El rostro de la justicia migratoria: discriminación y derechos en la era Trump

La orden judicial que detuvo la maquinaria del ICE en California

El 14 de junio, un juzgado federal estadounidense emitió un fallo contundente contra las prácticas de detención migratoria desplegadas por la administración del expresidente Donald Trump. La jueza Maame E. Frimpong prohibió las redadas indiscriminadas de inmigración en siete condados de California, incluyendo el populoso condado de Los Ángeles. La decisión surge como respuesta a una demanda interpuesta por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, que acusan al gobierno federal de realizar arrestos sin orden judicial y de manera discriminatoria.

El fallo también ordena que se restaure el acceso de abogados a detenidos en la instalación B-18 de ICE en el centro de Los Ángeles, después de que diversos abogados denunciaran impedimentos sistemáticos en el cumplimiento del derecho constitucional a la defensa.

Un patrón de discriminación racial

La demanda sostiene que los agentes de ICE estaban enfocándose selectivamente en personas de tez morena en sitios como lavaderos de autos, tianguis, estacionamientos de Home Depot y cortes migratorias. Uno de los demandantes, ciudadano estadounidense, afirmó que fue detenido pese a mostrar su identificación y que fue agredido físicamente, únicamente por parecer latino y trabajar en un taller de grúas dentro de un vecindario predominantemente latino.

Mohammad Tajsar, abogado de la American Civil Liberties Union (ACLU), fue enfático: “Los operativos de inmigración están siendo guiados por estereotipos raciales. Se está criminalizando la apariencia, se empodera a los agentes para ir tras cualquiera que luzca hispano sin seguir el debido proceso”.

En una de las redadas en un autolavado, se reportó que todos los trabajadores fueron detenidos excepto dos empleados blancos. Una situación similar ocurrió en un swap meet (mercado de pulgas), donde los agentes escoltaron a personas basándose, según testigos, en su apariencia étnica.

La retórica oficial y la negación institucional

Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin rechazó las acusaciones. Aseguró que “cualquier afirmación de que los individuos han sido ‘seleccionados’ por su color de piel es repugnante y categóricamente falsa”. McLaughlin afirmó que estos operativos son “altamente específicos” y que cada arresto se realiza con diligencia basada en datos.

Del lado del gobierno, el abogado Sean Skedzielewski insistió en que los agentes no actúan por cuestiones raciales, sino que consideran factores múltiples bajo una visión más amplia de “circunstancias totales”, incluyendo vigilancia previa y comportamiento observado. También mencionó el uso de “paquetes individualizados y dirigidos” como base para muchas detenciones.

Violaciones al debido proceso y supresión de la representación legal

El problema no solo es la naturaleza de las detenciones, sino lo que ocurre después. Los abogados del Immigrant Defenders Law Center reportaron numerosos incidentes donde se les negó el acceso a detenidos, incluso en días sin protestas o altercados externos. En un caso, mientras intentaban informar a los detenidos sobre sus derechos, el conductor del autobús detonó la bocina para silenciar sus voces, y posteriormente fueron lanzados gases parecidos al gas lacrimógeno.

Mark Rosenbaum, abogado representante de uno de los grupos demandantes, denunció condiciones deplorables dentro del centro de detención B-18. Según él, los detenidos no reciben acceso adecuado a camas, alimentos o a comunicación telefónica, haciendo que varios firmen voluntariamente órdenes de deportación sin haber conversado con un abogado. “Esto es coercitivo y es inaceptable en un estado de derecho”, sostuvo.

La presión civil y la respuesta de las comunidades

Desde el anuncio del incremento de redadas, comunidades latinas en el sur de California han respondido con marchas, manifestaciones y acciones legales. Miles de personas se congregaron en ciudades como Los Ángeles, Santa Ana y Ventura para denunciar lo que consideran una “caza racial”.

En Ventura, durante una redada a una granja de cannabis, decenas de trabajadores fueron detenidos en medio de un operativo masivo. Los manifestantes, al intervenir, provocaron enfrentamientos con los agentes federales y varios resultaron heridos. Esto ocurrió mientras se llevaba a cabo una audiencia clave en la corte federal de Los Ángeles, lo que aumentó la indignación pública.

Contexto político y jurídico de las redadas migratorias

Durante el mandato de Donald Trump, la implementación de políticas migratorias agresivas, respaldadas por órdenes ejecutivas, cambió radicalmente el enfoque migratorio de los EE.UU. En 2017, el entonces secretario de DHS, John Kelly, eliminó las prioridades establecidas por anteriores administraciones, que se enfocaban principalmente en criminales y amenazas de seguridad nacional, permitiendo con ello detenciones indiscriminadas.

El efecto fue inmediato: centros laborales se convirtieron en objetivos estratégicos y los arrestos aumentaron más del 40 % en 2017 respecto al año anterior, según reportes de ICE. Solo en California, se reportaron más de 32,000 detenciones administrativas entre 2017 y 2019.

Organizaciones como ACLU, Human Rights Watch y la Red Nacional de Jornaleros (NDLON) documentaron un aumento de las redadas en lugares públicos y el uso de perfiles raciales como guía operativa. Según un informe de Human Rights Watch de 2018: “El patrón discriminatorio no es anecdótico, está respaldado por datos y testimonios incontestables”.

Impacto legal: cambio de paradigma o medida temporal

El fallo de la jueza Frimpong establece un precedente relevante en el enfrentamiento entre políticas migratorias agresivas y protecciones constitucionales. Invocando la Cuarta Enmienda (protección contra detenciones arbitrarias) y la Quinta Enmienda (garantía de debido proceso), la magistrada argumentó que los operativos desplegados “violan derechos fundamentales reconocidos por la jurisprudencia del país”.

La orden judicial no solo impide futuras redadas en los condados señalados, sino que también exige nuevos protocolos que respeten el estándar de sospecha razonable y la supervisión judicial previa de cada operativo. También obliga a ICE a garantizar el acceso legal inmediato para cada detenido en centros bajo su jurisdicción, al menos en California del Sur.

Además, 18 fiscales generales estatales, liderados por California, presentaron amicus curiae apoyando las órdenes, argumentando que “la confianza pública en las fuerzas del orden migratorio se destruirá si la discriminación racial se torna política de facto”.

Reflexión sobre el futuro: ¿una reforma migratoria posible?

El actual presidente, Joe Biden, prometió un enfoque más humano de la política migratoria. Si bien ha desmantelado algunas de las políticas más extremas de Trump como la regla de “permanecer en México” y la restricción de asilo, los defensores migratorios aún exigen una reforma estructural que limite poderes discrecionales de ICE.

Mientras la batalla legal continúa en los tribunales, queda claro que el uso de perfiles raciales, las detenciones sin orden y la supresión del derecho a la defensa crean un precedente autoritario que amenaza no solo los derechos de migrantes sino los pilares constitucionales del país. El reto ahora será garantizar que estas órdenes no sean temporales, sino el inicio de una reconstrucción garantista del sistema migratorio estadounidense.

Lo que está en juego

• Dignidad humana: Las detenciones raciales normalizan la desigualdad como política pública.
• Constitucionalismo: La Cuarta y Quinta enmiendas están siendo puestas a prueba.
• Confianza institucional: Comunidades inmigrantes pierden fe en la justicia y la policía.

Como dijo una activista en una de las protestas: “No buscamos un trato especial, buscamos que se cumpla la ley para todos por igual. La Constitución no es negociable.”