¿Quién protege a nuestros hijos ahora? El desmantelamiento del Departamento de Educación en EE.UU.

Un retroceso histórico en los derechos civiles educativos

Desde su creación en 1980, el Departamento de Educación de Estados Unidos ha servido como un pilar clave en la protección de los derechos civiles de estudiantes a lo largo del país. Sin embargo, el panorama ha cambiado drásticamente desde que la administración de Donald Trump tomó medidas para desmantelar esta agencia y recortar su personal esencial. En 2025, el impacto de esta estrategia comenzó a sentirse con fuerza entre miles de familias cuyas denuncias de discriminación ahora languidecen sin respuesta.

Una administración que promete eficiencia, pero deja caos

En una comparecencia ante el Senado en junio de 2025, la secretaria de Educación, Linda McMahon, aseguró: “No solo estamos reduciendo el atraso, estamos manteniéndonos al día con los casos actuales, incluso con menos personal”. Pero los números cuentan una historia muy diferente.

• En 2023, se resolvieron 561 casos de derechos civiles.
• En 2024, ese número cayó a 380.
• En 2025, apenas se han resuelto 65 casos a mitad de año, proyectando una cifra final preocupantemente baja.

Además, las quejas han aumentado un 9% este año, con más de 25,000 casos actualmente activos según datos internos.

El costo humano: estudiantes desatendidos y sin justicia

Historias como la de Adrienne Hazel, madre de Ricky, un joven con autismo en Míchigan, ilustran el desamparo que sienten numerosas familias. Su denuncia fue completamente ignorada tras recibir apenas una respuesta automática del sistema federal. Ricky fue colocado en un programa sin maestro certificado y sin plan de aprendizaje individualizado.

Casie Clouse, también de Míchigan, presentó una queja porque su hijo Brady, de 14 años y con una discapacidad visual, no está recibiendo el apoyo prometido por su escuela. Desde mayo no ha tenido respuesta alguna del Departamento de Educación, y teme que su hijo no logre egresar de secundaria.

Recortes masivos: de 200 empleados a la incertidumbre

En marzo de 2025, la Oficina para los Derechos Civiles perdió casi la mitad de su personal debido a despidos masivos. Pese a que McMahon defiende esta reducción citando una supuesta eficiencia, testimonios internos sugieren todo lo contrario.

Según empleados que hablaron bajo anonimato por temor a represalias, cada investigador manejaba unos 42 casos al año pasado. Ahora, esa cifra supera los 200 por persona. Esto significa que miles de denuncias simplemente no serán atendidas en el corto (ni siquiera mediano) plazo.

Una oficina sin capacidad operativa ni autonomía

El pasado junio, un juez federal en Boston calificó a la Oficina de Derechos Civiles como “actualmente incapaz de abordar la gran mayoría de las quejas”, en una orden que suspendía temporalmente más despidos. Más de 200 empleados permanecen suspendidos mientras se resuelve esta disputa legal.

Discriminación sin freno: discapacidad, raza y género

De las 65 resoluciones concretadas este año, 57 se firmaron después de que Trump asumiera el cargo nuevamente. La mayoría aborda denuncias por discriminación relacionada con discapacidades. Una fracción aborda discriminación por sexo o raza. El patrón es evidente: los estudiantes más vulnerables están siendo ignorados por el sistema.

Además, bajo esta administración, los casos más visibles de discriminación por sexo se relacionan con el intento de excluir a atletas transgénero de competencias femeninas, una de las banderas de campaña del actual presidente.

El plan: eliminar por completo el Departamento de Educación

Más allá de la Oficina de Derechos Civiles, el objetivo más ambicioso de la administración Trump es desmantelar completamente el Departamento de Educación, trasladando funciones críticas como la aplicación de derechos civiles al Departamento de Justicia.

Una estrategia que, según analistas jurídicos, representa un grave retroceso en la protección de derechos fundamentales para los sectores más frágiles del sistema educativo estadounidense.

La defensa del gobierno: “el sistema ya estaba roto”

Julie Hartman, portavoz del Departamento de Educación, ha defendido los despidos y la disminución de resoluciones con el argumento de que “incluso con el personal al máximo, el sistema ya era ineficaz”. Sin embargo, las familias no parecen coincidir.

Marcie Lipsitt, una reconocida defensora de la educación especial en Míchigan, afirma: “Es horrible. Estoy viendo a niños sufrir como nunca antes los vi sufrir. No hay ninguna rendición de cuentas”.

Según Lipsitt, no solo las denuncias no avanzan, sino que algunas escuelas que ya habían llegado a acuerdos para mejorar servicios educativos ahora están retrocediendo en sus compromisos, confiando en que no recibirán sanción alguna.

Repercusiones legales y políticas

El desmantelamiento del Departamento de Educación podría sentar un precedente legal peligroso. Aunque el reciente fallo de la Corte Suprema permitió continuar con los recortes, queda por ver si otras entidades, como tribunales laborales y administrativos, permitirán la tercerización de funciones claves de protección civil.

La senadora demócrata Elizabeth Warren, durante una audiencia reciente, declaró que este proceso representa “una violación a la dignidad humana de miles de estudiantes con discapacidades, de minorías raciales y de género”. Organizaciones de derechos civiles han comenzado a preparar demandas colectivas contra el gobierno federal.

¿Qué les espera a las familias vulnerables?

Desde principios de este año, más de 100 familias han iniciado procesos judiciales o están participando en campañas a través de ONGs como el Southern Poverty Law Center o Disability Rights Education & Defense Fund, buscando proteger el derecho constitucional a una educación libre de discriminación.

La pregunta que flota en el aire es: ¿quién protegerá a estos niños si el Estado se da la vuelta?

Mientras tanto, madres como Adrienne Hazel siguen esperando una respuesta que quizás jamás llegue. “No están educando a mi hijo. Solo lo están cuidando. Y él está creciendo sin herramientas para tener independencia. Solo está envejeciendo, sin educación”, señala con resignación.

Con una cifra proyectada de solo 130 resoluciones para todo el 2025 —menos del 20% de lo que se lograba hace apenas dos años—, el panorama es desolador para quienes alguna vez vieron en el Departamento de Educación una esperanza real de justicia.

¿Fin de una era en derechos civiles educativos?

Esta ofensiva contra la infraestructura educativa federal es más que un recorte presupuestario: representa un cambio de paradigma. Uno que podría dejar sin voz a cientos de miles de estudiantes con discapacidades, de comunidades históricamente discriminadas o con necesidades especiales.

Es una señal clara de hacia dónde se dirige EE.UU. bajo esta gestión: una nación donde la educación pública y equitativa podría convertirse en un lujo del pasado.