‘Alcatraz del Pantano’: El oscuro simbolismo y las consecuencias del nuevo centro migratorio en Florida

Un centro clandestino en plena luz del día

El 1 de julio de 2025, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, acompañado del expresidente Donald Trump y de la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, inauguró un centro de detención para migrantes emplazado en uno de los lugares más inhóspitos del estado: los Everglades. Lo llamaron “Alligator Alcatraz”, una mezcla de marketing político e intimidación migratoria. El problema, sin embargo, no es solo el nombre ni la ubicación, sino la forma en la que se construyó, el secretismo con el que operó el estado y los potenciales abusos legales e institucionales que representa.

Un proyecto “fantasma” sin consulta local

El conjunto de más de cien correos electrónicos obtenidos por solicitud pública muestra con claridad: los gobiernos locales no sabían nada. A pesar de iniciarse los trabajos de construcción días antes, incluso altos funcionarios del condado de Collier, como el director de Manejo de Emergencias, Dan Summers, describían el proyecto como un “rumor”.

Una frase resume el nivel de desconexión institucional: “Not cool!” escribió Summers después de enterarse de que los contratistas ya estaban operando mientras él creía estar en la etapa de verificación conceptual. La infraestructura comenzó a montarse a toda marcha: llegaron tráileres, baños portátiles y materiales asfaltados durante las 24 horas del día.

Poderes extraordinarios para acciones cuestionables

Todo fue ejecutado bajo una orden ejecutiva firmada en 2023 por DeSantis y extendida periódicamente. Esta otorgaba al poder ejecutivo estatal la capacidad de suspender cualquier “ley, reglamento u orden” que pudiera retrasar la respuesta a una “emergencia migratoria”. En otras palabras, un cheque en blanco para construir una megainfraestructura de detención sin tener que rendirle cuentas a nadie.

Esa orden permitió que el estado se apropiara de terrenos propiedad del condado de Miami-Dade sin pasar por procesos de autorización ni evaluación ambiental. El sitio elegido: una antigua pista aérea en medio del pantano, a 72 kilómetros del centro de Miami, en una zona húmeda, remota y plagada de mosquitos.

Una narrativa política construida sobre concreto

El nuevo centro no ocurrió en el vacío. Forma parte de un discurso político cada vez más punitivo y teatral en torno a la inmigración. El nombre “Alligator Alcatraz” no solo alude a la penitenciaría más famosa de Estados Unidos; también es un mensaje deliberado: se pretende que el miedo sea tan eficaz como las barreras físicas.

La apertura del centro fue cuidadosamente coreografiada. DeSantis, Trump y otros líderes republicanos recorrieron las instalaciones como si fueran a cortar la cinta de una escuela o un hospital. Pero este no es un proyecto humanitario: está diseñado para recluir a miles de personas que cruzaron la frontera en busca de una vida mejor.

¿Un atajo hacia la ilegalidad?

Grupos ambientalistas ya han presentado demandas federales argumentando que el estado violó leyes estatales y federales al eludir permisos ambientales y de zonificación. Según estos grupos, los Everglades —una reserva ecológica delicada— están ahora en riesgo por la instalación improvisada de lo que equivale a un campo de internamiento.

“El terreno es insalubre, con infraestructura mínima y altas probabilidades de inundaciones”, escribió en uno de los correos Dan Summers. La pregunta de fondo es: ¿realmente puede usarse el pretexto de una emergencia migratoria para suspender el Estado de derecho y actuar sin fiscalización?

Un proyecto alineado con donaciones políticas

Otro aspecto preocupante es el patrón de asignación de contratos multimillonarios para la construcción del centro. Varios de los beneficiarios son empresarios que donaron importantes sumas a Ron DeSantis y al Partido Republicano. La velocidad del proyecto dejó poco margen para licitaciones públicas o transparencia.

Los trabajadores de la obra estuvieron operando incluso antes de la formalización legal de la ocupación del terreno, lo cual contraviene varios protocolos de administración pública. Esta mezcla de urgencia artificial, discrecionalidad y favores políticos recuerda a las prácticas más cuestionadas de regímenes autoritarios.

Colapso institucional e incertidumbre operativa

Los responsables locales —desde cuerpos de bomberos hasta la oficina del Sheriff— no sabían cómo actuar ante posibles contingencias dentro del centro. ¿A quién le correspondería intervenir si hubiera un motín, un incendio o un problema sanitario? Esta falta de coordinación no solo revela negligencia, sino que puede derivar en tragedias humanas.

“Estoy buscando entender cómo debemos prepararnos para esto, que claramente se encuentra dentro de la jurisdicción del condado”, escribió el jefe de bomberos Chris Wolfe. La respuesta del estado fue básicamente la misma desde el inicio: evasiva.

Turismo, imagen y cobertura mediática

Collier County, conocido por sus playas blancas y parques nacionales, vive en gran parte del turismo. Por eso, los funcionarios del condado hicieron esfuerzos titánicos para separar su imagen institucional de la del nuevo centro. Circularon internamente artículos publicados por The New York Times, Washington Post y medios europeos, evaluando el daño reputacional mientras no recibían ninguna comunicación oficial desde Tallahassee.

Un correo del abogado del condado se titulaba: “Not our circus, not our monkeys”, en un intento de desvincular su jurisdicción del caos. Pero la realidad es que el centro está en su geografía y su ciudadanía es la que probablemente recibirá el impacto.

Una política de inmigración que persigue el espectáculo

La política migratoria estadounidense ha ido mutando —especialmente en estados como Florida y Texas— hacia medidas teatralizadas y disuasorias, que buscan titulares antes que resultados. Autobuses de migrantes enviados frente a las casas de líderes demócratas, vuelos cargados de solicitantes de asilo rumbo a estados “santuario”, y ahora una prisión temporal con nombre de reptil y prisión legendaria.

El problema esencial es que estos actos, en vez de resolver la cuestión de fondo —la crisis fronteriza, el sistema migratorio obsoleto, la atención humanitaria—, terminan reforzando un clima de tensión política, miedo colectivo y deshumanización institucional.

¿Cuál es el precio del silencio?

El estado de Florida, bajo el liderazgo de Ron DeSantis, ha escalado su cruzada contra la inmigración ilegal desde 2023. Pero al hacerlo al margen de las reglas, sin transparencia y —quizás lo más preocupante— sin diálogo con autoridades locales, construye un legado conflictivo que abre heridas institucionales difíciles de sanar.

Según la ACLU de Florida, este tipo de instalaciones “funcionan sin supervisión efectiva y con altos riesgos para los derechos humanos de los migrantes, especialmente familias y menores”.

Más allá de las ideologías, lo que está en juego aquí no es solo la frontera, sino el modelo mismo de gobernabilidad democrática: ¿es aceptable en una república que decisiones de alto impacto territorial, ambiental y social se tomen a puertas cerradas y se ejecuten con opacidad casi total?

La historia de 'Alligator Alcatraz' en los pantanos de Florida será recordada, quizás, como uno de los ejemplos más extremos de cómo la política puede camuflarse de urgencia para burlar la ley. Y también como advertencia sobre lo que se pierde cuando los pesos y contrapesos del Estado son vistos como obstáculos, en lugar de garantías.