Mahmoud Khalil: El Activismo Palestino Convertido en Blanco de la Represión Federal

Una historia entre la esperanza y la represión

Semanas después de recobrar su libertad tras más de 100 días en detención federal, Mahmoud Khalil, un activista palestino de 30 años, sostiene a su hijo recién nacido en un apartamento de Manhattan. Su expresión cálida contrasta con los recuerdos helados de una cárcel de inmigración en Louisiana, donde pasó noches sin dormir esperando noticias del nacimiento del pequeño Deen. Esa experiencia, según sus propias palabras, es algo que “nunca podrá perdonar”.

Tan profundo fue el impacto de su detención, que Khalil ha interpuesto una reclamación por $20 millones de dólares contra el gobierno de Donald Trump. El documento, presentado por sus abogados, alega encarcelamiento falso, persecución maliciosa y difamación como antisemita, todo en un intento —se afirma— de callar sus protestas propalestinas en el campus de la Universidad de Columbia.

¿Quién es Mahmoud Khalil?

De origen palestino y residente legal permanente en Estados Unidos, Khalil emigró para cursar estudios de posgrado en la Universidad de Columbia. Durante su etapa universitaria se convirtió en un orador elocuente y comprometido con la causa palestina, denunciando las operaciones militares israelíes en Gaza y cuestionando el financiamiento estadounidense a fabricantes de armas ligadas al conflicto.

Sus actividades, aunque legítimas bajo la Primera Enmienda, lo convirtieron en blanco de una campaña federal que buscaba silenciar la disidencia propalestina en los campus universitarios. Algo que, en palabras de Khalil, “no pretende otra cosa que sembrar miedo y castigar la expresión política, adjudicando terrorismo a las ideas contrarias al discurso oficial”.

La cadena de abusos: de Nueva York a Louisiana

El 8 de marzo de 2024, al regresar de una cena con su esposa Noor Abdalla, Khalil fue detenido por agentes federales vestidos de civil. Estos no presentaron orden judicial alguna y, según el activista, se mostraron sorprendidos al saber que era residente legal con estatus migratorio válido. Fue trasladado a una prisión de inmigración en Jena, Louisiana, un centro conocido por su localización remota y condiciones severas.

“Me negaron mi medicación para la úlcera, dormía bajo luces fluorescentes las 24 horas y comía comida que apenas era comestible”, recuerda Khalil, quien perdió siete kilos durante su encierro.

A esas penurias se sumaron las declaraciones del entonces presidente Trump y otros miembros de su administración, que calificaron su activismo de “actividad antisemita y antinorteamericana”, prometiendo deportarlo para “proteger la seguridad nacional”.

Motivos ideológicos: ¿débil democracia o política exterior intocable?

El caso toma una dimensión aún más inquietante con la difusión de un memorando firmado por el secretario de Estado Marco Rubio, en el que se reconocía que Khalil no había infringido ninguna ley. Aun así, se alegaba que debía ser deportado por sostener opiniones que “podrían minar los intereses de política exterior de EE. UU.”.

Este movimiento marca una línea peligrosa: ya no se trata de lo que haces, sino de lo que piensas. Y esto va en directa contradicción con los principios fundamentales de la Constitución estadounidense, según apuntó el juez federal que ordenó su liberación tras 104 días tras las rejas.

Khalil tras las rejas: abogado informal y rostro de la resistencia

Durante su tiempo recluido, Khalil no se quedó callado. Rápidamente se convirtió en figura popular entre los más de 1,200 detenidos del centro, ayudando a otros a entender sus procedimientos legales y traducir sus documentos. “Me gané respeto por saber cómo lidiar con la burocracia, pero escuchar historia tras historia de personas en la más absoluta indefensión fue desgarrador”, relató.

En sus momentos de descanso, organizaba partidas de cartas y escuchaba los relatos de quienes no sabían siquiera si tienen derechos o posibilidades de apelar. “La prisión se convierte en un limbo jurídico”, comentó.

¿Quién define qué es antisemitismo?

