Cuando tener miedo te enferma: la crisis de salud silenciosa en el Valle del Río Grande

Un miedo que paraliza

María Isabel de Pérez, de 82 años, llora mientras relata cómo su hijo, con un dolor abdominal extremo, decidió no acudir al hospital. La razón: el temor a ser detenido por agentes de inmigración. Su apéndice explotó antes de que recibiera atención médica. Esta tragedia no es aislada. En el Valle del Río Grande, al sur de Texas, el miedo está enfermando —y hasta matando— a personas por algo tan simple como no acudir al médico.

La “zona cero” del silencio

En el corazón de una región con más de 1.4 millones de habitantes, muchos optan por encerrarse en casa ante la creciente intensificación de redadas federales. Aunque Donald Trump ganó las elecciones de 2024 con promesas de deportar un millón de inmigrantes, lo que gran parte de sus votantes no vio venir fue que estas acciones impactarían a sus vecinos, amigos, familiares e incluso ellos mismos.

“Ni siquiera nos atrevemos a discutir quiénes son legales y quiénes no. Seguro nos sorprenderíamos”, comenta Elizabeth, residente de McAllen, Texas.

Una zona ya vulnerable

El Valle del Río Grande no es simplemente una región fronteriza. Es una de las más pobres y médicamente necesitadas del país. Datos relevantes:

• Casi el 33% de la población no tiene seguro médico.
• Uno de cada cuatro residentes vive con diabetes.
• Las mujeres tienen un mayor riesgo de cáncer cervical.
• La tasa de obesidad supera el 50%.
• La tasa de pobreza es el doble del promedio nacional.

Esta combinación ya era una bomba de tiempo en términos de salud. Pero ahora, con el temor generalizado a ser deportados, muchas personas cancelan citas médicas, niegan traslados al hospital y evitan aplicaciones para programas sociales por miedo a exponerse.

Las clínicas comunitarias: salvavidas en medio del caos

Lugares como Holy Family Services, una clínica de mujeres y centro de nacimientos en Weslaco, se han vuelto puntos clave en este entorno. Allí no se pregunta sobre estatus migratorio. Se ofrece educación, atención materna, diabetes, salud mental y chequeos, especialmente para embarazadas y adultos mayores.

En una clínica de diabetes, Margarita Pérez, de 87 años, se aferra a su glucómetro mientras escucha atentamente una charla sobre el control del azúcar en sangre. “Nos aferramos a lo poco que tenemos”, dice entre susurros. Estas clínicas funcionan gracias a promotoras comunitarias como María Gomez, quien recorre colonias (barrios informales) asegurándose que las personas accedan, al menos, a servicios básicos.

“Ni en iglesias ni en hospitales están seguros”

Ese es el mensaje que muchos inmigrantes escuchan diariamente. Según fuentes oficiales, se ha autorizado a agentes federales a ingresar incluso a iglesias y hospitales para cumplir con las deportaciones. Además, se están revisando bases de datos de registros médicos federales para identificar posibles inmigrantes sin documentación.

Juanita, madre de dos hijos, uno con síndrome de Down, vive en constante alerta. “Cierro mi cerca con candado cada noche. No quiero que me separen de mis hijos”, confiesa. Esta historia se repite a lo largo del Valle. El sentimiento de estar en una zona de guerra es generalizado. Hasta aquellos con estatus legal evitan salir.

“Lo peor es que no necesitamos estar enfermos para morir, bastará con tener miedo”, añade Juanita, mientras reza en una pequeña capilla local.

Pérdidas humanas y económicas

Muchos dueños de tierras han reportado ausencias masivas de trabajadores. Algunos campos se mantienen sin ser cosechados porque los jornaleros temen presentarse. En un rancho a las afueras de Weslaco, una cruz improvisada y flores marcan el lugar donde se dice que un trabajador murió por no recibir asistencia médica a tiempo. Esta situación también está provocando un impacto económico severo en una región donde la agricultura es eje central.

El caso de Kilmar Abrego Garcia: un símbolo nacional

En Tennessee, Kilmar Abrego Garcia, trabajador de la construcción de Maryland, se encuentra detenido acusado de tráfico humano. En 2019, un juez federal ordenó que no fuera deportado a El Salvador debido al riesgo de violencia de pandillas. No obstante, fue expulsado ilegalmente en marzo de este año por el gobierno de Trump, convirtiéndose así en rostro emblemático de la crisis migratoria.

Regresado forzosamente a EE.UU. bajo presión legal, su caso ha puesto el foco sobre cómo las autoridades están manipulando procesos legales para lograr deportaciones. Aunque un juez dictaminó que puede ser liberado bajo fianza, sus propios abogados pidieron que se mantuviera encarcelado mientras buscan frenar una deportación inminente.

“Es evidente que si sale libre hoy, el gobierno actuará para expulsarlo antes del juicio en enero”, advirtieron sus abogados.

La doble cara del apoyo electoral

En una región que abrumadoramente respaldó a Trump en 2024, muchos ahora experimentan el efecto directo de esas políticas migratorias. El contrato social entre promesas y consecuencias comienza a resquebrajarse. Personas que antes viajaban libremente a México para ver familiares, recibir atención dental o celebrar fiestas, ahora temen cruzar la calle.

“Cuando votamos por esta política de ‘mano dura’, creímos que era para otros”, dice un residente anónimo en Mission, Texas. “Ahora descubrimos que somos el blanco principal”.

Los invisibles

“¿Qué les hicimos para merecer esto?”, pregunta Ofelia, abuela de 73 años, responsable de criar sola a varios nietos. La historia de María, casada con un ciudadano estadounidense y madre de niños nacidos en EE.UU., tampoco difiere. “Cada día, rezo porque el presidente tenga un cambio de corazón”.

El miedo está devorando no solo la tranquilidad, sino también la salud pública de toda una región. Y mientras los drones sobrevuelan, las patrullas acechan y las puertas permanecen cerradas, una pregunta comienza a flotar en el aire cálido del Valle:

¿Se puede vivir, verdaderamente, con miedo?