¿Puede una jueza proteger los derechos humanos sin terminar en el banquillo? El caso de Hannah Dugan sacude a Wisconsin

Una jueza bajo la lupa federal

Hannah Dugan, jueza del Tribunal de Circuito del Condado de Milwaukee, enfrenta uno de los casos más polémicos de los últimos años en la judicatura estadounidense. Fue arrestada en abril e imputada en mayo por presuntamente ayudar a un inmigrante en situación irregular a evadir agentes de inmigración federales que esperaban en su tribunal para detenerlo.

Esta acusación, aunque en apariencia legalista, ha detonado agudos debates sobre el papel de los jueces estatales frente a las leyes migratorias federales, la integridad judicial e incluso la naturaleza misma de la ética judicial y del federalismo en EE.UU.

¿De qué se le acusa a Hannah Dugan?

La fiscalía federal sostiene que la jueza Dugan escoltó personalmente al inmigrante Eduardo Flores-Ruiz, de 31 años, y a su abogado, a través de una puerta trasera del tribunal en abril, tras enterarse de la presencia de agentes de Immigration and Customs Enforcement (ICE) que aguardaban para arrestarlo. Poco después, los agentes capturaron a Flores-Ruiz tras una breve persecución a pie fuera del juzgado.

Las acusaciones formales contra Dugan incluyen un cargo menor de "encubrimiento de una persona para evitar su arresto" y otro mayor por "obstrucción", que constituye una felonía. De ser hallada culpable, podría enfrentarse a seis años de cárcel y una multa de hasta 350,000 dólares.

La defensa: inmunidad judicial y soberanía estatal

La estrategia legal de la defensa se basa principalmente en dos argumentos: que Dugan actuó en su calidad de jueza, y por lo tanto, está protegida por inmunidad judicial, y que la acusación representa una extralimitación de los poderes federales, violando la soberanía del estado de Wisconsin.

Su abogado, Steven Biskupic, exfiscal federal, expresó: “Estamos decepcionados con la recomendación de la jueza magistrada. Esto es sólo un paso en lo que esperamos sea un largo recorrido para preservar la independencia e integridad de nuestros tribunales”.

La recomendación de la magistrada Nancy Joseph

El lunes, la jueza federal magistrada Nancy Joseph recomendó que no se desestimen los cargos, dejando claro que la inmunidad judicial no aplica a procesos penales. Según Joseph:

“Las acciones de una jueza, incluso realizadas en su capacidad oficial, no son inmunes a procesamiento penal si dichas acciones violan la ley criminal”.

Además, indicó que las disputas fácticas y jurídicas que subyacen al caso deben ser resueltas por un jurado, no en una moción preliminar de desestimación. Esta recomendación, aunque no vinculante, pone sobre la mesa el principio jurisprudencial de que el estatus judicial no equivale a impunidad penal automática.

El trasfondo político: eco de políticas migratorias y tensiones federales

Este caso no ocurre en el vacío. Durante el mandato de Donald Trump, el conflicto entre políticas migratorias federales y jurisdicciones locales alcanzó niveles sin precedentes. Las llamadas "ciudades santuario" y ahora “jueces santuario”, como ha sido apodada Dugan por sectores conservadores, representaron una resistencia local a políticas migratorias restrictivas y a incursiones con pocos controles de ICE.

Los críticos sostienen que el gobierno intenta utilizar el caso para enviar un mensaje disuasorio a otros miembros del aparato judicial que obstruyan, o incluso duden, la aplicación estricta de la ley inmigratoria.

Un caso similar surgió en Massachusetts en 2019, cuando la jueza estatal Shelley Joseph fue acusada de permitir que un inmigrante evadiera una captura por ICE. Ese caso terminó siendo desestimado, aunque la batalla judicial fue extensa y desgastante.

¿Dónde trazamos la línea entre justicia y legalidad?

Este caso reaviva una discusión histórica: ¿es posible que actuar éticamente —incluso desde un cargo judicial— implique violar una ley? Y más aún, ¿debería un juez ser procesado penalmente por ejercer criterio en defensa de derechos humanos fundamentales?

“Es una cuestión moral tan compleja como legal”, dice Ana María Ponce, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de California, Berkeley.

“Históricamente, jueces han actuado contra leyes injustas y han sido recordados como héroes. Pero el sistema legal estadounidense aún tiene pocas herramientas para distinguir entre desobediencia civil judicial y delito”.

Implicaciones para la independencia judicial

Procesar a una jueza por suposiciones de desobediencia puede establecer un precedente peligroso. Si se refuerza la idea de que jueces estatales deben someterse sin cuestionamientos a operativos federales —aún dentro de sus propios tribunales— la independencia judicial puede verse erosionada.

La Asociación Nacional de Jueces Estadounidenses lanzó una breve declaración advirtiendo que “el gobierno debe tener especial cuidado en no vulnerar los principios básicos de separación de poderes al criminalizar decisiones adoptadas en salas judiciales”.

El componente humano: los rostros ocultos de la política migratoria

Eduardo Flores-Ruiz, el inmigrante cuyo arresto desató la tormenta judicial, se convirtió en un símbolo para muchas organizaciones defensoras de derechos migrantes. Aunque se sabe poco públicamente de su situación, su caso ilustra el dilema de miles que enfrentan posibles deportaciones abruptas tras años de vivir y trabajar en EE.UU.

La contrastante imagen de una jueza que, posiblemente, decidió proteger la dignidad humana por encima de la letra fría de la ley, genera apoyo entre sectores civiles que ven en su acción un acto de coraje, mientras es vista por otros como una violación clara a su deber institucional.

¿Juicio o ajuste de cuentas ideológico?

Algunos expertos opinan que lo que está en juego no es simplemente el destino legal de Dugan, sino el mensaje que se quiere enviar a toda la profesión judicial. En tiempos polarizados, cualquier oposición institucional a la narrativa oficial conlleva consecuencias profundas.

“Aquí el juicio también será simbólico. ¿Puede un funcionario judicial levantar la voz contra un sistema percibido como injusto sin ser perseguido?”, plantea el jurista Luis Ferrer de la Universidad de Georgetown.

No hay fecha para el juicio, pero el desenlace impactará más allá de Wisconsin

Hasta ahora, no se ha fijado una fecha para el inicio del juicio. Sin embargo, se anticipa que este proceso atraerá la atención tanto de medios como de organizaciones civiles, ya que muchos lo consideran un caso emblemático en la actual coyuntura entre federalismo, migración, y sistemas de justicia.

Si se confirma la acusación, podría asentar la idea de que ya no hay espacios autónomos del poder federal, ni siquiera una corte estatal. Si Dugan es absuelta, podría interpretarse como una reafirmación de la resistencia judicial a excesos constitucionales.

En cualquiera de los escenarios, este proceso marcará una pauta en la historia reciente del estado de derecho en los Estados Unidos.