El desmantelamiento del Departamento de Estado: ¿reforma o sabotaje diplomático?

El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump y con Marco Rubio como Secretario de Estado, ha iniciado una reestructuración radical del Departamento de Estado. Con más de 1,300 despidos efectuados en julio de 2025, esta reconfiguración se presenta como un intento de eficiencia gubernamental. Pero para sus críticos, representa un ataque sin precedentes a la infraestructura diplomática estadounidense. ¿Estamos ante una optimización necesaria o una mutilación institucional que pone en jaque la política exterior de EE.UU.?

Una purga masiva en tiempos turbulentos

El viernes 27 de junio de 2025, más de 1,300 empleados del Departamento de Estado recibieron sus notificaciones de despido. Entre ellos se cuentan 1,107 empleados civiles y 246 diplomáticos del Servicio Exterior con asignaciones domésticas. Mientras que los primeros tienen un plazo de 60 días antes del cese definitivo, los segundos fueron puestos en licencia administrativa inmediata por 120 días, posterior a los cuales se hará efectiva su desvinculación.

Según un memorando interno filtrado, estos despidos se justifican en un plan de reorganización que busca eliminar "funciones no esenciales", oficinas redundantes o centros donde se puedan lograr eficiencias mediante centralización. El argumento oficial gira en torno a una necesidad de modernizar, hacer más ágil y eficaz al brazo diplomático estadounidense.

La consolidación de agencias: USAID, la primera víctima

La U.S. Agency for International Development (USAID), agencia con seis décadas de historia a sus espaldas, fue absorbida por el Departamento de Estado solo una semana antes de estos despidos. Históricamente, USAID ha sido responsable de programas de ayuda en emergencias, desarrollo sostenible y democracia en países en crisis. Su desaparición funcional podría representar una caída en la capacidad de Estados Unidos para ejercer su poder blando en el extranjero.

Estas movidas coinciden con recortes significativos en el presupuesto de ayuda exterior y el anuncio del cierre de departamentos enfocados en derechos humanos, migración y promoción de la democracia, esferas frecuentemente consideradas ideológicamente opuestas a la retórica trumpista.

Una reestructuración con ADN ideológico

El memorando oficial enviado al Congreso en mayo de 2025 indica que se busca una reducción del 18% en el personal con base en EE.UU., superando el 15% anteriormente proyectado. Según Rubio, no se trata de “echar gente por echar gente”, sino de cerrar oficinas cuyos objetivos ya no se alinean estratégicamente con la política exterior de la administración.

No obstante, entre las oficinas eliminadas se encuentran aquellas dedicadas a políticas de refugiados, diplomacia pública, y los programas de derechos humanos y democracia. En palabras de Rubio: “Debemos enfocarnos únicamente en lo que sirve a nuestros intereses nacionales. Esta es la diplomacia de resultados, no la de intenciones.”

Una respuesta vehemente desde dentro: diplomáticos en pie de guerra

La Asociación Americana del Servicio Exterior (American Foreign Service Association) ha rechazado de manera categórica estos recortes. Tom Yazdgerdi, su presidente, señaló que estas medidas “deben ser el último recurso, nunca el primero” y advirtió que “interrumpir el Servicio Exterior de esta manera pone en riesgo los intereses nacionales —y los ciudadanos estadounidenses pagarán el precio”.

La Academia Americana de la Diplomacia, institución integrada por múltiples exdiplomáticos de alto rango, fue aún más dura en su crítica: “Este acto de vandalismo administrativo debilita nuestras capacidades en un momento de presión geopolítica sin precedentes: conflictos en Europa Central, África y Medio Oriente, amenazas cibernéticas y competencia estratégica con potencias emergentes.” (Declaración oficial, junio 2025).

Despidos bajo la sombrilla legal de la Corte Suprema

Los despidos solo se pudieron ejecutar luego de que la Corte Suprema de EE.UU. diera luz verde al plan de reorganización tras desechar una demanda interpuesta por un grupo de empleados. Aunque los litigios aún no están resueltos completamente, el fallo liberó a la administración para poner en marcha los avisos de despido, que comenzaron a enviarse formalmente el jueves 26 de junio.

Michael Rigas, secretario adjunto de Estado para Gestión y Recursos, envió una carta en la que agradece a los empleados por su servicio y señala que "una vez concluidas las notificaciones, el Departamento entrará en la fase final de su reorganización enfocándose en una diplomacia eficaz y basada en resultados".

Recortes que influyen en elecciones y gobernabilidad local

La reestructuración también ha tenido un impacto tangible en la política interna. En el Distrito de Columbia, una elección especial se celebró para cubrir la vacante dejada por el concejal Trayon White, destituido tras ser arrestado por corrupción. Esta elección se dio en un contexto de déficit presupuestario de mil millones de dólares, atribuible en parte a los recortes administrativos impulsados por Trump.

Este ambiente de inestabilidad presupuestaria se refleja también en una pugna por un megaproyecto de estadio de $4,000 millones entre el ayuntamiento y la alcaldesa demócrata, fortaleciendo aún más la politización de los efectos de la reorganización.

¿Giro estratégico o debilitamiento institucional?

El Departamento de Estado ha sido históricamente una de las herramientas fundamentales con la que Estados Unidos ha proyectado su influencia en el mundo. La política exterior estadounidense requiere una maquinaria eficiente, sí, pero también bien dotada, conocedora de contextos regionales, hábil en la negociación multilateral y con continuidad institucional.

La eliminación de oficinas abocadas a temas profundamente necesarios como Afganistán, migración o derechos humanos, puede ser leído como un claro giro hacia una política exterior transaccional y menos comprometida con los valores universales que solía abanderar EE.UU.

El legado diplomático en juego

Desde su fundación en 1789, el Departamento de Estado ha evolucionado para enfrentar los grandes desafíos globales: desde la Guerra Fría hasta el auge del terrorismo internacional, pasando por la promoción del desarrollo sostenible, la asistencia humanitaria y la diplomacia cultural. Según datos oficiales, para 2024 contaba con más de 70,000 empleados en todo el mundo, incluyendo misiones en más de 190 países.

La doctrina Monroe, el Plan Marshall, el Acuerdo de París o las negociaciones nucleares con Irán son capítulos que hablaron del rol constructivo que este organismo puede jugar. La presente administración parece querer reescribir ese rol, enfocándose únicamente en el “interés nacional” inmediato y reduciendo los espacios para el diálogo cultural y la cooperación humanitaria.

¿Cuál es el verdadero costo de la eficiencia?

El discurso de eficiencia es seductor. Reducir la burocracia, agilizar procesos, evitar redundancias: todo ello suena apropiado en un clima de escepticismo hacia el Estado. Pero cuando este modelo se aplica al cuerpo diplomático, sus efectos pueden ser devastadores y de largo alcance.

Estados Unidos enfrenta una competencia geopolítica creciente con China y Rusia; conflictos en África, reclamos territoriales en Asia, crisis humanitarias en Latinoamérica y una Europa fracturada por guerras y nacionalismos. ¿Podrá una diplomacia mermada responder con eficacia?

Como dijo Madeleine Albright, emblemática Secretaria de Estado bajo Bill Clinton: “La diplomacia es nuestra primera línea de defensa. La reducción de ese esfuerzo nos deja solo con la opción del uso de la fuerza.”

¿Está el gobierno estadounidense cavando la tumba del soft power que durante décadas le permitió moldear el orden internacional?

El mundo observa, y la diplomacia parece haber sido la primera víctima de una eficiencia mal entendida.