Las leyes electorales de Georgia bajo la lupa: certificar o no certificar, ese ya no es el dilema

Un fallo que marca un antes y un después

En un momento en el que la confianza en los procesos democráticos de Estados Unidos enfrenta tensiones sin precedentes, el sistema judicial de Georgia ha enviado un mensaje contundente: la ley debe respetarse, incluso cuando entran en juego los fuegos cruzados de la política. El Tribunal de Apelaciones de Georgia reafirmó recientemente el fallo del juez Robert McBurney, que obliga a los funcionarios electorales a certificar los resultados electorales a más tardar al lunes siguiente a la jornada electoral (martes si es feriado), sin excepciones.

Este fallo responde a una acción legal iniciada por Julie Adams, miembro republicana de la junta electoral del condado de Fulton, quien se negó a certificar los resultados de las elecciones primarias de 2022 alegando objeciones. Sin embargo, el tribunal determinó que ni Adams ni ningún otro funcionario tienen el derecho de abstenerse de cumplir con este deber administrativo fundamental.

¿Quién es Julie Adams y por qué su negativa causó tanto revuelo?

Julie Adams representa una tendencia creciente dentro del Partido Republicano en varios estados clave: la noción de que el desacuerdo político o la sospecha infundada pueden justificar vulneraciones al proceso electoral. Si bien Georgia fue uno de los campos de batalla más intensos en las elecciones de 2020, su relevancia no ha decaído.

Adams presentó su negativa como un acto de conciencia y vigilancia democrática, pero el sistema judicial lo interpretó como una violación directa de la ley. Como señaló el propio juez McBurney:

“Ningún superintendente electoral o miembro de una junta de elecciones puede negarse a certificar los resultados bajo ninguna circunstancia.”

El mensaje es claro: la ley no es una opción ni un arma política, sino un pilar del sistema democrático.

De la función administrativa a la lucha política

La certificación de resultados había sido, históricamente, un proceso meramente formal. Los funcionarios tabulan los votos, los revisan por irregularidades contables urgentes (como si hay más votos que votantes) y luego los certifican. Sin embargo, desde las elecciones de 2020, esta función se ha convertido en un campo de batalla ideológico, especialmente después de que el expresidente Donald Trump buscara revertir su derrota alegando, sin pruebas, un fraude generalizado.

El caso de Georgia es particularmente simbólico. Recordemos que fue uno de los estados donde Trump presionó directamente a funcionarios, como el Secretario de Estado Brad Raffensperger, y donde cientos de observadores y votantes temieron por la integridad del proceso. Hoy, años después, el fuego aún no se ha extinguido.

¿Qué dice exactamente la ley de Georgia?

• Los superintendentes del condado deben certificar los resultados antes de las 17:00 horas del lunes posterior a las elecciones.
• En caso de feriado, se acuerda una prórroga hasta el martes.
• Solo pueden revisar documentos si el número de votos supera al de votantes registrados en una mesa determinada, limitando así el alcance de cualquier inspección a anomalías verificables.

Según McBurney, si existen sospechas de fraude o error, los funcionarios no pueden suspender la certificación. En cambio, deben colaborar con las autoridades penales o presentar impugnaciones judiciales formales.

Una respuesta institucional al caos post-Trump

El contexto de este fallo no puede entenderse sin observar el intento fallido de Donald Trump por revertir el resultado de las elecciones de 2020. Tras perder con más de 7 millones de votos a nivel nacional, su equipo legal también fracasó en más de 60 demandas. Aun así, sembró una semilla de desconfianza en millones de estadounidenses, muchos de los cuales creen que los resultados fueron falsificados, a pesar de que no se halló evidencia sustancial de fraude.

Varios funcionarios simpatizantes de Trump se negaron a certificar elecciones en estados como Arizona, Wisconsin y Georgia. Algunos incluso enfrentan procesos legales por obstaculizar el proceso democrático. En ese sentido, la decisión del tribunal en Georgia ofrece una guía para otros estados: el poder no lo tienen las percepciones personales o partidarias, sino la ley.

La ironía de verificar sin pruebas

Uno de los elementos más interesantes del fallo de McBurney es cómo deja en claro que la ley ya prevé mecanismos de revisión cuando se detectan irregularidades. Pero lo que no permite es usar preocupaciones infundadas como excusas para frenar el proceso.

En sus palabras:

“La ley de Georgia permite revisar solo si hay evidencia de discrepancias numéricas manifiestas. No es un cheque en blanco para rechazar resultados si a algún miembro de la junta no le gustan.”

Este matiz legal es fundamental porque distingue entre lo que es una preocupación legítima y lo que se convierte en una artimaña política para dilatar o socavar unos resultados legítimos.

¿Es este fallo el inicio del fin de la era de la desconfianza electoral?

Probablemente no. En un escenario político donde uno de los partidos principales aún dedica esfuerzos significativos a cuestionar el sistema electoral, los fantasmas del “Big Lie” —la narrativa del gran fraude electoral— siguen vivos. Sin embargo, lo sucedido en Georgia marca, al menos, un punto de anclaje legal desde el cual otras cortes pueden actuar.

Este tipo de precedentes serán claves para el ciclo electoral de 2028, especialmente si figuras polarizantes regresan al foco presidencial, como el propio Trump o alguno de sus protegidos.

¿Qué puede hacer el ciudadano común ante estos episodios?

1. Informarse: Comprendiendo el rol que tiene cada funcionario y qué dice exactamente la ley se puede ejercer mejor la participación ciudadana.
2. Votar: No solo en elecciones generales, sino también en las locales, donde se eligen las juntas electorales del condado.
3. Exigir rendición de cuentas: Cuando un miembro de la junta se niega a certificar sin fundamento, puede y debe ser investigado o incluso removido conforme a los mecanismos legales.

Un eco que se extiende: otros estados observan

Aunque el fallo tiene jurisdicción únicamente sobre Georgia, su impacto se sentirá en otros lugares. Estados como Pennsylvania, Michigan y Arizona han vivido episodios similares. Este precedente ofrecerá argumentos de peso en los próximos desafíos legales que, a la luz de las elecciones futuras, seguramente se presentarán.

Como afirmó Edward Foley, profesor de derecho electoral en Ohio State University:

“Los estados deben capturar estas decisiones judiciales como momentos pedagógicos, para recordar a los funcionarios que el voto popular no es negociable.”

Reflexión final

Los sistemas democráticos no se sostienen solamente con leyes, sino con personas dispuestas a respetarlas incluso cuando su partido, su líder o su grupo ideológico no obtienen los resultados deseados. Certificar los resultados de unas elecciones es una de las tareas más elementales para sostener la república. Rechazar este acto sin pruebas no es un gesto de nobleza ni resistencia cívica: es, simple y llanamente, una amenaza a la democracia.