencia personal; sus protestas utilizan pintura roja simulando sangre, cadenas humanas y ocupaciones temporales de edificios. Según sus declaraciones, su objetivo es “exponer el papel activo que juega Reino Unido en la ocupación ilegal de Palestina”.

El punto de quiebre: RAF Brize Norton

La gota que rebalsó el vaso llegó el pasado 20 de junio, cuando activistas de Palestine Action se infiltraron en la base aérea militar de RAF Brize Norton en Oxfordshire. Durante la incursión, utilizaron pinturas rojas y herramientas para dañar dos aviones militares, generando un costo estimado de 7 millones de libras esterlinas (alrededor de 9,4 millones de dólares).

Cuatro personas, de entre 22 y 35 años, fueron arrestadas y luego acusadas formalmente de conspiración para causar daños y de acceso a instalaciones restringidas con fines contrarios a los intereses del Reino Unido.

¿Protesta pacífica o acto terrorista?

Hasta ese momento, los daños materiales —aunque significativos— eran parte de protestas sin sangre ni muertes. Sin embargo, el gobierno del primer ministro Rishi Sunak reaccionó con contundencia, moviendo rápidamente la maquinaria legislativa para proscribir el grupo bajo la Ley de Terrorismo.

La medida entró en vigor a la medianoche del viernes 4 de julio y convierte automáticamente en delito:

• Ser miembro de Palestine Action
• Apoyar públicamente al grupo
• Mostrar símbolos asociados a él

Todas estas acciones podrían derivar en penas de hasta 14 años de prisión.

Una historia de proscripciones bajo la Ley Antiterrorista

Actualmente, el Reino Unido tiene 81 organizaciones prohibidas bajo esta legislación, incluidas Hamas, Al Qaeda y el Estado Islámico. La inclusión de Palestine Action, un grupo cuyo historial no incluye muertes, plantea una comparación preocupante.

En una sociedad democrática, ¿debe ser igualado un grupo que lanza pintura a un bombardero con otro que realiza atentados suicidas?

Reacciones desde las calles

El sábado por la mañana, un pequeño grupo de manifestantes se reunió bajo la estatua de Mahatma Gandhi en Parliament Square, portando pancartas que decían: “Me opongo al genocidio. Apoyo a Palestine Action”. Fueron rápidamente interceptados por la policía metropolitana, que detuvo al menos a 20 personas por violar la nueva normativa antiterrorista.

Testigos relatan escenas impactantes: una mujer esposada en el suelo fue cargada por agentes hasta una camioneta policial. Testigos y activistas calificaron las acciones policiales de “desproporcionadas” y “opresivas”.

Discurso oficial vs. crítica pública

“Palestine Action está proscrita y los oficiales actuarán cuando se cometan delitos”, dijo la policía en un comunicado que remitía a la ley como justificación de los arrestos.

Desde el otro lado, voces defensoras de la libertad de expresión y derechos humanos no tardaron en reaccionar. La organización Defend Our Juries, coorganizadora de la protesta, calificó la prohibición como “una escalada autoritaria sin precedentes en la historia moderna del Reino Unido”.

“Lo que hemos visto aquí es el silenciamiento de la disidencia política mediante la criminalización de quienes protestan contra crímenes de guerra”, dijo una de sus representantes.

¿Qué dice la ley realmente?

La Sección 3 de la Ley de Terrorismo de 2000 permite al Ministro del Interior prohibir una organización si tiene motivos razonables para creer que está implicada en terrorismo. Los criterios incluyen:

• Uso o amenaza de violencia grave
• Promoción de ataques terroristas
• Creación de un ambiente para el terrorismo

Sin embargo, expertos señalan que ninguno de los actos llevados a cabo por Palestine Action cumple claramente estos criterios.

“La ley fue diseñada para combatir redes letales, no para silenciar activistas con latas de pintura y pancartas”, afirmó el analista legal británico Mark Curtis.

¿Por qué ahora?

La pregunta que muchos se hacen es por qué se ha aplicado una medida tan severa ahora. La respuesta podría estar en el contexto internacional: el conflicto en Gaza se ha intensificado considerablemente desde finales de 2023, y el Reino Unido ha renovado contratos estratégicos militares con Israel.

La presión diplomática y mediática sobre Westminster ha sido fuerte, especialmente tras revelarse nuevas transferencias de tecnología militar desde empresas británicas hacia las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), en medio de señalamientos de violaciones al derecho internacional humanitario.

La historia se repite: Gandhi, los sufragistas, los mineros

El simbolismo no pasó desapercibido: los manifestantes fueron desalojados precisamente junto a la figura de Mahatma Gandhi, ícono de la desobediencia civil. También en Reino Unido, movimientos como el sufragismo liderado por Emmeline Pankhurst, o las huelgas mineras de los años 80, fueron catalogados en su momento por autoridades como “subversivos”.

Hoy, muchos observadores advierten que la línea entre defender la seguridad y reprimir la democracia parece más delgada que nunca.

¿Y ahora qué?

Con el grupo oficialmente prohibido, y las detenciones en marcha, queda abierta una pregunta fundamental: ¿cómo responderá la sociedad civil? Organizaciones de derechos humanos como Amnesty International y Liberty ya han manifestado preocupación. Es probable que se presenten desafíos jurídicos en tribunales europeos, alegando violaciones a la Carta de Derechos Humanos.

Al mismo tiempo, la historia enseña que cuando se reprime a los movimientos sociales, estos tienden a mutar, fortalecerse o radicalizarse. Lo que comienza como una acción contra el comercio de armas podría convertirse en un debate esencial sobre los límites de la libertad política en Reino Unido.

Más allá del caso británico

Lo sucedido este mes en Londres debe servir como llamada de atención en otros contextos. A medida que los gobiernos democráticos enfrentan crecientes protestas relacionadas con crisis humanitarias como la de Gaza, el peligro de equiparar protesta con terrorismo se hace más presente.

Valdría la pena recordar las palabras de George Orwell, quien advirtió que “la libertad es el derecho a decirle a la gente lo que no quiere oír”.

Una sociedad vigilante, una democracia saludable

El caso de Palestine Action no solo nos habla de un grupo activista. Nos confronta con el alma de nuestras sociedades democráticas: ¿aceptaremos que protestar se convierta en delito, o nos aseguraremos de que siga siendo un derecho fundamental?

De nuestras respuestas dependerá el futuro de nuestras libertades.