Ciberestafas y esclavitud moderna: la oscura red criminal que asola el sudeste asiático

Por: Columna de Opinión | Julio 2025

Una epidemia silenciosa: cibercrimen en auge

El sudeste asiático se ha convertido en el epicentro de una epidemia sigilosa pero devastadora: el auge de centros de estafas en línea que operan bajo sofisticadas redes criminales transnacionales. Estados como Camboya, Myanmar y Filipinas han sido señalados en los últimos años por albergar estos centros donde miles de trabajadores, muchos de ellos extranjeros, son forzados bajo engaños, violencia y amenazas a participar en estafas dirigidas a todo el planeta.

Camboya responde con fuerza: más de 2.000 detenidos

El gobierno camboyano ha intensificado su ofensiva contra estas redes. Según anunció el ministro de Información, Neth Pheaktra, entre el jueves 17 y viernes 18 de julio de 2025, se llevaron a cabo redadas masivas en 43 ubicaciones distribuidas entre la provincia de Kandal y Stung Treng, donde se detuvo a un total de 2.137 personas desde el 27 de junio.

Entre los arrestados se cuentan:

• 589 ciudadanos chinos
• 429 vietnamitas
• 271 indonesios
• 70 bangladesíes
• 57 surcoreanos
• 42 pakistaníes

y también personas provenientes de India, Laos, Nepal, Filipinas, Myanmar y Tailandia.

Esta operación marca un punto de inflexión ante las críticas que el gobierno camboyano ha recibido por su letargo a la hora de combatir el cibercrimen, un tema que ha afectado gravemente su imagen internacional.

Una industria millonaria y violenta

La magnitud económica del fenómeno es alarmante. De acuerdo con estimaciones de organismos internacionales como las Naciones Unidas, los cibercrímenes originados en Asia Sudoriental generan miles de millones de dólares anualmente para mafias globales. El modus operandi suele incluir estafas románticas, falsas inversiones en criptomonedas o bienes inmuebles, y chantajes.

No sólo se lucran a costa de incautos en línea: las víctimas reales de mayor vulnerabilidad son quienes trabajan desde dentro esas operaciones. Trabajadores de múltiples países son captados con falsas ofertas laborales y finalmente retenidos contra su voluntad, sometidos a extensas jornadas laborales y amenazas físicas y psicológicas si no "cumplen con las cuotas" de estafas exitosas.

“Buscadores de empleo de Asia y otros lugares del mundo son atraídos con promesas falsas de trabajo bien remunerado a verdaderos campos de trabajo forzoso, donde son obligados a estafar bajo amenaza de violencia”, denunció Amnistía Internacional.

¿Colusión de fuerzas del orden? Una acusación preocupante

Estudios como el elaborado por Amnistía Internacional tras 18 meses de investigación han revelado indicios de una colusión entre mafias y autoridades locales. En particular, el rol de jefes chinos de los complejos donde operan estas estafas, junto con la aparente inacción de la policía camboyana han generado controversia.

“Las autoridades no han desmantelado estos complejos pese a la evidencia de violaciones de derechos humanos que ocurren dentro de ellos”, denuncia el informe. De hecho, muchos líderes de estas organizaciones criminales —principalmente ciudadanos chinos— operan cómodamente fuera del alcance jurídico de China, aprovechando los vacíos de gobernanza en Camboya y países vecinos.

Una deuda con las víctimas y la reputación nacional

Organizaciones como LICADHO —una ONG camboyana especializada en derechos humanos— respaldaron la operación gubernamental actual, aunque señalaron que llegó tarde.

"Esta campaña debió haberse lanzado hace muchos años. Camboya ha sido criticada internacionalmente por su tolerancia pasiva hacia el fraude en línea, dañando su imagen, turismo e inversión”, sostuvo Am Sam Ath, director de operaciones.

No obstante, remarcó que esta repentina acción envía una señal positiva de compromiso por parte del gobierno del primer ministro Hun Manet, quien el lunes anterior firmó un decreto que amenaza con despedir a cualquier funcionario estatal que no actúe con firmeza contra el cibercrimen.

Filipinas y el eco regional del problema

El fenómeno no se limita a Camboya. En Filipinas, la criminalidad ligada a ciudadanos chinos también ha causado tensiones bilaterales. El Ministerio de Educación de China emitió una advertencia oficial a sus ciudadanos sobre los riesgos de estudiar en Filipinas, citando múltiples incidentes violentos sufridos por estudiantes chinos.

Pese a la respuesta del gobierno filipino, que afirmó que la seguridad del país ha mejorado, casos como el secuestro de un joven chino de 14 años en Manila —cuyo dedo fue cercenado para presionar un rescate— han sacado a la luz un fenómeno más amplio: los relacionados con el juego en línea controlado por mafias chinas que operaban desde territorio filipino.

Iraq: otro foco diferente, misma lógica oculta

En una dimensión distinta pero con evidentes paralelismos geopolíticos, Iraq informó recientemente que drones de fabricación extranjera habían sido utilizados en ataques contra bases militares dentro del país. Aunque las investigaciones indican que estas operaciones fueron coordinadas dentro del territorio iraquí, su manufactura foránea encendió alertas sobre presunta interferencia extranjera y redes logísticas ilegales que, aunque distintas a las de los centros de estafa digital, comparten métodos de ocultamiento y desinformación similares.

Una respuesta regional: ¿será suficiente?

Am Sam Ath y otros observadores señalan que otros miembros de la ASEAN —tal es el caso de Tailandia y Laos— también han tomado medidas este año para enfrentar el problema. Sin embargo, la efectividad a largo plazo depende de un compromiso sostenido, cooperación internacional y, sobre todo, la extirpación de la corrupción dentro de las instituciones relacionadas con la policía y el poder judicial.

No cabe duda que el sudeste asiático se encuentra ante un punto de inflexión histórico. El cibercrimen no es solamente un problema de delitos informáticos: es una forma moderna de esclavitud, trata de personas y violencia institucionalizada. La vasta magnitud de redes operativas, la colusión policial y el daño a las víctimas —tanto estafados como explotados— requiere acciones internacionales coordinadas e inversiones en justicia transparente.

Por ahora, la campaña actual es un paso necesario pero tímido frente a una hidra criminal que ha sabido esconderse tras la conectividad digital del siglo XXI.