Reasentamientos secretos, fugas de datos y acusaciones de golpe: Reino Unido y Brasil en jaque democrático

Dos historias recientes —una desde Londres y otra desde Brasilia— han captado la atención mundial por sus implicancias políticas, éticas y legales. Ambas giran en torno al tratamiento de la democracia, la protección de datos y la verdad frente a la ciudadanía. En este análisis confrontamos estos acontecimientos cruciales y qué significan para el futuro de las democracias liberales.

El caso británico: fugas, silencios y reasentamientos secretos

En 2022, el Ministerio de Defensa británico fue responsable de una de las filtraciones de datos más graves desde el punto de vista humanitario: se divulgó inadvertidamente la información personal de cerca de 19,000 afganos que habían solicitado asilo al Reino Unido tras la toma de poder por parte de los talibanes en Afganistán.

El contexto era acuciante. Tras la caótica retirada de tropas en agosto de 2021, miles de afganos —muchos de ellos intérpretes y colaboradores directos de las fuerzas británicas— quedaron en situación de extrema vulnerabilidad. Una simple hoja de cálculo enviada por error por un funcionario marcó el inicio de una cadena de decisión sin precedentes.

Consciente del riesgo que este incidente suponía, el entonces gobierno conservador optó por una controvertida medida: solicitó y obtuvo una super injunction, una orden judicial excepcional que no solo prohíbe la publicación de ciertos detalles, sino la existencia misma de la orden. Se trata de una herramienta jurídica reservada para casos de seguridad nacional o, con frecuencia, para celebridades deseosas de encubrir asuntos personales.

Más que una filtración: un programa secreto en marcha

En respuesta a la filtración, el gobierno británico puso en marcha un programa secreto para reubicar a los afganos en peligro. Según cifras presentadas por el actual Secretario de Defensa, John Healey, aproximadamente 4,500 personas —900 solicitantes y alrededor de 3,600 familiares— fueron trasladadas en silencio al Reino Unido. El total previsto al cierre del programa será de unos 6,900 individuos, con un costo de 850 millones de libras (más de 1,000 millones de dólares).

No obstante, el programa ha sido criticado por su falta de transparencia y su limitado alcance. Al menos 36,000 afganos han sido reubicados en el Reino Unido por otras vías, pero organizaciones defensoras de derechos humanos calculan que varias miles de personas que ayudaron al ejército británico aún siguen en peligro, a merced del régimen talibán.

El debate sobre las super injunctions

Este es posiblemente el primer caso en el que un gobierno británico emite una super injunction. Como subraya el juez Martin Chamberlain, quien decidió levantar la orden en 2024, la medida generó un vacío de escrutinio democrático que afectó profundamente a la libertad de prensa y la rendición de cuentas:

“La super injunction tuvo el efecto de cerrar completamente los mecanismos ordinarios de rendición de cuentas que operan en una democracia”, afirmó Chamberlain.

La controversia deja al descubierto una tensión entre transparencia gubernamental y seguridad nacional, especialmente en un contexto donde las decisiones afectan directamente la vida de personas vulnerables que han apostado su seguridad personal al colaborar con misiones internacionales.

Brasil y la democracia herida: el juicio de Jair Bolsonaro

Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, Brasil atraviesa su propia crisis de gobernanza democrática. El ex presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro enfrenta un juicio histórico por su papel en un presunto intento de golpe de Estado tras su derrota en las elecciones de 2022 frente al izquierdista Lula da Silva.

En un informe de 517 páginas, el fiscal general Paulo Gonet argumenta que el exmandatario "actuó sistemáticamente para incitar a la insurrección y la desestabilización del estado de derecho democrático". Las acusaciones incluyen:

• Liderar una organización criminal armada.
• Tentar un golpe de Estado.
• Buscar violentamente abolir el estado democrático.
• Destrucción agravada de patrimonio nacional.

De ser hallado culpable, Bolsonaro podría enfrentar hasta 12 años de prisión por intento de golpe, cifra que aumentaría si se suman otras penas.

¿Persecución política o justicia en acción?

Como era de esperarse, Bolsonaro y su entorno niegan todas las acusaciones, calificándolas de una caza de brujas. En su cuenta de X (anteriormente Twitter), declaró:

“Todas las acusaciones son falsas. Nunca violé la democracia ni la Constitución”.

Incluso Donald Trump intervino en defensa de su aliado ideológico, describiendo el proceso judicial como un acto injusto y comparando el caso con sus propias disputas legales en Estados Unidos. Como represalia simbólica, el expresidente estadounidense impuso un arancel del 50% a importaciones de Brasil, atando directamente la medida al juicio de Bolsonaro.

Pruebas contundentes y un sistema en vilo

Sin embargo, los fiscales presentan un robusto conjunto de pruebas: grabaciones, notas manuscritas, archivos digitales y comunicaciones electrónicas demuestran, según el informe, que el círculo cercano de Bolsonaro planeó acciones para desestabilizar el país y desconocer el mandato democrático.

Entre los coimputados figuran Walter Braga Netto (ex vicepresidente), Anderson Torres (ex ministro de Justicia) y Mauro Cid (ayudante de campo), además de otras 30 personas. La defensa presentará próximamente su versión, tras lo cual el Supremo Tribunal Federal emitirá un fallo que podría marcar un antes y un después en la historia política del país.

Dos democracias, un dilema común

En Brasil y el Reino Unido, dos realidades muy distintas convergen en una pregunta esencial: ¿cuánto poder tiene el Estado para decidir unilateralmente cuándo callar, cuándo revelar y cómo actuar sin consultar ni explicar?

En Reino Unido, una super injunction permitió que miles de personas fueran trasladadas sin conocimiento público, presuntamente para su protección. Sin embargo, esa misma opacidad dejó preguntas sin respuesta y socavó la confianza en las instituciones.

En Brasil, un ex presidente que explotó las grietas institucionales podría recibir una condena sin precedentes. Sin embargo, la narrativa de la victimización política aún resuena entre sus seguidores y genera tensiones sociales peligrosas.

Ambos casos son un recordatorio urgente: la democracia no solo se mide por el voto, sino por la transparencia, la legalidad y la capacidad de los gobiernos para responder a sus ciudadanos.