La oposición acorralada: represión política en Ruanda y Armenia bajo la lupa

Resistencia desde Kigali: el caso de Victoire Ingabire

En el corazón de África oriental se libra una silenciosa batalla por los derechos democráticos. Victoire Ingabire, figura emblemática de la oposición ruandesa, ha vuelto a ser protagonista en los tribunales de Kigali tras ser arrestada bajo cargos de subversión. Su crimen, según los fiscales, sería intentar incitar a la revuelta pública. Sin embargo, para muchos observadores internacionales, lo que realmente se está juzgando es su persistencia en desafiar al poder del presidente Paul Kagame.

Ingabire regresó a Ruanda en 2010 tras pasar 16 años en el exilio en los Países Bajos, con la intención de postularse a la presidencia. Apenas tocó tierra, fue arrestada y condenada por cargos de conspiración para socavar al gobierno y negación del genocidio. Pese a mantener su inocencia, fue sentenciada a 15 años de prisión. Su liberación en 2018, mediante un indulto presidencial, parecía una bocanada de oxígeno para la oposición. Sin embargo, la reciente detención confirma que la represión sigue vigente.

En su actual caso, el gobierno la acusa de estar en contacto con otros nueve sospechosos, incluido el periodista Theoneste Nsengimana, todos relacionados con el partido DALFA-Umurinzi, liderado por Ingabire pero nunca reconocido oficialmente por las autoridades.

Un patrón inquietante: represión y control institucional

El caso de Victoire Ingabire no es un hecho aislado. La represión hacia la disidencia en Ruanda ha sido ampliamente documentada por organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Se acusa al gobierno de Kagame de suprimir medios independientes, silenciar críticas y perseguir a activistas tanto dentro como fuera del país.

Ruanda ha sido señalado incluso por prácticas de asesinato extrajudicial de disidentes en el exilio, incluyendo casos en Sudáfrica y Mozambique, donde antiguos críticos del régimen han sido encontrados muertos en circunstancias sospechosas.

“La fachada de estabilidad en Ruanda esconde un régimen donde la disidencia se castiga con el exilio, la prisión, o peor”, comentó en 2022 el analista político Jean-Marie Kalisa.

Del Cáucaso Sur: Armenia repite la historia

Paralelamente, en el cruce de Europa y Asia, Armenia vive otra oleada de represión gubernamental. El diputado opositor Artur Sargsyan fue arrestado tras un tenso debate parlamentario en el que denunció el carácter dictatorial del gobierno del primer ministro Nikol Pashinyan. Acusado de planear un golpe de Estado junto a 15 otros individuos, Sargsyan fue despojado de su inmunidad legislativa y se entregó a las autoridades.

Este episodio forma parte de una estrategia más amplia de represión sistemática contra la oposición, especialmente después de que el gobierno firmara compromisos territoriales con Azerbaiyán que desataron un profundo malestar social. Figuras prominentes como líderes religiosos de la Iglesia Apostólica Armenia también han sido arrestadas bajo acusaciones de conspiración.

Entre fe y política: el rol de la iglesia armenia

La represión en Armenia ha alcanzado incluso a sus instituciones religiosas más tradicionales. Dos arzobispos —Mikael Ajapahyan y Bagrat Galstanyan— fueron detenidos tras acusaciones de haber participado en un supuesto complot golpista liderado por el movimiento opositor Lucha Sagrada.

Estos acontecimientos han tensado la ya frágil relación entre el gobierno y la iglesia. El propio Pashinyan acusó públicamente a la jerarquía eclesiástica de ser “anticristiana, adúltera, anti-nacional y anti-estado”, alejándose peligrosamente de la línea de separación entre Estado e instituciones religiosas.

La diplomacia del silenciador: presión sobre empresas privadas

La campaña antidisidente también ha alcanzado a empresarios críticos. El multimillonario Samvel Karapetyan, dueño de una de las principales compañías energéticas del país, fue arrestado recientemente. A los pocos días, el Parlamento aprobó una ley para nacionalizar su empresa, y agentes gubernamentales irrumpieron en las oficinas sin identificarse.

Este tipo de acciones sugiere una clara intención de reconsolidar el poder económico y político en manos del ejecutivo, despojando a empresarios disidentes de su influencia mediante procesos judiciales cuyas garantías son ampliamente cuestionadas.

El reflejo global: democracias debilitadas

Los paralelismos entre Ruanda y Armenia son inquietantes. Ambos países cargan con heridas históricas profundas —el genocidio de 1994 en el caso ruandés, y la guerra por Nagorno-Karabaj en el caso armenio— que han sido capitalizadas por líderes con aspiraciones autoritarias para justificar el control absoluto.

En ambos contextos, figuras opositoras sufren encarcelamientos arbitrarios, procesos judiciales dudosos y aislamiento internacional. La intervención de observadores externos sigue siendo insuficiente, y las democracias locales parecen estar en una peligrosa cuesta abajo.

¿Qué dicen las cifras?

• Según Freedom House, Ruanda tiene una puntuación de 22/100 en cuanto a libertad global (2023), lo que lo clasifica como "No Libre".
• Armenia, con 49/100, ha retrocedido en posiciones desde sus avances entre 2018 y 2020.
• En Ruanda, más del 91% del parlamento está compuesto por miembros del partido de gobierno, lo que limita el peso real de la oposición.
• En Armenia, desde 2020 más de 25 figuras políticas han sido procesadas por presuntas "actividades desestabilizadoras".

El dilema internacional: ¿aliados o cómplices?

La pregunta que algunos analistas se hacen es: ¿Por qué estas prácticas reciben tan poca condena efectiva por parte de la comunidad internacional? En el caso de Ruanda, se ha convertido en un actor clave en misiones de paz africanas y goza del respaldo silencioso de países que valoran su "estabilidad" más que su compromiso con los derechos humanos. En cuanto a Armenia, su ubicación estratégica y los conflictos regionales con Azerbaiyán y Turquía dificultan su aislamiento diplomático.

Pero es claro: mientras el mundo desvíe la mirada, líderes como Kagame y Pashinyan seguirán blindando sus mandatos a expensas del pluralismo político.

Una lucha que no cesa

Mientras espera su audiencia el 15 de julio, Victoire Ingabire se aferra al derecho a elegir su equipo de defensa, rechazando la imposición de abogados locales. Su enfoque no es solo legal, sino simbólico: reafirma su autonomía frente a un sistema judicial que muchos catalogan como brazo del poder ejecutivo.

En Ereván, y en las celdas donde esperan juicio clérigos y parlamentarios, la oposición armenia tampoco se rinde. Aunque acorralada, mantiene una retórica de resistencia civil que, aunque aún sin efectos palpables, despierta la atención creciente de organismos internacionales.

Así, desde Kigali hasta Ereván, el autoritarismo avanza, pero también la resiliencia de quienes se niegan a callar. La historia juzgará su valentía —y quizá también la omisión del resto del mundo.