Camboya endurece sus leyes: ¿defensa del patriotismo o represión encubierta?

Una reforma polémica en Camboya

El 11 de julio de 2025, la Asamblea Nacional de Camboya aprobó por unanimidad una enmienda constitucional que permite al gobierno redactar leyes para revocar la ciudadanía de personas acusadas de conspirar con naciones extranjeras en contra de los intereses nacionales. Esta modificación al artículo 33 de la constitución es histórica, ya que marca la primera vez que la ciudadanía camboyana podría ser retirada a sus poseedores.

El Ministro de Justicia, Koeut Rith, confirmó que se trabaja con urgencia en la redacción de un proyecto de ley. Según explicó, la medida está dirigida a aquellos que incurran en delitos de traición o colaboren con potencias extranjeras que perjudiquen al pueblo camboyano. La nueva normativa se aplicará tanto a ciudadanos vitalicios como a personas con doble nacionalidad o extranjeras nacionalizadas.

Detrás de la legalidad, ecos de autoritarismo

Si bien el Primer Ministro Hun Manet ha justificado la reforma en comparación con leyes similares en 150 países, incluyendo Estados Unidos, las críticas no se han hecho esperar. Organizaciones como Amnistía Internacional han expresado su preocupación por el uso de estas herramientas legales como mecanismos represivos.

Montse Ferrer, directora regional de investigación de Amnistía Internacional, declaró: “Estamos profundamente preocupados de que esta enmienda represiva se utilice para dejar sin ciudadanía a los críticos del gobierno. La independencia judicial es clave para salvaguardar derechos fundamentales como el de nacionalidad”.

El trasfondo político: rivalidades internas y enemistades externas

Esta iniciativa legal parece responder más a las necesidades del partido gobernante que a riesgos reales de seguridad nacional. El ex primer ministro Hun Sen y su hijo Hun Manet han mantenido una retórica agresiva hacia la oposición, a la que acusan de estar al servicio de intereses extranjeros.

Uno de los principales blancos es Sam Rainsy, líder opositor en el exilio desde 2016. Acusado de difamación y traición, ha sido señalado por el gobierno como un traidor a la patria. Rainsy, quien goza de gran popularidad entre sectores descontentos con el régimen de los Hun, considera que las acusaciones son parte de una “estrategia sistemática de silenciar a la disidencia”.

En una publicación el 28 de junio, Rainsy acusó al régimen de utilizar el nacionalismo como una pantalla para ocultar negocios ilegales y vínculos con redes criminales internacionales. Dijo: “La retórica anti-tailandesa de Hun Sen no es más que una cortina de humo política. La verdadera motivación es frenar los esfuerzos tailandeses por desmantelar operaciones ilegales chinas en la frontera”.

El conflicto con Tailandia: tensiones abiertas por el territorio y las telecomunicaciones

En mayo se registró un enfrentamiento fronterizo entre tropas camboyanas y tailandesas, con al menos un soldado camboyano muerto. Este hecho, en una zona de disputa territorial, fue el catalizador de la aceleración de las reformas constitucionales impulsadas por el gobierno camboyano.

La situación escaló tras una llamada filtrada entre Hun Sen y Paetongtarn Shinawatra, ahora suspendida como primera ministra tailandesa. El contenido de la conversación habría sido clave para que el Tribunal Constitucional de Tailandia iniciara una investigación ética que culminó en su suspensión.

El conflicto ha llegado a escenarios internacionales. En junio, Camboya solicitó oficialmente a la Corte Internacional de Justicia que intervenga y juzgue su disputa fronteriza con Tailandia por varios sitios arqueológicos antiguos.

¿Un delito ser crítico del gobierno?

La línea entre delitos de lesa patria y la expresión política se desdibuja peligrosamente. Grupos de derechos humanos temen que esta herramienta legal sirva para apuntar a periodistas independientes, activistas sociales y políticos que disientan del régimen.

Hun Manet ha asegurado que “todo camboyano que no conspire con potencias extranjeras no tiene nada de qué preocuparse”. Sin embargo, el amplio espectro de lo que el Estado puede considerar una “conspiración” deja vulnerable a cualquier ciudadano descontento.

Un enfoque comparativo: leyes similares en otras naciones

¿Es Camboya una excepción o parte de una tendencia global? En efecto, más de 150 países tienen mecanismos para revocar la ciudadanía, como revela un estudio del Migration Policy Institute. Países como Francia, Reino Unido y Australia han utilizado esta herramienta contra ciudadanos implicados en terrorismo internacional.

Pero la gran diferencia radica en la aplicación judicial e independencia. Mientras que en otros países estos procedimientos están sujetos al debido proceso y apelación, en Camboya, bajo el gobierno del Partido Popular Camboyano, la injerencia política en el sistema judicial ha erosionado el estado de derecho. Como dijo la ONG Human Rights Watch en 2024: “En Camboya, revocar la ciudadanía no será un acto legal. Será un castigo político”.

La ciudadanía como arma política

Perder la ciudadanía en un país como Camboya no solo representa una pérdida de derechos civiles, sino una condena al exilio y la marginalización total. Dejar sin nacionalidad a una persona vulnera múltiples convenios internacionales, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del que Camboya es signatario.

La Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos afirma en su artículo 5 que “toda persona tiene derecho a la nacionalidad” y que ningún individuo puede ser arbitrariamente despojado de ella. La jurisprudencia internacional es clara: la revocación debe ser proporcional, justificada y contener mecanismos efectivos de apelación.

¿Qué viene después?

La aprobación de esta reforma es solo el comienzo. Ahora, el gobierno de Camboya tiene en sus manos una herramienta poderosa que puede usar tanto para proteger sus intereses como para limitar las libertades fundamentales. La comunidad internacional debe mantenerse vigilante y exigir que el uso de esta nueva legislación se ciña estrictamente al derecho internacional de los derechos humanos.

En palabras del Primer Ministro: “Ningún patriota conspirará contra su patria”. Una afirmación que, si bien cargada de simbolismo, es ambigua en su ejecución y peligrosa cuando se convierte en política de Estado.

Para millones de camboyanos, el miedo no es a perder la nación, sino a perder su voz dentro de ella.