Tragedia en las playas de Hawái: ¿cuántas vidas más antes de que el estado actúe?

El desgarrador caso de Lily y el clamor por una política coherente de seguridad oceánica en el archipiélago hawaiano

Una playa aparentemente segura, una tragedia evitable

Rachel Able regresó a la playa Kohanaiki, en la costa oeste de la Isla Grande de Hawái, con el corazón encogido. Era el primer regreso después del accidente que cobró la vida de su hija Lily, una adolescente de 15 años apasionada por el surf. Kohanaiki es conocida por sus aguas aparentemente tranquilas, olas consistentes y ambiente familiar. Sin embargo, lo que parecía un paraíso costero escondía una trampa mortal: la falta total de infraestructura de seguridad.

No había torre de salvavidas. No había señalización llamativa o clara de los peligros del mar, como las fuertes corrientes cruzadas. Tampoco documentos públicos ni registros que alertaran de ahogamientos previos. Lily se convirtió en una triste estadística más en un estado que lidera las tasas de ahogamiento entre residentes en Estados Unidos.

Una madre convertida en activista

Luego del accidente, Rachel no se quedó en el duelo pasivo. Inició una cruzada para obtener una torre de salvavidas en Kohanaiki. Tocó puertas de la policía, el departamento de bomberos, la alcaldía y el consejo municipal. Todos coincidieron en la necesidad de mejorar la seguridad, pero pasaron más de dos años antes de que la torre fuera instalada.

"Fue frustrante. Todos sabían que debía hacerse, pero nadie lo hacía", declaró Rachel.

Hawái: un paraíso sin protección

Hawái tiene la segunda tasa más alta de ahogamientos entre residentes en EE. UU., solo por detrás de Alaska, según el CDC. Para los isleños que viven con el océano como parte de su rutina diaria, esto representa un peligro constante. Sin embargo, en lugar de existir un esfuerzo integral a nivel estatal para combatir este problema, la responsabilidad recae en los condados, lo que genera disparidades enormes.

Oʻahu, por ejemplo, tiene un sistema más robusto con patrullas móviles y socorristas armados con motos de agua. En contraste, la Isla Grande contaba hasta hace poco con el menor personal de seguridad oceánica, pese a poseer más de 400 km de costa, gran parte remota.

Un sistema estatal desconectado e ineficaz

La responsabilidad de decidir dónde ubicar señales de advertencia corresponde al Departamento de Tierras y Recursos Naturales del estado. Sin embargo, el comité encargado de determinar estas ubicaciones no se ha reunido en más de una década. El Departamento de Salud, cuyo mandato incluye la prevención de lesiones, dedicó menos del 0.01% de su presupuesto anual a iniciativas contra el ahogamiento en 2024.

"Hawái ha hecho prácticamente nada en materia de prevención", dijo Jessamy Hornor, quien perdió a su esposo e hija en un accidente acuático en 2016 y hoy ocupa el cargo de coordinadora de prevención de ahogamientos del estado.

Las señales no son suficientes

En 1996, luego de múltiples demandas legales contra entidades gubernamentales por falta de advertencias, se aprobó una ley estatal que obliga a instalar señales semi-permanentes sobre peligros acuáticos. Aun así, muchas playas en la Isla Grande —incluida Kohanaiki— carecen de esta señalización, o bien están mal ubicadas o deterioradas.

"Los salvavidas salvan vidas. Las señales no lo hacen", aseveró Ralph Goto, exdirector de seguridad oceánica del condado de Honolulu.

La carga emocional y financiera recae sobre las familias

En múltiples casos, los cambios llegaron tarde y gracias al esfuerzo de dolientes. Una doctora instaló tubos de rescate en Kauaʻi tras ver demasiados casos de ahogamiento. Padres de niños que murieron en accidentes equiparon a los bomberos locales con herramientas para rescates oceánicos. Shirley De Rego, cuya historia conmovió a muchas comunidades, perdió a dos hijos en accidentes distintos y ahora lidera una fundación que instala flotadores en zonas alejadas.

Los flotadores o "rescue tubes" han salvado al menos a 200 personas en Kauaʻi y ya se han instalado más de 250 en las islas, aunque muchos son financiados por iniciativas privadas.

Falta de educación para residentes

La mayor parte de las campañas de seguridad acuática están dirigidas a turistas. En los aeropuertos, hoteles y sitios web se les advierte sobre las peculiaridades del océano hawaiano. Pero los residentes rara vez reciben información dirigida a ellos. "Eso es lo que me parece más triste", aseguró Gerald Kosaki, exjefe de seguridad oceánica.

El problema también es cultural y requiere enfoques personalizados. "Un buceador libre no responderá al mismo mensaje que un pescador o un surfero", menciona Kirsten Hermstad, directora ejecutiva de la Asociación de Salvavidas de Hawái.

De hecho, instituciones como Nā Kama Kai, fundada por el legendario surfista Duane DeSoto, enseñan a los niños sobre la seguridad en el mar mediante una conexión cultural con la naturaleza. "Si entras al océano, estás haciendo un acuerdo con la Madre Naturaleza", dice DeSoto. Su propuesta: crear productos innovadores como inflables de CO2 que pesan lo mismo que un celular para pescadores, en vez de exigir chalecos salvavidas convencionales.

¿Hay esperanza para el cambio estructural?

En 2024 se lanzó el primer Plan de Seguridad Acuática de Hawái, impulsado por familias en duelo, fundaciones y salvavidas. El objetivo: empujar al estado a establecer un comité permanente de seguridad acuática, implementar estándares nacionales y mejorar la coordinación interinstitucional.

Rachel Able continúa participando activamente en estos esfuerzos y encontró algo de consuelo cuando vio a unas niñas rubias, parecidas a su hija, surfear en Kohanaiki protegidas por un salvavidas gracias a la torre que tanto luchó por instalar.

"Desearía que hubiera estado ahí cuando Lily estaba con nosotros. Pero ahora forma parte de ello", dijo con la voz entrecortada.

Datos alarmantes

  • Hawái tuvo en 2023 una tasa de 2.6 muertes por ahogamiento por cada 100,000 residentes, el doble del promedio nacional (CDC).
  • Menos del 20% de las playas en la Isla Grande tienen salvavidas permanentes.
  • Desde 2015, al menos 58 personas han muerto practicando pesca submarina (free diving).
  • El presupuesto del Departamento de Salud estatal para prevención de ahogamientos en 2024 fue de solo $80,000.

¿Qué sigue?

Las promesas de cambio se están gestando desde las bases. Son las madres, surfistas, médicos y comunidades las que cargan con la lucha por la seguridad acuática. Ahora el reto es mantener la presión sobre el gobierno estatal para que tome el liderazgo que hace tanto tiempo abdicó.

Este artículo fue redactado con información de Associated Press