El conflicto no resuelto entre el deporte universitario y el dinero: ¿protección antimonopolio o puerta al caos?
Un análisis de la propuesta SCORE Act y su impacto en el modelo actual de los deportes universitarios en EE.UU.
Una propuesta de ley que puede cambiar el deporte universitario para siempre
En julio de 2025, se presentó un nuevo proyecto de ley en la Cámara de Representantes de EE.UU. que promete transformar el panorama del deporte universitario. Se trata de la Student-athlete Compensation Opportunity with Respect to Education Act, conocida como SCORE Act. Esta iniciativa legislativa se basaría en tres pilares fundamentales que, desde hace años, la NCAA ha estado solicitando con vehemencia:
- Protecciones antimonopolio para la NCAA
- Preeminencia federal sobre leyes estatales en torno a pagos por uso de nombre, imagen y semejanza (NIL)
- Una cláusula que impida que los atletas universitarios sean considerados empleados
Además, la ley prohibiría que las instituciones educativas utilicen cuotas estudiantiles para financiar programas deportivos. Aunque este punto se ha vuelto una piedra angular del debate, también ha generado una profunda polarización entre universidades, estudiantes, legisladores y expertos. ¿Está en juego la esencia del deporte universitario norteamericano tal como lo conocemos?
La NCAA bajo presión: entre demandas millonarias y reformas legislativas
Para entender el origen de esta legislación propuesta, es necesario repasar el contexto judicial. En el verano de 2024, se aprobó un acuerdo histórico de $2.78 mil millones en una demanda colectiva que permite explícitamente a las universidades pagar directamente a los atletas, algo que estaba prohibido bajo las directrices anteriores de la NCAA. Este fallo judicial sacudió los cimientos del deporte universitario al conceder poder económico a los atletas que antes competían, técnicamente, como "aficionados".
Como resultado, instituciones académicas han buscado diversas estrategias para generar ingresos que les permitan financiar estos futuros pagos sin descuidar otros programas. Aquí es donde entra en juego la sección de la SCORE Act que impide trasladar los costos al cuerpo estudiantil a través del aumento de cuotas.
¿Cómo impactará esta ley a las universidades?
Algunas universidades ya habían comenzado a implementar aumentos en sus cuotas estudiantiles como solución:
- Clemson University: anunció un cargo de $150 por semestre a partir del otoño de 2025.
- Fresno State: aprobó un aumento de $495 al año, la mitad designado para actividades deportivas.
- University of Tennessee: introdujo un “cargo por talento” como parte de su renovación de abonos para temporadas deportivas.
- University of Arkansas: optó por aumentar los precios de concesiones dentro de los estadios.
De acuerdo a un informe de la NCAA, el costo promedio por escuela para pagar a los atletas según el nuevo acuerdo judicial es de hasta $20.5 millones. Es evidente que algunas instituciones ven las cuotas estudiantiles como una fuente legítima de financiamiento, mientras que otros critican que esto obliga a estudiantes comunes, sin interés en el deporte, a subsidiarlo.
El dilema del estatus laboral del atleta universitario
Uno de los pilares más controversiales del SCORE Act es su cláusula que impediría considerar a los atletas universitarios como empleados. ¿Por qué es tan importante este punto?
Actualmente, numerosos demandas laborales y movimientos sindicales han argumentado que los atletas, especialmente en deportes de alta generación de ingresos como el fútbol americano y el baloncesto masculino, deberían tener derechos laborales plenos: salarios, capacidad para sindicalizarse, acceso a seguro médico, etc. Tal como ocurre en los deportes profesionales.
Sin embargo, la NCAA y varias universidades han resistido este enfoque, alegando que convertir a los atletas en empleados socava la misión educativa del deporte universitario. El SCORE Act ofrece una protección indirecta al bloquear esa posibilidad mediante legislación federal.
Protección a deportes olímpicos: ¿una cortina de humo?
Otro componente destacable del proyecto es una disposición que garantiza la continuidad de al menos 16 programas deportivos en instituciones donde algún entrenador gane más de $250,000 al año. Esta es una salvaguarda que intenta proteger deportes menos rentables (natación, lucha, gimnasia, etc.) frente a la posible exclusividad presupuestaria del fútbol o el baloncesto.
Esta medida es prácticamente una transcripción de regulaciones internas ya existentes en las universidades dentro del Football Bowl Subdivision (FBS), el nivel más alto del fútbol universitario. Por tanto, ¿es realmente una protección o solo un formalismo para apaciguar críticas?
Un debate profundamente político
La SCORE Act fue presentada por siete congresistas republicanos y dos demócratas. Esto genera un escenario interesante, ya que su aprobación en la Cámara de Representantes parece más probable que en el Senado, donde necesita al menos siete votos demócratas adicionales. El ambiente político en torno a esta ley se ve complicado por la polarización ideológica entre quienes ven al deporte universitario como una industria legítima y quienes aún lo consideran parte de una formación académica estudiantil.
¿Qué opinan los estudiantes?
Las reacciones entre los mismos estudiantes universitarios han sido mixtas. Una encuesta de la revista Chronicle of Higher Education muestra que el 61% de los estudiantes rechaza que sus cuotas se usen para financiar deportes, pero al mismo tiempo, un 42% considera que los atletas deberían recibir compensación económica.
Ashley, estudiante de segundo año en la Universidad de Tennessee, comentó: “No me molesta que los atletas ganen dinero, pero no quiero pagar por eventos deportivos que no me interesan. Si quieren profesionalizar el sistema, que lo financien como una liga profesional”.
¿Qué sigue para el deporte universitario?
De ser aprobada, la SCORE Act podría establecer un nuevo paradigma en los deportes universitarios: universidades obligadas a garantizar sostenibilidad financiera sin trasladar el peso económico a los estudiantes, limitaciones en derechos laborales para proteger el amateurismo, y una centralización normativa frente a un mosaico de leyes estatales que han comenzado a emerger desde 2019 en adelante.
Sin embargo, los críticos aseguran que esta ley, más que equilibrar el sistema, consolida un modelo que prioriza las ganancias institucionales sobre los derechos genuinos de los atletas. Según Ramogi Huma, director ejecutivo del National College Players Association:
“La NCAA está buscando inmunidad legal para seguir explotando a jóvenes atletas mientras el resto de las universidades se llenan los bolsillos con derechos de televisión y patrocinios millonarios”.
Un modelo en crisis, una oportunidad única
La pasión por el deporte universitario es evidente en todo EE.UU., con más de 180 millones de espectadores que siguen eventos como el March Madness o el College Football Playoff. Pero este modelo, híbrido entre amateurismo y espectáculo comercial, está claramente en crisis. La SCORE Act podría ser un intento legislativo para estabilizar las reglas de juego.
La gran pregunta es: ¿logrará este proyecto de ley ofrecer un equilibrio justo o será el instrumento para una transformación hacia la profesionalización definitiva del deporte universitario?