Militarización en MacArthur Park: cuando la política migratoria se convierte en espectáculo
Una mirada crítica a la operación federal en Los Ángeles y su impacto en comunidades inmigrantes
El espectáculo de la fuerza: una mañana de confusión y temor en MacArthur Park
El pasado lunes, uno de los parques más emblemáticos de Los Ángeles se convirtió súbitamente en el epicentro de una llamativa –y polémica– operación federal. Con alrededor de 90 tropas de la Guardia Nacional y decenas de agentes federales desplegados en MacArthur Park, la escena fue descrita por testigos y autoridades locales como un acto de intimidación contra comunidades vulnerables. Aunque no se realizaron arrestos visibles, el mensaje fue claro: mostrar poder en un barrio profundamente inmigrante, en línea con la agenda dura de deportación del expresidente Donald Trump.
MacArthur Park: símbolo de diversidad y resistencia
MacArthur Park, llamado así en honor al general Douglas MacArthur desde 1942, ha sido históricamente un refugio y punto de encuentro para comunidades inmigrantes. Situado en el canal oeste de Downtown LA, este espacio público ha evolucionado desde finales del siglo XIX —cuando era solamente un lodazal— hasta ser “la Ellis Island de la Costa Oeste”. En las últimas décadas, se ha convertido en hogar para poblaciones indígenas de México y Centroamérica, así como otras comunidades inmigrantes.
Además de ser un pulmón verde urbano, MacArthur Park acoge oficinas de defensa legal, organizaciones de derechos de inmigrantes y eventos comunitarios como las históricas marchas del 1 de mayo. En 2007, estas manifestaciones concluyeron con una polémica represión policial, terminando en demandas judiciales y una compensación de $12,8 millones por uso excesivo de la fuerza. Todo esto le otorga al parque una carga simbólica de resistencia y construcción comunitaria, un contexto que hace aún más polémica la reciente operación militarizada.
Instrumentalización política del miedo
El despliegue se produjo sin explicación previa. Decenas de vehículos tácticos, incluidos 17 Humvees y cuatro vehículos blindados, causaron conmoción entre vecinos y activistas. Equipos tácticos marcharon por el parque frente a niños de un campamento de verano, quienes fueron apresuradamente llevados a lugares seguros para evitar traumas. La alcaldesa Karen Bass interrumpió su camino a la alcaldía para presenciar la escena en persona, manifestando su consternación públicamente.
Junto con el gobernador Gavin Newsom, Bass denunció la acción como una “maniobra política” y acto de intimidación contra la comunidad inmigrante. Ambos destacaron la utilización de tropas de la Guardia Nacional para funciones cercanas a la **coacción migratoria directa** –algo habitualmente prohibido bajo las leyes federales– como un abuso del poder presidencial.
Un paso más allá: ¿Militares haciendo cumplir la ley?
El Pentágono insiste en que los soldados no participaron en arrestos, pero su sola presencia, acompañada de vehículos militares y uniformes tácticos, provocó alarma. A finales de junio, Trump había ordenado el despliegue de 4,000 tropas de la Guardia Nacional y 800 marines activos a California, decisión tomada en contra del gobernador Newsom.
Legalmente, esta acción roza los límites del Posse Comitatus Act, una ley surgida tras la Reconstrucción que impide al gobierno federal usar a los militares para hacer cumplir la ley civil sin previa aprobación legislativa, salvo situaciones excepcionales como en el caso de la Ley de Insurrección. Hasta el momento, no se ha confirmado si la Casa Blanca busca recurrir a esta norma, lo que abriría un debate legal y constitucional de amplias dimensiones.
¿Qué mensaje se quiso mandar?
Para muchos líderes comunitarios, el mensaje fue inequívoco: mostrar fuerza para sembrar miedo. Eunisses Hernández, concejala cuyo distrito incluye MacArthur Park, declaró con firmeza: “Este parque fue elegido porque representa exactamente aquello que esta administración está tratando de destruir: resiliencia, diversidad y el sueño americano”.
Organizaciones proinmigrantes reaccionaron inmediatamente, desplegando alertas en redes sociales para pedir a la comunidad evitar el parque. A pesar de que no se produjeron arrestos ni confrontaciones directas, el impacto fue profundo. Chris Newman, del National Day Laborer Organizing Network, dijo que recibió una advertencia creíble sobre un operativo inminente y que el parque lucía desierto como nunca antes. “Es una especie de ciudad fantasma, y es estremecedora”, expresó.
El espectáculo de la intimidación como táctica
La presencia de soldados armados apunta menos hacia objetivos operativos y más hacia la producción de un efecto visual y psicológico. En palabras de la residente local Betsy Bolte: “Fue desgarrador verlo... Es terror en las calles de una ciudad estadounidense”. Según varios vecinos, helicópteros militares sobrevolaron la zona desde la madrugada, aumentando la sensación de alarma aún antes de la irrupción terrestre.
Esta presencia militarizada, disfrazada como asistencia logística, desliza al país hacia un precedente preocupante de normalización de operaciones militares en espacio urbano y civil. El uso simbólico del miedo para moldear las políticas públicas no es nuevo, pero su brutalidad visual sigue sorprendiendo.
Preocupación legal y precedentes históricos
Legalmente, se enfrenta una tormenta. Newsom ya ha iniciado una demanda contra la administración federal por la activación y uso interno de las tropas. En la historia reciente de Estados Unidos, el uso de tropas activas en territorio nacional ha estado regulado y estrictamente limitado por temor a abusos de poder, derivados principalmente de recuerdos de la Guerra Civil y los disturbios raciales de los años 60.
El hecho de que estos despliegues se realicen bajo órdenes presidenciales directas sin consulta al Congreso estatal, plantea serias dudas sobre el futuro de la separación de poderes en temas de seguridad interna.
El miedo no es política pública
La política migratoria no puede ni debe implementarse a través del miedo colectivo. Como han señalado múltiples líderes comunitarios y defensores de derechos humanos, estas acciones no sólo violan la confianza de comunidades enteras, sino que sientan un peligroso antecedente de caracter militarista y xenofóbico.
Mientras tanto, quienes trabajan todos los días en MacArthur Park, ayudan a personas sin hogar o tratan adicciones desde organizaciones sin fines de lucro, ven con preocupación que sus esfuerzos de confianza y apoyo comunitario se vean amenazados por una sola hora de militarización.
La inmigración en California es historia, aporte y presente. Convertirla en blanco de actos espectaculares con tono militar —con niños observando desde sus veredas— no hace honor a la justicia ni al país que dice defender «libertad y justicia para todos».
Más allá del operativo: ¿qué sigue?
La respuesta institucional tiene ahora dos frentes: el legal y el social. Legalmente, las cortes tendrán que determinar si esta operación violó normas constitucionales y, potencialmente, los derechos civiles de quienes viven o transitan por el área. Socialmente, la reconstrucción de la confianza y la dignidad colectiva será una tarea lenta, que implica escuchar a las comunidades, ofrecer reparaciones justas y garantizar que este tipo de intervenciones no se repitan.
La historia juzgará este capítulo como un triste recordatorio de cómo el poder, cuando se ejerce sin límites, puede convertirse en espectáculo. Y como todo espectáculo, terminará. Pero sus cicatrices persistirán en los niños que vieron soldados pasar por su parque. En las familias que no salieron de sus casas por temor. Y en el tejido social que costará volver a sanar.