Uno de los elementos más controvertidos en el caso de Khalil ha sido la acusación de antisemitismo. Él ha condenado expresamente ese tipo de odio, antes y después de su arresto. Sin embargo, su enérgica oposición a las políticas del gobierno israelí fue inmediatamente marcada como “peligrosa” por sus opositores.

Este fenómeno no es nuevo. La distorsión del término antisemitismo ha sido una herramienta utilizada por gobiernos y actores proisraelíes para desacreditar las críticas legítimas a Israel. Instituciones como la Liga Antidifamación o el Washington Post han abordado en varias ocasiones cómo calificar de antisemita cualquier crítica política erosiona tanto la lucha real contra el antisemitismo como los principios democráticos básicos.

Un precedente legal con implicaciones nacionales

La demanda interpuesta por Khalil busca aplicar la Federal Tort Claims Act, una ley que permite demandar al gobierno federal por actos ilegales cometidos por sus agentes. Aunque raramente se concede una indemnización significativa, este tipo de demandas pueden sentar precedentes relevantes y forzar reformas en las políticas públicas.

En su declaración, Khalil enfatizó que estaría dispuesto a renunciar al dinero si el gobierno estadounidense emite una disculpa oficial y reforma sus políticas de deportación para no castigar el pensamiento político. Añadió que, si recibiese la indemnización, la compartiría con otros activistas perseguidos durante lo que él califica como un “intento fallido de suprimir el discurso propalestino”.

El costo humano de una cruzada política

Desde su liberación judicial el 20 de junio, Khalil ha intentado reconstruir su vida. Evita eventos públicos, limita sus salidas y continúa bajo presión legal, ahora enfrentando un nuevo cargo por supuestamente falsear datos en su aplicación de residencia.

Pero, dentro de lo oscuro, también ha habido luz. Compartir el primer baño de su hijo fue un momento lleno de vida. “No fue su momento favorito, pero el mío, sin duda”, bromeó Khalil. Hoy se concentra en recuperar el tiempo perdido con su familia, mientras se prepara legal y emocionalmente para lo que sigue.

Militarismo, inmigración y libre expresión: un triángulo tenso

El caso Khalil expone con crudeza la colisión entre la política exterior estadounidense, los derechos civiles internos y el sistema migratorio. Si el simple hecho de cuestionar el apoyo militar a un país convierte a alguien en sospechoso de terrorismo, entonces la libertad de expresión está condenada. Si las prisiones migratorias se convierten en centros de maltrato físico y psicológico, entonces el Estado de Derecho pierde su legitimidad moral.

Peor aún, si opinar diferente frente al poder se convierte en un crimen implícito, se allana el camino hacia un autoritarismo difuso, disfrazado de legalidad.

¿Una nueva era de represión selectiva?

Muchos observadores y expertos en derechos humanos advierten que el caso de Khalil no es una anomalía, sino parte de un patrón. Desde 2016, varias administraciones han intensificado esfuerzos por vigilar, etiquetar y silenciar a activistas propalestinos, defensores de los derechos de inmigrantes e incluso periodistas.

En palabras de Omar Shakir, director para Israel y Palestina en Human Rights Watch, “criminalizar la solidaridad con Palestina plantea serias preguntas sobre la salud de la democracia norteamericana”. Casos similares al de Khalil se han reportado en universidades de California, Texas y Washington D.C., en donde estudiantes han sido suspendidos o investigados por participar en movilizaciones pacíficas.

La batalla continúa

Hoy, Khalil continúa su activismo. Sabe que el precio es alto, pero también sabe que el silencio ante un genocidio —palabra que él no duda en emplear al referirse a las operaciones israelíes en Gaza, donde según datos del Ministerio de Salud de Gaza más de 57,000 palestinos han muerto, más de la mitad mujeres y niños— es una traición moral.

Quizás no haya victoria inmediata en su causa legal, ni siquiera claridad en su futuro migratorio, pero como él mismo dijo entre lágrimas: “Oponerse a la matanza de mi pueblo no es una elección política, es un imperativo moral. No puedes actuar de otro modo cuando ves que cada minuto muere un inocente en tu tierra natal”.