El show de la fuerza federal en Los Ángeles: ¿protección o intimidación a la comunidad inmigrante?

El 7 de julio de 2025, los residentes de Los Ángeles despertaron con una escena que parecía sacada de una película de guerra: más de 90 miembros de la Guardia Nacional de California, agentes federales montados a caballo y vehículos blindados se desplegaron durante una hora en MacArthur Park, un barrio emblemático con una densa población inmigrante. La operación, que no fue previamente anunciada a los residentes, dejó inquietud, protestas espontáneas e interrogantes que aún retumban en el aire angelino.

MacArthur Park: un símbolo de comunidad e historia migrante

Ubicado en el corazón de Los Ángeles, el parque MacArthur no solo es un pulmón verde para la ciudad, sino también un epicentro cultural, social y económico para miles de migrantes latinoamericanos, en su mayoría de origen salvadoreño, guatemalteco y mexicano. A lo largo de las décadas, este lugar ha sido refugio, punto de encuentro y símbolo de resistencia para comunidades que enfrentan a diario los retos sistémicos de discriminación, pobreza y marginación policial.

Es precisamente esta carga simbólica la que convierte al operativo federal del 7 de julio en algo más que una simple acción de seguridad. Como bien lo expresó la activista comunitaria Rosa Gutiérrez: "Cuando vienen con tanques, caballos y uniformes negros a nuestro parque, no están mandando un mensaje de paz. Están diciendo que nos quieren fuera".

¿Por qué se desplegó la Guardia Nacional?

Las autoridades federales no han ofrecido una explicación clara sobre el motivo exacto del despliegue. A través de una escueta declaración, se indicó que se trató de "un operativo conjunto para garantizar la seguridad pública y realizar tareas de inspección en zonas de alta densidad migratoria". No obstante, ni se realizaron detenciones masivas, ni se reportaron incidentes de violencia previos que justificaran tal despliegue militarizado.

Para muchos, este operativo se percibe como parte de una estrategia más amplia y peligrosa: la creciente utilización de las fuerzas armadas para tareas civiles, en especial en contextos vinculados con políticas migratorias. Una tendencia que ha ido en aumento especialmente desde 2018, con la firma de órdenes ejecutivas que autorizaban a tropas federales a colaborar en la frontera y apoyar operaciones domésticas.

Reacción política: Karen Bass y la tensión entre niveles de gobierno

La presencia de la alcaldesa Karen Bass frente a los agentes federales en el parque fue uno de los actos más comentados del día. En una postura visiblemente tensa, la líder municipal confrontó a un agente de patrulla fronteriza y, posteriormente, en una declaración pública, calificó la operación como "innecesaria e intimidante".

Bass, quien ha abogado por una política más humanitaria para gestionar la migración y la seguridad urbana, denunció que su administración no fue informada anticipadamente del despliegue. Este hecho alimenta un conflicto institucional latente: el desalineamiento entre el gobierno federal y las autoridades municipales respecto a cómo abordar la seguridad en comunidades inmigrantes.

La militarización de la seguridad: una tendencia preocupante

Estados Unidos no es ajeno a la militarización policial. El uso de equipamiento militar —incluidos vehículos blindados tipo MRAP, drones de vigilancia, armas automáticas y tácticas de guerra— por parte de fuerzas civiles ha crecido exponencialmente en las últimas dos décadas. Según la ACLU, desde 1997 el Departamento de Defensa ha transferido más de 7.400 millones de dólares en equipos militares a departamentos de policía locales a través del programa 1033.

Especialistas como Radley Balko, autor del libro The Rise of the Warrior Cop, advierten que esta tendencia crea un entorno de confrontación, en el que las autoridades ven a los ciudadanos —especialmente a los más vulnerables— como "enemigos" y no como personas a las que deben proteger.

Una comunidad en alerta

Lo ocurrido en MacArthur Park dejó heridas emocionales abiertas. Fotografías impactantes muestran a personas durmiendo en el suelo frente a las filas de agentes, a manifestantes con carteles escritos a mano que claman "Aquí vivimos, aquí resistimos", y a niños observando con miedo desde los balcones de edificios cercanos. Una postal inquietante en pleno 2025, que recuerda tiempos de redadas masivas y toques de queda.

Organizaciones como CHIRLA (Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Angeles) y CARECEN están ofreciendo asesoría legal gratuita a quienes temen represalias. Al mismo tiempo, han convocado a marchas y vigilias con velas en los días siguientes al operativo.

El debate que renace: ¿qué papel debe jugar el Estado en las comunidades inmigrantes?

A raíz del despliegue, resurgen nuestros eternos dilemas: ¿Protección o represión? ¿Orden o intimidación? ¿Integración o exclusión?

En Estados Unidos, los inmigrantes constituyen el 13.7% de la población total, según el Censo del 2020. Estos ciudadanos, regularizados o no, trabajan en industrias esenciales, pagan impuestos y dinamizan la economía. En ciudades como Los Ángeles, no solo sostienen estructuras como la construcción, limpieza y alimentos, sino que dan forma a la cultura e identidad de la metrópolis.

Pese a ello, siguen siendo blanco de políticas de “mano dura” que rara vez se aplican en otras zonas urbanas con características diferentes.

El miedo como táctica política

No es coincidencia que el operativo ocurra en un contexto electoral incierto con un ambiente político en caliente. Las políticas migratorias han sido utilizadas históricamente como herramientas de polarización. Desde los discursos de "invasión" hasta la creación de caravanas ficticias en años de elecciones, el miedo al "otro" ha demostrado ser un arma eficaz para movilizar votantes.

Esta estrategia, basada en el pánico moral, logra desviar la atención de problemas estructurales reales como el acceso a la sanidad, la crisis del cambio climático o la desigualdad creciente, canalizando el resentimiento de sectores descontentos hacia comunidades que, precisamente, también están sufriendo esos mismos problemas.

¿Y ahora qué?

• ¿Volverá a repetirse un operativo de este tipo?
• ¿Responderá el gobierno federal al rechazo generalizado?
• ¿Se abrirá una investigación sobre el accionar de las fuerzas?

Mientras tanto, MacArthur Park sigue en pie. Al día siguiente del despliegue, los vendedores ambulantes volvieron con sus pupusas y tamales. Los niños corrieron detrás de las palomas. Y las banderas de El Salvador, Guatemala y México volvieron a ondear con orgullo.

Porque, como dijo una vecina al ser entrevistada: “Este parque es nuestro. Y aunque vengan con tanques o helicópteros, aquí nos van a seguir viendo”.