Fuego mortal en Gabriel House: el vacío regulatorio que amenaza a los adultos mayores en EE.UU.

Una tragedia que expone un sistema roto

El 14 de julio de 2025, un incendio arrasó con el centro asistencial Gabriel House, ubicado en Fall River, Massachusetts, provocando la muerte de al menos nueve adultos mayores y dejando múltiples interrogantes sobre la gestión, seguridad e integridad de estas instituciones. Además de las pérdidas humanas, el siniestro encendió las alarmas sobre la falta de regulación y el papel que juegan los estados —y no el gobierno federal— en este creciente sector del cuidado geriátrico.

¿Qué es una residencia asistida?

Las residencias asistidas se consolidaron en la década de 1980 como una alternativa entre la atención domiciliaria y los asilos. Son instalaciones destinadas a adultos mayores que no requieren la atención médica constante de un hogar de ancianos, pero sí ayuda con actividades diarias como alimentación, higiene o movilidad.

Lo que en su momento comenzó como una opción de bajo cuidado, hoy alberga a pacientes con necesidades complejas, incluso con dependencia de sillas de ruedas, tanques de oxígeno y cuidados médicos periódicos. Esta evolución demográfica no vino acompañada de un fortalecimiento normativo, lo que ha tornado estas instalaciones en zonas grises de la atención sanitaria.

Gabriel House: un ejemplo del descontrol

La residencia Gabriel House cumplía con las definiciones legales de una instalación asistida, lo que le permitía operar sin cumplir muchos requisitos exigidos a los hogares de ancianos: no requieren presencia de personal médico, ni inspecciones federales, ni número mínimo de personal por residente. Al momento del incendio, decenas de residentes dependían de dispositivos médicos y movilidad asistida.

El director ejecutivo de la Long Term Care Community Coalition, Richard Mollot, lo resumió así: “Estos lugares funcionan como el Viejo Oeste. Hacen prácticamente lo que quieren, y eso produce mini-catástrofes cada día”.

¿Por qué no hay regulaciones federales?

A diferencia de los hogares de ancianos, que reciben fondos de Medicare y Medicaid, las residencias asistidas no acceden a estos recursos. Eso significa que el gobierno federal no tiene autoridad directa para regularlas. Cada estado construye sus propias políticas, lo que genera un mosaico inconsistente y, a menudo, laxo.

La abogada Liane Zeitz, parte de la Comisión estatal de Residencias Asistidas, ha señalado que los estándares actuales son “mínimos y no han evolucionado con el perfil del residente moderno”. Lo que antes era un modelo de vivienda semindependiente se ha transformado en centros de cuidados complejos, sin el equipamiento legal ni médico correspondiente.

Un incendio que pudo evitarse

El fuego en Gabriel House no fue el primer incidente grave de este tipo en una instalación asistida. Según el Long Term Care Community Coalition, más de 1,200 incendios ocurren por año en este tipo de residencias en Estados Unidos. La falta de rociadores anti-incendios, personal entrenado o evacuación efectiva está presente en la mayoría de los siniestros con víctimas fatales.

En Massachusetts, no existen normas que obliguen a las residencias asistidas a contar con cierto número de personal por número de residentes, ni exigencias claras de formación especializada en evacuación o primeros auxilios. Esta carencia se vuelve letal cuando hablamos de poblaciones vulnerables, muchas veces con movilidad reducida o enfermedades neurodegenerativas.

¿Quién vigila el bienestar de nuestros mayores?

Paul Lanzikos —exsecretario de asuntos de la tercera edad en Massachusetts y cofundador de la organización Dignity Alliance— calificó los marcos normativos estatales como un “parche de retazos”, donde cada jurisdicción regula bajo su propio criterio. Algunos estados las consideran parte del sistema de salud y otros, como Massachusetts, como modelo residencial, con todo lo que eso implica.

La senadora estadounidense Elizabeth Warren ha resaltado esta falta de supervisión durante años. En una audiencia del Congreso en 2024, declaró: “Estos son problemas graves con años de historia. Pero escuchamos mucho menos acerca de lo que ocurre en las residencias asistidas que en los hogares de ancianos.”

El negocio por encima del cuidado

¿Por qué se resiste tanto la regulación? La respuesta tiene matices económicos. La industria de residencias asistidas ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos 20 años. Actualmente, existen alrededor de 30,000 instalaciones en EE.UU. que atienden a más de 800,000 adultos mayores. Muchos son operados por corporaciones que cotizan en bolsa, cuyo interés primario es mantener márgenes de ganancia.

Aumentar los requisitos legales o mejorar la capacitación del personal implicaría mayores costos operativos. Varios estudios, entre ellos uno publicado por el Journal of American Geriatrics Society, apuntan a que el 45% de los residentes de estas residencias presentan condiciones similares o más severas que aquellos en hogares de ancianos. Sin embargo, la relación de personal por paciente es, en promedio, tres veces menor.

Un llamado a la acción

Richard Mollot ha advertido que la tragedia de Gabriel House podría ser el catalizador de una nueva regulación federal, similar a lo que ocurrió tras los escándalos en hogares de ancianos en los años setenta y ochenta. “Estamos ante una bomba de tiempo”, declaró en una entrevista reciente. “Una población cada vez más enferma, en manos de un sistema que prioriza ganancias sobre vidas humanas.”

La esperanza reposa en un eventual empuje legislativo. También cobra urgencia la creación de un marco regulatorio nacional mínimo: estándares básicos de dotación de personal, seguridad contra incendios, acceso a atención médica y protocolos claros de emergencia.

¿Cómo proteger a nuestros seres queridos?

Mientras ese cambio estructural llega, las familias tienen el reto de informarse y exigir condiciones dignas para sus seres queridos. Aquí algunos consejos clave:

• Consultar inspecciones estatales previas del centro.
• Verificar si hay personal médico en planta.
• Confirmar existencia de rociadores y alarmas funcionales.
• Observar la proporción trabajador-residente.
• Preguntar por capacitaciones de emergencia.

Los adultos mayores merecen envejecer con dignidad, seguridad y compasión. Una tragedia como la de Gabriel House no debe ser una anécdota, sino un punto de inflexión para una ciudadanía que envejece rápidamente. Porque algún día, tú o yo podríamos estar ahí.