El rancho del horror: El oscuro legado del CJNG en Teuchitlán

El reciente fallo judicial contra diez hombres vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha destapado nuevamente una de las historias más oscuras del crimen organizado en México: el macabro uso de propiedades rurales como centros de reclutamiento, tortura y desaparición. En el caso específico del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, emergen no solo los horrores del narco, sino la negligencia y complicidad institucional que lo permitieron.

141 años por cabeza: el peso del castigo

El martes pasado, un tribunal mexicano sentenció a 10 individuos a 141 años y tres meses de prisión cada uno por su participación en los atroces crímenes cometidos en un rancho utilizado por el CJNG. Cada uno deberá, además, pagar 1.3 millones de pesos (unos 65,000 USD) como indemnización a las familias de tres víctimas documentadas en el caso.

El rancho fue intervenido por primera vez en septiembre de 2024 por la Guardia Nacional, luego de que la fiscalía estatal permaneciera inactiva durante meses. Durante esa operación, se halló un cuerpo y se capturaron a dos hombres en flagrancia.

El sitio del crimen: Rancho Izaguirre

Ubicado en el municipio de Teuchitlán, el Rancho Izaguirre fue convertido por el CJNG desde 2021 en una especie de cuartel de operaciones. Ahí se reclutaban jóvenes, muchos involuntariamente, y se entrenaban para ingresar a las filas del cártel. También se ejecutaban a aquellos considerados "indeseables" o que intentaban desertar.

La organización Guerreros Buscadores de Jalisco, dedicada a encontrar desaparecidos, halló en marzo de 2024 múltiples vestigios humanos junto a ropa calcinada y decenas de zapatos. La escena reflejaba una mecánica de exterminio brutal y metódica.

Los otros implicados: entre policía y política

El caso judicial aún no ha concluido. Otros cinco individuos siguen en proceso, incluyendo a tres policías municipales, un presunto reclutador del CJNG y, en una de las revelaciones más impactantes, el alcalde de Teuchitlán, José Murguía Santiago.

Murguía fue arrestado poco después de que el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, revelara que desde 2021 la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco había advertido formalmente sobre las irregularidades en el rancho sin recibir respuesta de las autoridades locales.

Impunidad institucional: ¿complicidad o negligencia?

Las alarmas habían sonado hace años, pero el silencio institucional fue ensordecedor. Según los documentos filtrados, la fiscalía de Jalisco no movilizó a agentes forenses ni abrió una carpeta de investigación adecuada hasta que la denuncia fue retomada por medios y activistas.

Cuando la Guardia Nacional finalmente intervino en septiembre, quedó al descubierto la magnitud del crimen. Fue a partir de ahí que la Fiscalía General de la República tomó el control del caso, evidenciando nuevamente el colapso de las autoridades locales ante las mafias.

Negar lo evidente: la controversia de los hornos

En abril, estalló una polémica cuando el Fiscal Gertz Manero negó públicamente la existencia de fosas o sitios de cremación en el rancho. Sin embargo, Guerreros Buscadores de Jalisco desmintió casi de inmediato estas declaraciones asegurando que se habían entregado al menos 17 conjuntos de restos óseos calcinados a los servicios forenses.

“Decir que no hay hornos es revictimizar a las familias que han ido a recoger pedacitos de huesos quemados en el suelo”, dijo un vocero del colectivo.

Rancho Izaguirre y los 130,000 desaparecidos de México

El horror de Teuchitlán es solo un caso más en un panorama nacional desgarrador. México supera los 130,000 desaparecidos desde 2006, muchos de ellos víctimas del crimen organizado. Tan solo en Jalisco se concentra casi el 15% del total, según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

La ONU y Amnistía Internacional han insistido en la necesidad de crear una comisión independiente para investigar la desaparición forzada en el país, señalando a menudo la colusión entre autoridades y criminales como uno de los principales obstáculos.

La estrategia del CJNG: terror y expansión

El CJNG es uno de los cárteles más poderosos y violentos del mundo. Su crecimiento ha sido vertiginoso desde su ruptura con el Cártel de Sinaloa en la década pasada. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, tiene presencia en al menos 24 estados mexicanos y conexiones logísticas en América, Asia y Europa.

Este grupo criminal emplea una estrategia híbrida de violencia sistémica, inteligencia digital y alianzas corruptas para sostener y expandir su dominio. Los “centros de reclutamiento” como el Rancho Izaguirre permiten al cártel renovar constantemente sus células paramilitares, muchas veces forzando a jóvenes sin oportunidades a convertirse en sicarios.

¿Reacción real o simulación?

Las sentencias de 141 años, aunque simbólicamente potentes, no resuelven la raíz del problema. La pregunta que flota es: ¿realmente se está desmantelando al CJNG o se trata de una reacción tardía motivada por la presión pública?

La presencia del alcalde entre los imputados debilita el argumento de que esto fue “un caso aislado”. Por el contrario, refuerza la sensación de que sectores del gobierno han sido capturados por intereses criminales.

El rol de los colectivos: voces incómodas pero necesarias

Grupos como Guerreros Buscadores de Jalisco han sido fundamentales en mantener viva la memoria de los desaparecidos. Lo hacen sin recursos del Estado y enfrentando amenazas constantes. Su contribución en el caso del Rancho Izaguirre fue decisiva.

“No confiamos en las fiscalías; confiamos en las madres que siguen buscando a sus hijos”, dijo Rosaura González, una líder del colectivo.

¿Y los desaparecidos que faltan?

El hallazgo en el rancho apenas resolvió tres casos de desapariciones, pero los cientos de prendas halladas hacen suponer que las víctimas podrían contarse por decenas. Aún se espera la identificación de los restos calcinados entregados al Servicio Médico Forense (SEMEFO), lo cual enfrenta demoras burocráticas por falta de recursos y personal.

Las familias esperan respuestas, pero también temen otro ciclo de impunidad. En muchos otros casos similares, los cuerpos terminan en “almacenes de huesos” mal gestionados por autoridades locales.

Una cicatriz más en el mapa del terror

El episodio del Rancho Izaguirre es una ventana cruda al funcionamiento interno de uno de los grupos más peligrosos del país. Pero, además, muestra cómo los vacíos del Estado son ocupados por estructuras paralelas de poder que administran justicia, castigo e impunidad a su antojo.

La historia no termina con los 10 sentenciados. Mientras no exista una limpieza institucional real, una protección efectiva a los colectivos y una política nacional decidida contra la desaparición forzada, la guerra de los narcos seguirá replicando sus horrores a puerta cerrada en los ranchos escondidos de México.

Y mientras tanto, miles de familias seguirán preguntando: ¿dónde están?