“Alcatraz de los Everglades”: El nuevo centro de detención migratoria de DeSantis y la política del espectáculo

En los Everglades de Florida, a 72 kilómetros de Miami, una gigantesca instalación de detención migratoria ha surgido en cuestión de días, en un terreno anteriormente usado como pista aérea del condado. Apodado "Alcatraz de los Everglades", este centro es una pieza clave del respaldo del gobernador Ron DeSantis a la agenda de deportación masiva favorecida por Donald Trump.

Un proyecto multimillonario impulsado por decretos de emergencia

Desde el anuncio del proyecto a mediados de junio de 2025, la oficina ejecutiva del gobernador ha firmado más de dos docenas de contratos por un total superior a $245 millones con fondos públicos, según revela la base de datos estatal. Todos los contratos fueron adjudicados sin licitación, al amparo de una orden ejecutiva que declara una “emergencia de inmigración ilegal”, emitida en 2023 y renovada desde entonces.

No se trata solo de una cifra abultada, sino de un procedimiento muy cuestionado por expertos en ética gubernamental. Muchos contratos fueron otorgados a donantes políticos vinculados a campañas del Partido Republicano en Florida, sin transparencia pública sobre los términos específicos.

¿Un centro para “titulares”? La crítica interna más sorprendente

Tal vez una de las críticas más llamativas provino de un aliado ideológico: Mark Morgan, exdirector interino del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) durante la presidencia de Donald Trump. Morgan describió el centro como un proyecto “construido para titulares” y “propenso al fracaso, a la mala gestión y a la corrupción”.

“No responde a ninguna necesidad operativa real. Esta instalación es una distracción ineficiente que le cuesta millones a los contribuyentes”, escribió Morgan en Fox News.

Dudas sobre transparencia: ¿Qué ocultan los contratos?

Una vez que comenzaron las investigaciones periodísticas, los documentos originales de los contratos desaparecieron del sitio web estatal. Fueron reemplazados por simples facturas de una página que solo muestran nombres de empresas, montos, fechas y direcciones para enviar pagos. La excusa oficial fue que los documentos contenían “información propietaria”.

Sin embargo, esta opacidad genera dudas. ¿Qué se oculta exactamente detrás de estos contratos? ¿Qué costos específicos están incluidos en los más de $78 millones otorgados a la consultora Critical Response Strategies o los $25 millones para Longview Solutions Group?

Los gastos más polémicos: desde baños portátiles hasta brazaletes para detenidos

Veamos algunos de los contratos más llamativos adjudicados para la construcción del centro:

• Critical Response Strategies: $78.5 millones para la contratación de personal, incluyendo alguaciles, técnicos y administradores, con sueldos que llegan hasta los $11,600 mensuales para oficiales correccionales.
• Doodie Calls: $22 millones por suministrar baños portátiles y duchas móviles.
• Gothams: $21.1 millones para proveer servicios de IT, tarjetas de acceso y pulseras para personas detenidas.
• SLSCO LTD y Garner Environmental Services: $19.7 millones cada uno, encargados de la construcción y el mantenimiento del recinto.

Estos contratos reflejan una curiosa mezcla entre opacidad, desproporción y negocios cuestionables. Mientras tanto, Florida mantiene sus cárceles estatales con salarios drásticamente inferiores y con una escasez tan aguda de personal que incluso se desplegó la Guardia Nacional para cubrir vacantes. Allí, un oficial gana apenas $3,800 mensuales.

Relación con la agenda de DeSantis y Trump

Este mega proyecto es parte central de la estrategia electoral de DeSantis, que busca presentarse como el político que más combate “la inmigración ilegal” y que apoya incondicionalmente la línea dura de Trump, su principal aliado político.

Desde vuelos de migrantes enviados a otros estados, hasta leyes restrictivas para empleadores e inquilinos indocumentados, DeSantis se ha volcado a utilizar todos los recursos del estado para acciones que, en la práctica, son prerrogativas federales.

¿Qué dice el gobierno federal?

En documentos judiciales presentados este mismo mes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) fue tajante: la instalación es completamente una iniciativa estatal. Florida está construyendo y gestionando el centro con fondos y tierras del estado, y bajo una declaración de emergencia estatal. Aclararon que ningún reembolso ha sido otorgado por parte del gobierno federal, lo que refuerza la idea de una maniobra política más que operacionalmente necesaria.

Impacto ambiental y comunitario

El centro se está erigiendo en los humedales de los Everglades, una de las reservas ecosistémicas más frágiles e importantes de Norteamérica. Esto ha encendido las alarmas de ambientalistas y científicos, quienes advierten que las obras podrían alterar hábitats críticos de la flora y fauna locales, incluidos caimanes, aves nativas y especies amenazadas.

Además, líderes religiosos y defensores de derechos humanos han denunciado el proyecto por el riesgo de abusos, condiciones inadecuadas de detención y el uso innecesario de recursos públicos.

Precedentes históricos: ¿es esta una nueva era de centros de detención estatales?

Históricamente, las detenciones migratorias han sido manejadas por el gobierno federal a través de ICE y el Departamento de Justicia. Si bien algunos estados han colaborado en operativos migratorios, Florida está marcando un precedente sin precedentes al desarrollar un centro a gran escala sin coordinación federal operacional.

Este enfoque recuerda a políticas anteriores en Arizona durante el mandato del exsheriff Joe Arpaio, que también enfrentaron acusaciones de
violaciones a derechos civiles y, eventualmente, sanciones judiciales.

¿Un experimento legal o una bomba de tiempo estatal?

A medida que DeSantis impulsa su agenda de “orden y ley migratoria”, las cortes federales ya han intervenido en varias de sus decisiones legislativas —como la ley que restringía los espectáculos drag o la que penalizaba a empresas por contratar indocumentados— por ser demasiado amplias o inconstitucionales.

¿Seguirá el centro de detención de los Everglades este rumbo? Expertos legales en migración creen que sí:

“El hecho de que todo ocurriera bajo decretos de emergencia, sin procesos transparentes, lo hace muy vulnerable a litigios. Esto podría desmoronarse en cualquier momento en las cortes federales”, indicó César García Hernández, profesor de derecho migratorio en The Ohio State University.

¿Quién gana y quién pierde con esta mega obra?

Por ahora, quienes más se benefician son las empresas contratadas y los políticos que ganan popularidad con retórica antiinmigrante. Se estima que el costo operativo anual de esta instalación podría alcanzar los $450 millones, lo que pone una presión significativa sobre los bolsillos de los contribuyentes floridanos.

Por el contrario, pierden los migrantes detenidos sin acceso a un debido proceso expedito, los residentes locales que podrían enfrentar inundaciones o daños al ecosistema, y los ciudadanos preocupados por el uso de fondos públicos con tan poca supervisión legal.

Una historia que apenas comienza

El “Alligator Alcatraz” se perfila como uno de los proyectos más controvertidos de la administración DeSantis. Mientras las voces de alarma aumentan, y las demandas legales se avecinan, este centro podría convertirse en un símbolo duradero de la política migratoria estadounidense en el siglo XXI: una mezcla de espectáculo, poder estatal sin contrapesos y un futuro de incertidumbre legal y humanitaria.