Rusia 2025: La ley que castiga las búsquedas en internet y la distopía hecha realidad

¿Es peligroso buscar en Internet en Rusia hoy?

Con el reciente paso de una nueva ley en la Duma Estatal de Rusia, el solo hecho de buscar información considerada "extremista" en línea puede convertirse en delito. La legislación —todavía pendiente de aprobación formal por el Consejo de la Federación y del presidente Vladímir Putin— no solo penaliza los clicks y búsquedas, sino que consolida una estrategia autoritaria de censura y control de la información bajo la excusa de proteger la seguridad nacional.

¿Qué dice la ley exactamente?

La nueva normativa establece multas para quienes "deliberadamente busquen y accedan a materiales extremistas" en línea. Este tipo de formulación es tan vaga que permite una interpretación extensiva por parte de las autoridades judiciales y policiales. Un primer delito puede acarrear una multa de hasta 64 dólares (más de 6,000 rublos), lo cual podría escalar si se repite o si se encuentra un patrón.

¿Qué se considera 'extremista' según el gobierno ruso?

La definición oficial de "extremismo" en Rusia ha crecido a pasos agigantados en los últimos años. Engloba desde organizaciones opositoras como la Fundación Anticorrupción del fallecido Alexéi Navalny, hasta el "movimiento LGBT internacional". Esta clasificación permite que prácticamente cualquier disidencia o contenido progresista sea etiquetado dentro del concepto de 'extremismo político o social'.

Un ecosistema de vigilancia permanente

Una de las mayores interrogantes frente a esta ley es cómo se detectará la violación de la misma. Expertos en políticas digitales y derechos humanos han señalado que es posible que las compañías proveedoras de internet y plataformas de redes sociales sean obligadas a compartir historiales de búsqueda y navegación con las autoridades. También se especula que revisiones policiales aleatorias de teléfonos móviles o computadoras podrían convertirse en una práctica común.

Todo esto haría de Rusia uno de los países más vigilados digitalmente del mundo, junto con China y Corea del Norte. De hecho, The Economist ya ha calificado estas medidas como un regreso a mecanismos usados en la era soviética, combinados con innovación digital del siglo XXI.

Detenciones y represión: El nuevo cotidiano ruso

El día en que se aprobó el proyecto de ley, el político liberal Boris Nadezhdin —quien intentó desafiar legalmente a Putin en las últimas elecciones presidenciales pero fue excluido— declaró su oposición abierta a los periodistas. Mientras tanto, su asistente Dmitry Kisiev fue arrestado por sostener un cartel que comparaba la nueva ley con el régimen de “1984” de George Orwell.

Kisiev no fue el único detenido. Varios periodistas que cubrían la protesta también fueron encarcelados. Esta tendencia no es nueva; desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, el gobierno de Moscú ha intensificado considerablemente la represión de opiniones disidentes: cientos de opositores han sido procesados, y numerosos medios de comunicación han sido clausurados, etiquetados como “agentes extranjeros” o directamente ilegalizados.

Una ley incluso cuestionada por sectores pro-Kremlin

No solamente los grupos liberales y de derechos humanos han criticado la ley. Incluso algunas voces cercanas al Kremlin han cuestionado su eficacia e impacto. Una de ellas es Yekaterina Mizulina, cabeza de la ultraconservadora Liga de Internet Seguro, quien ha reportado rutinariamente a supuestos disidentes ante el gobierno. Mizulina alertó que esta ley imposibilitaría monitorear adecuadamente comunidades extremistas reales, pues la simple consulta de estos contenidos sería también penalizada.

Es decir, hasta los grupos que colaboran activamente con la propaganda estatal ven limitadas sus intervenciones por la ambigüedad y generalidad de la ley.

Vigilancia digital: ¿hacia el modelo chino?

Expertos han señalado cómo este modelo de vigilancia se asemeja al de China, donde complejos sistemas de inteligencia artificial y análisis de Big Data rastrean el comportamiento individual. En Rusia, sin embargo, hay menos desarrollo tecnológico local y más dependencia de métodos policiales directos, como allanamientos y confiscación de dispositivos.

Según el informe 2023 de Freedom House, Rusia ocupa uno de los últimos lugares en términos de libertad en internet. Ya antes de esta ley, miles de ciudadanos habían sido perseguidos por simples publicaciones en redes sociales, y decenas de páginas web han sido bloqueadas sin previo proceso judicial.

VPNs en la mira

La ley incluye también una prohibición de publicitar servicios de red privada virtual (VPN), aunque por el momento no prohíbe su uso. No obstante, usar una VPN para acceder a contenidos “extremistas” se considerará una “circunstancia agravante” y podría resultar en condenas más severas.

Se estima que más del 30% de los usuarios de internet en Rusia usan VPN para evadir censura, según GlobalStats. Pero con esta nueva legislación, incluso este último resquicio digital de libertad está por cerrarse.

¿Qué significa esto para los ciudadanos?

Desde el punto de vista de derechos civiles, esta ley profundiza un modelo autoritario que busca amedrentar y paralizar a la sociedad mediante el miedo. Con ello, el gobierno de Putin afianza su control no solo sobre las calles y las urnas, sino también sobre los pensamientos individuales expresados en búsquedas en Google, foros, publicaciones e incluso documentos de lectura privada.

El efecto es escalofriante: si acceder a una página puede ser penalizado, se crea una parálisis cultural y cívica. El conocimiento se convierte en sospechoso. El pensamiento crítico, en rebelión.

Una distopía hecha ley

Bajo el pretexto de combatir el extremismo, Rusia avanza hacia un estado de vigilancia total. El paralelismo con la novela “1984” de George Orwell ya no es una analogía lejana, sino una realidad palpable. La “policía del pensamiento” hoy puede expresarse mediante un brigada que revisa tu historial de búsquedas, o un software monitoreando tus clics.

Estamos ante una transformación radical del aparato legal ruso que sacrifica los derechos fundamentales del individuo en nombre de una seguridad ilusoria. Esta ley no busca prevenir ataques reales, sino limitar la capacidad de los ciudadanos de informarse, organizarse, y cuestionar al poder.

No es un caso aislado

Esta nueva legislación se suma a varias otras normas represivas aprobadas desde 2022. Según la organización Memorial, más de 19,000 personas han sido detenidas desde el inicio de la guerra por manifestarse o publicar contra la invasión. Otras más de 500 han sido condenadas por “difusión de noticias falsas” o “desacreditar a las fuerzas armadas”.

En el fondo, esta ley no busca combatir el extremismo. Busca prevenir la verdad.

La resistencia continúa

Grupos de derechos humanos dentro y fuera del país ya han lanzado campañas digitales para denunciar la ley. Muchos expertos, incluidos juristas, han declarado que esta legislación viola varios principios del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en particular la libertad de expresión, de conciencia y conocimiento.

Pero Rusia, como miembro suspendido del Consejo de Europa desde la invasión a Ucrania, ya no se ve comprometida a respetar estos acuerdos o sus sentencias.

Así, el país que fue cuna de autores como Dostoievski, Tolstoi o Pasternak, donde florecieron la filosofía y la literatura, hoy pone el conocimiento bajo sospecha. Leer, buscar, saber: todo puede convertirse en una falta.

Y mientras el mundo mira, la oscuridad digital avanza, pixel a pixel.