Palestina, protestas y proscripción: la controvertida criminalización del activismo en Reino Unido
La prohibición de Palestine Action y la creciente ola de arrestos reavivan el debate sobre libertad de expresión, derechos humanos y el papel del Reino Unido en el conflicto entre Israel y Palestina
Un nuevo frente en las calles británicas
Las calles del Reino Unido han sido por tercera semana consecutiva escenario de intensas protestas tras la decisión del gobierno de declarar a Palestine Action como una organización terrorista. Esta medida sin precedentes ha generado una gran controversia entre activistas, juristas y ciudadanos, y ha puesto en el centro del debate británico la cuestión de los límites a la protesta y la libertad de expresión.
¿Qué es Palestine Action?
Palestine Action es un grupo de activistas fundado en 2020 que se ha destacado por su enfoque directo en boicotear a empresas y entidades británicas que, según denuncian, apoyan directa o indirectamente al ejército israelí. Sus acciones incluyen ocupaciones, sabotajes y daños materiales, mayormente dirigidos contra Elbit Systems, un fabricante de armas israelí con operaciones en Reino Unido.
Entre sus acciones más destacadas, se encuentra la ocupación de fábricas de armamento, protestas en universidades y, más recientemente, la entrada forzada a la base de la Real Fuerza Aérea (RAF) en Brize Norton, donde dañaron dos aviones cisterna utilizando pintura roja y herramientas contundentes. Este acto, ocurrido el 20 de junio de 2025, fue el detonante que impulsó al Parlamento británico a tomar una decisión drástica.
Criminalización del activismo
El pasado mes de julio, el gobierno británico tomó una medida polémica: clasificó a Palestine Action como “organización terrorista”. Tal designación, usualmente reservada para grupos armados o yihadistas, implica penas de hasta 14 años de prisión para quienes sean miembros o expresen apoyo público a sus actividades.
La legislación fue aprobada con rapidez y recibió el apoyo de los principales partidos políticos, bajo el argumento de que algunas acciones del grupo “ponen en peligro la seguridad nacional”. Sin embargo, activistas, abogados de derechos humanos e incluso parlamentarios laboristas críticos han denunciado un intento por sofocar la disidencia y evitar el escrutinio sobre la venta de armas y colaboración militar entre Reino Unido e Israel.
Reacción ciudadana: protestas y arrestos
En respuesta a la medida, miles de personas salieron a las calles de Londres, Manchester, Edimburgo, Bristol, Londonderry y Truro. Entre las pancartas más comunes se leían lemas como “Apoyo a Palestina no es terrorismo” o “¡Oponerse al genocidio no debe ser ilegal!”.
Las manifestaciones, aunque pacíficas en su mayoría, terminaron con cerca de 100 detenidos en todo el país, 55 de ellos en Londres, según información proporcionada por el colectivo Defend Our Juries.
Dicha organización, que ha liderado la defensa legal de los manifestantes, anunció que el caso será llevado al Tribunal Superior, argumentando que la decisión gubernamental viola el derecho a la protesta pacífica protegido por el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Contexto geopolítico: Israel, Palestina y la política británica
La medida del gobierno no se da en el vacío. Reino Unido ha sido un aliado histórico de Israel, tanto diplomática como militarmente. Según datos del SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), el Reino Unido sigue siendo uno de los principales exportadores de armas a Israel, con acuerdos que superan los 120 millones de libras anuales.
En el marco de la actual ofensiva militar israelí contra Gaza, que se ha intensificado desde octubre de 2023, han surgido nuevas denuncias de violaciones a los derechos humanos y uso desproporcionado de fuerza. ONG como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han calificado algunas acciones como crímenes de guerra.
En este contexto, grupos como Palestine Action argumentan que sus acciones buscan exponer la complicidad británica en lo que denominan “genocidio palestino”.
La historia se repite: ¿derecho a la desobediencia civil?
A lo largo de la historia, muchas figuras reconocidas por luchar por la justicia y los derechos humanos fueron criminalizadas en su momento. Desde Martin Luther King Jr. hasta Susan B. Anthony, pasando por Mahatma Gandhi —cuya estatua fue el punto de concentración para los manifestantes en Londres—, todos enfrentaron acusaciones similares por incumplir leyes injustas.
La desobediencia civil ha sido reconocida por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos como parte integral del ejercicio democrático. No obstante, según los críticos del gobierno actual británico, los límites del Estado parecen haber cruzado una línea peligrosa.
“Aquellos que consideren esta protesta una oportunidad para desafiar los límites de la ley probablemente cometerán un delito y muy probablemente serán arrestados...”
Protesta, censura y un futuro incierto
Mientras los tribunales británicos se preparan para lo que podría ser un juicio histórico, miles de ciudadanos e incluso parlamentarios tratan de responder una pregunta compleja: ¿Se pueden criminalizar los ideales sin desmantelar la esencia de una sociedad democrática?
El caso podría tener consecuencias de gran calado, ya que sentaría un precedente que permitiría al gobierno británico ampliar el catálogo de terrorismo a cualquier organización que confronte directamente las decisiones de política exterior o comercial del Estado.
La voz de los manifestantes
En una vídeo viral que circula por redes sociales, puede verse a un anciano siendo escoltado por la policía mientras grita: “¡Me opongo al genocidio!”. La imagen ha provocado una oleada de solidaridad, pero también de indignación ante lo que muchos consideran un uso desproporcionado de la fuerza contra ciudadanos que ejercen su derecho a la libre expresión.
Por su parte, juristas como Helena Kennedy, experta en derechos humanos y miembro de la Cámara de los Lores, han advertido que “la categoría de terrorismo se está utilizando de forma expansiva con el objetivo de acallar la disidencia”.
¿Hacia dónde va Reino Unido?
Mientras el caso se dirime en los tribunales, el Reino Unido se encuentra en una encrucijada política y moral. La definición misma de terrorismo, así como los límites del disenso y el activismo, están en juego.
Lo que está claro es que la reciente decisión del gobierno ha generado una grieta profunda entre sectores que privilegian la seguridad nacional como motivo suficiente para restringir derechos, y quienes consideran que la democracia se fortalece con la disidencia organizada, incluso incómoda.
El juicio podría tardar meses, pero ya ha provocado una reflexión nacional sobre qué tipo de sociedad quiere ser el Reino Unido en el siglo XXI.
