Mario Guevara: periodista, migrante y preso del sistema

El encarcelamiento del reportero hispano revela una preocupante convergencia entre libertad de prensa e injusticia migratoria en EE.UU.

Un periodista en el punto de mira

Mario Guevara, un veterano periodista salvadoreño con dos décadas de trabajo en Estados Unidos y gran parte de ese tiempo dedicado a reportar sobre inmigración en Atlanta, enfrenta una realidad que escandaliza a defensores de derechos humanos, organizaciones por la libertad de prensa y la comunidad hispana: sigue preso, pese a haber recibido una fianza favorable de un juez de inmigración.

Este caso ha desatado una tormenta de reacciones que van más allá del individuo, tocando nervios fundamentales sobre el papel del periodismo, el uso de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) como herramienta política y el trato a inmigrantes legalmente documentados en tiempos donde el clima antiinmigrante vuelve a recalentarse.

Un arresto cuestionable

El 14 de junio de 2025, Guevara fue arrestado mientras cubría una protesta en contra de las políticas antimigratorias del expresidente Donald Trump en DeKalb County, Georgia. Acompañado de otros reporteros, con su chaleco etiquetado con la palabra "PRESS", grababa en vivo para su medio digital MG News.

A pesar de identificarse como periodista, los policías lo detuvieron con cargos de "asamblea ilegal", "obstrucción a la justicia" y "estar en la vía pública". La sola descripción de la escena —sin multitudes ni tensiones— plantea dudas sobre si el arresto fue justificado o se trató de una represalia por su trabajo visibilizando las condiciones de los inmigrantes.

Una semana después, esas sospechas se reforzaron cuando la fiscalía de DeKalb County retiró los cargos, alegando que "el video no muestra intención de violar órdenes policiales y Guevara parecía colaborar".

El giro migratorio: de libertad a detención prolongada

Tras su arresto, Guevara fue transferido a un centro de detención de ICE en Folkston, una localidad al sur de Georgia. Allí permaneció mientras su abogado, Giovanni Díaz, argumentaba que Guevara tenía permiso de trabajo, vivía legalmente en el país, y que un caso migratorio anterior había sido cerrado hace más de diez años.

Un juez de inmigración, James Ward, le dio la razón: otorgó fianza por $7,500. Pero el alivio duró poco. ICE se negó a procesar el pago digital y, cuando la familia intentó pagarlo en persona, también fue rechazado.

Según Díaz, el verdadero motivo se reveló días después: ICE apeló la decisión del juez y solicitó suspender la orden de fianza mientras el recurso es procesado. "Parece haber un esfuerzo concertado entre jurisdicciones para mantenerlo detenido", dijo el letrado.

Una cadena de transferencias y obstáculos

En cuestión de días, Guevara fue trasladado entre cuatro diferentes cárceles. Primero Gwinnett County bajo acusaciones de tráfico que aparecieron sólo después de su arresto en la protesta, luego a Floyd County, y más tarde a una prisión federal en Atlanta.

La defensa sostiene que los cargos de tráfico —por conducción imprudente y distracción— fueron presentados 28 días después del incidente original, sólo tres días después de su detención por cubrir la protesta. Este vínculo temporal despierta sospechas de retaliación.

La gravedad del asunto se intensificó cuando ICE confiscó el teléfono celular de Guevara mediante una orden judicial, lo cual para muchos abogados de prensa se traduce en un preocupante intento de vulnerar sus fuentes informativas.

El poder del periodismo latino y las voces que lo respaldan

Guevara, de 47 años, es una figura destacada del periodismo hispano en el sur de Estados Unidos. Trabajó más de una década en Mundo Hispánico y recientemente fundó MG News, donde se dedica a informar sobre temas migratorios, abusos policiales y derechos civiles.

Su cobertura ha sido clave para exponer redadas de ICE, detenciones arbitrarias y deportaciones injustas. Justamente por eso, organizaciones como Committee to Protect Journalists (CPJ), Reporteros Sin Fronteras y periodistas prominentes de la comunidad latina han salido en su defensa, acusando a las autoridades de querer "silenciar una voz incómoda".

"Mario es parte de ese escudo humano que protege a las comunidades vulnerables al exponer los abusos", expresó Janeth Nava, activista pro inmigrante radicada en Georgia. "Callarlo es quitar una cámara de vigilancia social".

Represión y disuasión: ¿una nueva estrategia política?

Casos como el de Guevara no ocurren en el vacío. Según el U.S. Press Freedom Tracker, 59 periodistas fueron detenidos mientras realizaban su cobertura en 2021. La mayoría eran independientes y pertenecientes a minorías —una tendencia alarmante que contradice los principios del periodismo libre.

Asimismo, Human Rights Watch ha documentado un aumento en colaboraciones entre autoridades policiales locales e ICE, transformando detenciones menores en procesos migratorios agresivos. El caso de Guevara parece sintetizar ambas: censura velada y castigo legal con doble capa.

La dimensión legal: entre el sistema roto y la injusticia deliberada

Es irónico que mientras Guevara permanece bajo custodia con una fianza otorgada, al mismo tiempo tribunales en estados como Massachusetts están liberando a sospechosos acusados de delitos graves, debido a la falta de defensores públicos asignados oportunamente.

Como declaró la profesora y abogada Shira Diner: "Sin abogados adecuadamente compensados, el sistema no puede funcionar". Lo mismo puede decirse de periodistas que enfrentan detenciones arbitrarias: sin ellos, la democracia queda ciega ante posibles abusos de poder.

Este caso ha reavivado el debate sobre la complicidad entre estructuras legales y políticas que restringen el ejercicio pleno del periodismo, particularmente cuando quien informa es inmigrante, latino y denuncia irregularidades.

Cierre de filas comunitario y presión pública

En redes sociales, el hashtag #FreeMarioGuevara ha sumado miles de apoyos, mientras la comunidad hispana en Atlanta ha organizado vigilias y protestas. Se han recolectado firmas, enviado cartas al Congreso y solicitado al gobernador de Georgia que intervenga.

En paralelo, organizaciones como American Immigration Council y National Association of Hispanic Journalists están evaluando acciones legales no sólo para liberar a Guevara, sino para exigir una investigación federal sobre posibles violaciones a su derecho a ejercer el periodismo libremente.

No se trata sólo de un periodista. Se trata de un caso simbólico donde la nación entera debe preguntarse: ¿puede un hombre ser encarcelado por contar la verdad de su comunidad?

En la tensa intersección entre inmigración, represión policial y libertad de prensa, la historia de Mario Guevara es un espejo de los desafíos democráticos que enfrentamos como sociedad. Mientras su lente está detrás de las rejas, la batalla por su libertad también es la lucha por el derecho a contar nuestras historias.

Este artículo fue redactado con información de Associated Press