Justicia para las silenciadas: La CPI acusa al liderazgo talibán por persecución sistemática a mujeres y niñas

Un veredicto histórico desde La Haya

El 2024 pasará a la historia como el año en que la Corte Penal Internacional (CPI) finalmente actuó con firmeza frente a uno de los regímenes más represivos del siglo XXI. Este martes, el tribunal emitió órdenes de arresto contra Hibatullah Akhundzada, líder supremo de los talibanes, y Abdul Hakim Haqqani, presidente del Tribunal Supremo de Afganistán.

Ambos son acusados de crímenes de lesa humanidad, específicamente por la persecución sistemática de mujeres, niñas y personas con expresiones de género divergentes desde su regreso al poder en agosto de 2021. Las órdenes llegan tras años de denuncias y creciente presión internacional, y significan un punto de inflexión en la lucha por la dignidad de millones de afganos.

Decretos, edictos y violaciones de derechos fundamentales

Desde su regreso al poder tras la retirada de las tropas extranjeras, el régimen talibán ha implementado un conjunto de leyes profundamente patriarcales que han marginado progresivamente a las mujeres del espacio público, educativo y profesional.

La CPI alega que estos actos forman parte de una campaña calculada de represión basada en género. En palabras del fiscal jefe Karim Khan:

“Las mujeres y niñas afganas, así como la comunidad LGBTQI+, enfrentan una persecución sin precedentes e inconcebible a manos de los talibanes”.

Según la acusación formal, se documentan violaciones a los derechos a la educación, la libertad de movimiento, la privacidad, la libertad de expresión y religión. Además, se ha perseguido a aquellos considerados aliados de mujeres y niñas o personas que no se alinean con la visión talibana de género.

Puntos clave de las acusaciones

• Prohibición de la educación secundaria y universitaria para las niñas.
• Obligación de llevar burka y restricciones extremas al movimiento sin acompañante masculino.
• Cierre de centros de trabajo femenino y ONGs dirigidas por o para mujeres.
• Persecución política y física a defensores de los derechos de mujeres.

¿Quiénes son los acusados?

Hibatullah Akhundzada es considerado el líder supremo desde 2016, tras la muerte de su predecesor. En su mandato, ha gobernado desde la sombra, pero con poder absoluto en la interpretación y aplicación de las leyes religiosas talibanas.

Abdul Hakim Haqqani, por su parte, ha sido clave en institucionalizar el sistema legal islámico radical que ha cimentado la opresión femenina como política de Estado.

Sus visiones han sido vinculadas a una interpretación del Sharia que elimina virtualmente la figura de la mujer como sujeto con derechos propios. La CPI los cataloga como arquitectos de este régimen represivo.

Reacciones: aplaudos, advertencias y desafíos

La organización Human Rights Watch saludó con entusiasmo esta decisión. Liz Evenson, directora de justicia internacional del organismo, declaró:

“Los líderes talibanes son ahora hombres buscados por crímenes contra las mujeres, niñas y personas no conformes con el género. Es hora de que la comunidad internacional respalde a la CPI con decisión y convicción”.

Sin embargo, queda la interrogante más desafiante: ¿cómo se hará cumplir esta orden? Afganistán no reconoce la autoridad de la CPI, y los líderes acusados no tienen la menor intención de entregarse. Las posibilidades de arresto dependen, en buena medida, del aislamiento diplomático y presión externa.

La dimensión de género: más que simbólica

Esta es una de las primeras ocasiones en que la CPI centra sus acusaciones en la persecución por motivos de género, lo que representa un giro fundamental en la justicia internacional.

Hasta hace no muchos años, las violaciones de género eran vistas como “daños colaterales” en los conflictos. Hoy se reconocen como herramientas deliberadas de represión y control. Que la CPI haya estructurado su argumentación en esos términos es un avance para el derecho internacional moderno.

Lo que está en juego

Desde 2021, organismos como UNICEF y ONU Mujeres han documentado la eliminación progresiva de los derechos de las mujeres afganas. La base social que sostenía medianamente el avance de los derechos femeninos durante dos décadas de presencia internacional ha sido desmantelada sistemáticamente.

Estadísticas de UNICEF y la OMS muestran que:

• Casi 1,1 millones de niñas afganas están hoy fuera de las aulas de secundaria.
• En 2023, se cerraron más de 3.000 clínicas atendidas por mujeres.
• Las denuncias por violencia doméstica han aumentado un 70%, pero las redes de apoyo han sido clausuradas.

El silencio como política de Estado

Lo más alarmante del caso afgano no es sólo la prohibición abierta, sino la instauración del miedo como herramienta de gobernanza. Las mujeres que protestan hoy se enfrentan a desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias o mecanismos punitivos impuestos por ancianos tribales cómplices o temerosos del régimen.

En Kabul, las activistas denuncian una vigilancia férrea. Redes sociales son rastreadas, reuniones son intervenidas y los castigos se extienden a las familias.

¿Qué podemos esperar ahora?

Este es un proceso judicial que podría tomar años, pero su sólo anuncio tiene efectos políticos inmediatos. Los talibanes, que buscan formas limitadas de reconocimiento internacional para destrabar ayuda humanitaria, ahora se enfrentan a una etiqueta de criminales de lesa humanidad ante la más alta corte internacional.

Asimismo, esta decisión marca una pauta para otros gobiernos represivos. Hoy es Afganistán, pero la señal es clara para Irán, Arabia Saudita u otros estados con políticas patriarcales estrictas: la impunidad ya no es garantía segura.

¿Dónde queda la comunidad internacional?

Hasta ahora, la reacción de los gobiernos ha sido tibia. Muchos países europeos abandonaron a Afganistán tras la retirada estadounidense, y la prioridad pasó a ser cerrar fronteras y frenar inmigraciones masivas, no proteger a quienes quedaron atrapados bajo la ley talibán.

Aun así, esta decisión ofrece un nuevo camino: respaldar diplomáticamente a la CPI, no reconocer diplomáticamente a los líderes imputados y reforzar programas para exiliadas, refugiadas y activistas en peligro.

La historia las está mirando

En el siglo XXI, el velo del silencio ya no cubre por completo las atrocidades. Esta decisión es un paso, pero le seguirán otros si la presión global se mantiene firme.

Como dijo la joven escritora afgana Zahra Joya, exiliada en el Reino Unido:

“Nos quitaron todo, menos la memoria. Y con memoria, podemos exigir justicia”.

La CPI ha respondido con un eco contundente: la memoria tiene valor legal, y hoy se coloca como arma de resistencia frente al olvido impuesto. Ahora, el mundo está obligado a no mirar hacia otro lado.