Secretismo y negligencia: la polémica operación de reubicación afgana del Reino Unido

Un programa de reubicación oculto. Una filtración de datos de casi 19,000 personas. Una orden judicial de alto secreto. Y miles de vidas en juego. Así podría resumirse la extraordinaria y preocupante historia del programa británico para trasladar a afganos que colaboraron con sus fuerzas armadas. Esta saga, aún en desarrollo, ha desencadenado acusaciones de encubrimiento gubernamental, negligencia administrativa y una peligrosa falta de transparencia democrática.

El origen: la huida caótica de Afganistán

Agosto de 2021 ha quedado grabado en la memoria colectiva como el mes en que Kabul colapsó bajo la ofensiva final de los talibanes. Tras el retiro de tropas occidentales liderado por EE.UU., el Reino Unido lanzó el Afghan Relocations and Assistance Policy (ARAP) para reubicar a afganos que habían trabajado para sus fuerzas armadas como intérpretes, asistentes logísticos y personal civil.

El programa fue lanzado con urgencia para «salvar» a los colaboradores locales. Sin embargo, bajo esta narrativa humanitaria se escondía una operación donde la falta de control y la opacidad marcaría cada paso.

Un error de correo electrónico que compromete a miles

En febrero de 2022, un funcionario del Ministerio de Defensa (MOD) británico comete lo que podría considerarse uno de los errores administrativos más graves de los últimos años: envía por correo electrónico una hoja de cálculo con los datos personales de casi 19,000 solicitantes de ARAP a una persona no autorizada.

El objetivo era compartir solo 150 nombres. Sin embargo, se adjuntó la lista completa. Dicha información incluía nombres, contactos, detalles familiares e incluso ubicaciones actuales en algunos casos. Una bomba de tiempo en potencia, especialmente en manos de los talibanes.

Lo más escalofriante es que el gobierno solo se enteró del incidente 18 meses después, cuando parte de la información fue publicada en Facebook junto a una amenaza de difusión masiva.

El recurso del silencio: la controversial superinstrucción

Ante el peligro de una filtración total, el entonces Ministro de Defensa, Ben Wallace, recurrió a la justicia. Pero no a cualquier medida: solicitó una “superinstrucción”. Esta orden judicial no solo prohíbe divulgar información, sino que también impide informar de la existencia misma de la orden.

En Reino Unido, el uso de superinstrucciones es altamente controvertido, y hasta ahora se habían reservado para proteger la privacidad de celebridades en casos de infidelidad o chantaje. Esta es la primera vez en la historia británica moderna que se confirma su uso por parte del gobierno.

Durante casi dos años, ningún periodista pudo notificar sobre la fuga de datos, el programa secreto ni la orden que impedía difundirlo. No solo se negó el acceso a la ciudadanía: los propios afganos afectados tampoco fueron informados.

Una misión secreta financiada con fondos públicos

Durante el periodo de silencio legal, el gobierno priorizó el traslado de los solicitantes más vulnerables. Hasta la fecha:

• Han sido reubicadas en Reino Unido unas 4,500 personas, incluyendo solicitantes y sus familias.
• Se prevé que la cifra llegue a 6,900 antes del cierre del programa.
• El costo público de esta operación asciende a 850 millones de libras esterlinas (alrededor de 1,100 millones de dólares).

En paralelo, organizaciones periodísticas descubrieron por otros medios la existencia del listado filtrado, pero se vieron obligadas a recurrir a los tribunales para desafiar la orden secreta.

Cambio de gobierno, giro en la política

En julio de 2024, el Partido Laborista bajo el liderazgo de Keir Starmer ganó las elecciones y formó gobierno. Durante el proceso de transición, los nuevos ministros fueron informados de la superinstrucción y del oscuro episodio que se escondía detrás.

El Ministro de Defensa actual, John Healey, ordenó una revisión independiente del riesgo actual que representaba la divulgación de los datos filtrados. El informe reveló que la información ya estaba en manos de los talibanes por otros medios y que el daño potencial era, en este punto, limitado.

El ejecutivo laborista decidió entonces no renovar su apoyo a la superinstrucción. El 16 de julio de 2024, minutos después de la decisión judicial que la levantó, Healey intervino en la Cámara de los Comunes para revelar por primera vez todo el escándalo al Parlamento y, por extensión, al mundo.

Un sistema fallido: políticos, abogados y periodistas acusan negligencia

Desde múltiples sectores de la sociedad civil británica han llovido las críticas. Entre ellas:

• Organizaciones de derechos humanos cuestionan que los propios afganos afectados nunca fueron informados confiablemente sobre la filtración de sus datos.
• Expertos legales especializados en privacidad, como Adnan Malik del bufete Barings Law, están formando una demanda colectiva con cientos de víctimas.
• Defensores de la libertad de prensa exigen explicaciones sobre cómo se autorizó una superinstrucción tan amplia.

El juez Martin Chamberlain, al levantar la medida judicial, fue tajante en su crítica: “La superinstrucción tuvo el efecto de apagar completamente los mecanismos ordinarios de rendición de cuentas.”

Impacto político y consecuencias a largo plazo

En un momento de tensiones migratorias y discursos nacionalistas, figuras como Nigel Farage (líder de Reform UK) han cuestionado el proceso de filtración y seguridad de los afganos reubicados.

Sin embargo, las preguntas más duras no apuntan a los refugiados sino al propio corazón del aparato estatal británico:

• ¿Por qué se permitió una filtración de datos de semejante magnitud?
• ¿Quién autorizó el uso de una superinstrucción en vez de informar al Parlamento?
• ¿Qué mecanismos de control han fallado dentro del Ministerio de Defensa?

El ministro Healey declaró a la BBC que “no puede haber democracia con superinstrucciones en marcha”. Pero también reconoció que “la historia apenas comienza”.

Paralelo con otros escándalos y lecciones ignoradas

Este caso recuerda a otros episodios de falta de transparencia gubernamental como el escándalo de Windrush en 2018, donde ciudadanos provenientes del Caribe fueron deportados por errores administrativos pese a tener derecho legal a residir en Reino Unido.

También evoca discusiones pasadas sobre el rol de los medios: ya en 2011, el periódico The Guardian luchó durante meses para revelar una superinstrucción relacionada con una petrolera y un vertido tóxico en Costa de Marfil.

En este caso actual, la libertad de expresión, la seguridad personal y la dignidad de los refugiados colisionaron con el interés del Estado. Las consecuencias podrían marcar un antes y un después en las relaciones entre gobierno y ciudadanía, y quizás dar paso a reformas en torno al poder judicial y las prerrogativas del Ejecutivo.