El límite de dos años a la ayuda para la vivienda: ¿Inicio de la autosuficiencia o una sentencia de desalojo masiva?

Un cambio radical en la política de vivienda pública

En medio de una de las crisis de vivienda más graves que ha enfrentado Estados Unidos en décadas, la administración del expresidente Donald Trump propuso imponer un límite de dos años a la asistencia federal para la vivienda proporcionada por programas como Vivienda Pública y vales de la Sección 8. Esta medida podría afectar a más de 1.4 millones de hogares de bajos ingresos, muchos de los cuales incluyen familias trabajadoras con hijos.

Según un nuevo estudio de la Universidad de Nueva York (NYU) publicado recientemente, esta drástica política amenazaría la estabilidad habitacional de cientos de miles de niños y generaría costos administrativos descomunales para las autoridades locales de vivienda.

¿Qué es la Sección 8 y por qué importa?

La Sección 8 es uno de los pilares del sistema de asistencia para la vivienda en EE.UU. A través de este programa, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) subsidia el alquiler para que las familias de bajos ingresos puedan vivir en viviendas del mercado privado. Cerca de 4 millones de hogares dependen actualmente de estos vales, mientras que otro millón vive en vivienda pública directamente administrada por agencias locales.

Pero la propuesta de limitar esta ayuda a solo dos años cambiaría radicalmente la política que durante décadas ofreció estabilidad a millones de personas. En palabras de la investigadora Claudia Aiken del Furman Center de NYU: “La asistencia en vivienda es especialmente impactante para los niños; su salud, educación y oportunidades laborales pueden mejorar enormemente si tienen un hogar estable.”

Más que cifras: la historia de Havalah Hopkins

Para entender la gravedad del impacto, basta con escuchar a Havalah Hopkins, una madre soltera de 33 años que vive con su hijo de 14 (quien tiene autismo) en Woodinville, Washington. Hopkins trabaja como proveedora de catering y, gracias a la asistencia del HUD, solo paga un 30% de sus ingresos —unos $450 mensuales— por su departamento de dos habitaciones.

“Poder pagar mi renta es lo que más valoro de esta vivienda”, dice Hopkins. Antes de obtener el subsidio, apenas podía subsistir con los ingresos limitados de su trabajo. Ahora, teme volver a una situación desesperada si se impone el nuevo límite de tiempo.

Un sistema en jaque

Según los hallazgos del estudio de NYU, aproximadamente el 70% de los hogares que podrían verse afectados por esta política ya han estado recibiendo asistencia durante al menos dos años. Al imponerles un límite estricto, las autoridades de vivienda pública no solo tendrían que desalojarlos, sino que deberían gestionar nuevas admisiones a gran escala, lo que implicaría enormes costos administrativos y logísticos.

Además, el HUD no ha dado detalles claros sobre cómo se aplicaría esta política. Hay preguntas sin respuesta clave: ¿cuándo empezaría a correr el reloj de los dos años?, ¿cómo se definirían las exenciones para personas discapacitadas?, ¿y quién calificaría como “capaz de trabajar”?

¿Autosuficiencia o desplazamiento masivo?

Defensores de la medida, como el secretario del HUD Scott Turner, argumentan que esta reforma alentaría a las personas a convertirse en autosuficientes y reduciría el fraude. “La asistencia de HUD no está destinada a ser permanente”, afirmó Turner en una audiencia presupuestaria.

Por el contrario, los críticos advierten que, sin un acompañamiento adecuado –como programas de capacitación laboral o acceso a empleos bien remunerados–, la mayoría de los afectados simplemente se verían forzados a vivir en la calle o regresar a las listas de espera interminables.

De hecho, de las 17 autoridades de vivienda que han probado versiones limitadas de estos límites, 11 abandonaron el experimento. Ninguna implementó un límite de dos años; lo más común fue un máximo de cinco años con posibilidad de prórroga por dos más.

Ejemplos contradictorios

En el condado de San Mateo, California, Shawnté Spears, directora de la agencia local de vivienda, explicó que su programa de cinco años con apoyo profesional ayudó a algunos inquilinos. Pero agregó: “A pesar de nuestros esfuerzos, cuando las personas dejan nuestro programa, siguen enfrentando una carga de renta altísima.”

Y no es para menos: en áreas como la bahía de San Francisco, el alquiler puede superar los $3,000 mensuales, lo cual es inalcanzable para quienes ganan salarios mínimos incluso con dos empleos.

Transformar el sistema, ¿a costa de quién?

Este endurecimiento de las normas llegaría en un contexto donde la demanda por vivienda asequible se ha disparado. Se calcula que solo uno de cada cuatro hogares de bajos ingresos elegibles recibe ayuda de HUD, y millones más siguen en listas de espera.

Según el Centro Nacional de Derecho a la Vivienda (NHLP), EE.UU. enfrenta un déficit de más de 7 millones de viviendas asequibles y disponibles para hogares de ingresos extremadamente bajos. El poner un límite tan estricto sin alternativas viables podría ahondar más la crisis social.

La Coalición Nacional de Vivienda para Personas de Bajos Ingresos ha advertido que los recortes, combinados con la reducción del presupuesto destinado a programas de autosuficiencia, podrían tener un efecto devastador.

Impacto en los niños

El estudio de NYU resalta que más de la mitad de las familias con niños podrían ser desalojadas. Esto no solo rompe el tejido familiar, también tiene efectos colaterales en la salud mental y física de los menores, su rendimiento escolar y hasta sus oportunidades de empleo a largo plazo.

“Los niños que enfrentan múltiples mudanzas o la incertidumbre habitacional tienen muchas más probabilidades de repetir grados escolares, sufrir problemas de salud y perpetuar el ciclo de la pobreza”, enfatizó Aiken.

Una amenaza al tejido comunitario

Los contratos del HUD con propietarios privados también se verían afectados. Muchos caseros ya han expresado incertidumbre sobre sus ingresos futuros, lo cual podría llevarlos a restringir o cancelar sus acuerdos con las autoridades de vivienda, reduciendo aún más las opciones disponibles para los beneficiarios.

Hopkins resume el sentir de muchos en su situación: “Este sistema ya nos exige mucho. ¿Y ahora nos van a decir que tenemos un reloj en contra? Es deshumanizante.”

Un problema estructural, no personal

Muchos críticos de la política de límites temporales subrayan que asumir que los beneficiarios no quieren trabajar o no lo hacen, es un error. El ejemplo de Hopkins lo deja claro: trabaja en todo encargo de catering que puede obtener, a menudo superando las horas normales de jornada, y aun así no puede sostener una vivienda a precio de mercado en su ciudad natal.

Y como ella, millones más se esfuerzan cada día entre empleos mal remunerados, guarderías costosas, transporte inadecuado y condiciones laborales poco estables.

¿Hacia dónde vamos?

La propuesta aún no está implementada de manera generalizada, pero agencias de vivienda como la del condado de King ya están tomando medidas precautorias: han pausado la emisión de nuevos vales y programas, anticipando recortes y cambios bruscos.

Para Hopkins, y para muchos como ella, este intento de reforma parece más una sentencia de muerte a las esperanzas que les quedaban: “Estoy cansada de sentir que estoy luchando por respirar. Por primera vez sentía que podía aspirar a tener un futuro con mi hijo. ¿Ahora quieren quitármelo?”

“No todos podemos ser médicos o abogados —y dos años no bastan ni siquiera para llegar a ese punto,” concluye con una mezcla de resignación y rabia contenida.