¿Héroe o amenaza? El caso de Stephen Perkins y el debate eterno sobre la justicia policial en EE.UU.

Por qué el caso de Stephen Perkins refleja una herida aún abierta en la justicia estadounidense

Un disparo en la madrugada: los hechos que encendieron el debate

En las primeras horas del 29 de septiembre de 2023, en la tranquila ciudad de Decatur, Alabama, un incidente se transformó rápidamente en un símbolo de la tensión persistente entre el deber policial y los derechos civiles en Estados Unidos. Stephen Perkins, un hombre negro armado, fue abatido a tiros en el jardín delantero de su casa por el entonces oficial de policía Mac Marquette, blanco y de solo 25 años. Según los vídeos de las cámaras corporales, Marquette disparó 18 veces en menos de dos segundos después de que los oficiales salieran de una posición oculta.

Los agentes estaban presentes para acompañar a un conductor de grúa que intentaba recuperar la camioneta de Perkins, lo que ya de por sí era cuestionable, dado que la ley de Alabama requiere una orden judicial para la participación policial en estos procesos. ¿Era esta una situación de “mantenimiento del orden” o una acción extralegal con consecuencias fatales?

Inmunidad cuestionada: ¿defensa legítima o abuso de autoridad?

El exoficial Marquette buscó evitar un juicio apelando a la ley stand your ground (defiéndete si estás en tu derecho) del estado, que otorga inmunidad penal a quienes usan fuerza letal si creen razonablemente estar en peligro. Sin embargo, el Fiscal General de Alabama, Steve Marshall, argumentó que Marquette no tenía “un derecho legal claro a la inmunidad” bajo esta regla, principalmente porque no se demostró de manera fehaciente que tuviera derecho legal a estar en la propiedad de Perkins.

De hecho, la testificación de los otros dos oficiales en la escena fue contradictoria: uno aseguraba que estaban investigando una amenaza previa, mientras que el otro desconocía tal justificación y afirmó que solo estaban allí para mantener la paz. La investigadora estatal Jamie King declaró que los oficiales no estaban posicionados de manera efectiva para ninguna de las dos tareas.

La ley 'stand your ground': ¿salvaguarda de derechos o carta blanca para matar?

La ley stand your ground —adoptada por más de 30 estados en EE.UU.— ha sido objeto de una intensa controversia. Casos emblemáticos como el de Trayvon Martin en 2012, abatido por George Zimmerman en Florida, sacaron a la luz las ambigüedades que permiten interpretaciones peligrosas.

De acuerdo con el Centro Legal de Giffords para la Prevención de la Violencia con Armas, los estados que implementaron leyes stand your ground han registrado aumentos en los homicidios justificados, especialmente en aquellos que involucran a hombres blancos que afirman defenderse de hombres negros. Esto ha provocado que muchos identifiquen un patrón racial en su aplicación.

Stephen Perkins: más que una víctima

Perkins no era un delincuente atrapado en una redada, sino un ciudadano que salió de su casa —como muchos lo harían— al percibir una amenaza fuera de su hogar. En el entorno actual de Estados Unidos, donde el derecho a portar armas es legal dentro de la propiedad, su accionar (aunque imprudente para algunos) fue interpretado por otros como la reacción natural ante un intento no autorizado de quitarle su vehículo.

La pregunta no es solo si Marquette temía por su vida, sino si su presencia y acción estuvieron legalmente justificadas desde el inicio. Incluso si su temor fue legítimo, ¿podía ampararse en la ley una intervención cuya legalidad misma era ambigua?

¿Justicia a puerta cerrada? El silencio oficial y la desconfianza pública

Desde el incidente, tanto fiscales como defensores, y hasta el propio Marquette, tienen prohibido hablar con los medios. Si bien esta medida busca evitar juicios paralelos en la opinión pública, perpetúa una sensación de impunidad y secretismo.

Las protestas que se multiplicaron en Decatur desde el tiroteo reflejan el descreimiento de la comunidad hacia las versiones oficiales. Este sentimiento no es nuevo. Casos como los de Breonna Taylor en Louisville o Elijah McClain en Aurora están frescos en la memoria colectiva, marcados por investigaciones internas lentas, declaraciones confusas y verdades a medias.

El racismo estructural: una historia que no termina

Si nos alejamos del caso particular, encontramos que este episodio encaja en una narrativa más amplia. Según Mapping Police Violence, en 2023 la policía en Estados Unidos mató a más de 1,100 personas, y los afroamericanos tuvieron 2.9 veces más probabilidades de ser asesinados por agentes de la ley que los blancos.

Además, un informe del Washington Post reveló que en el 97% de los casos en los que la policía mató a alguien, ningún oficial fue acusado de delito. Las estadísticas ponen en tela de juicio no solo el accionar de Marquette, sino también el mismo sistema judicial que lo procesa.

Un juicio que podría cambiarlo todo (o nada)

El juicio de Marquette —a celebrarse en septiembre si la corte de apelaciones no anula el fallo del juez de primera instancia— podría tener ramificaciones más allá de Alabama. En juego no solo está el destino de un exoficial, sino el futuro de cómo se interpretan las leyes de defensa propia cuando son aplicadas por uniformados en situaciones fuera del protocolo legal.

¿Se establecerá un precedente que refuerce la rendición de cuentas por parte de los cuerpos de seguridad? ¿O será este otro caso más donde la ambigüedad legal favorece a los que han jurado proteger, pero a menudo fallan en reconocer a quién deben proteger primero?

“El miedo no justifica todo”

Una de las frases más elocuentes del asistente del fiscal general fue: “Quedan preguntas abiertas sobre si tenía un derecho legal a estar allí”. Y ese matiz —el lugar, el contexto, la legalidad previa— puede marcar la diferencia entre homicidio culposo y defensa justificada.

Porque, en definitiva, este caso no trata solo del miedo o del disparo. Trata de la relación podrida entre justicia, raza y poder institucional. Y acerca de una sociedad que aún no logra conciliar estos elementos en un acuerdo funcional para todos sus ciudadanos.

Stephen Perkins no fue el primero, y lamentablemente, no será el último. Pero su caso plantea una pregunta clave: ¿cuánta justicia habrá en el juicio si el sistema mismo necesita ser juzgado?