Una Corte por el Clima: ¿Puede la justicia internacional salvar a las naciones insulares del colapso ambiental?

La Corte Internacional de Justicia emite una opinión histórica sobre el cambio climático, en un fallo que podría redefinir las responsabilidades legales de los estados frente a la crisis ambiental.

La Haya, Países Bajos — En un paso sin precedentes hacia la justicia climática global, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió esta semana una opinión consultiva sobre el cambio climático que podría convertirse en una piedra angular para futuras acciones legales y diplomáticas a nivel mundial.

¿Qué está en juego?

Pocas veces una decisión de una corte, aún siendo no vinculante, había generado tanto interés y expectación. La denuncia surge de los pequeños estados insulares del Pacífico —liderados por Vanuatu— que enfrentan una amenaza existencial debido a la subida del nivel del mar. En palabras del Fiscal General de Vanuatu, Arnold Kiel Loughman: "La supervivencia de mi pueblo y de tantos otros está en juego".

Según estimaciones científicas, en la década hasta 2023, el nivel del mar aumentó en promedio 4.3 centímetros a nivel mundial, con regiones específicas del Pacífico experimentando aumentos aún mayores. Además, el planeta se ha calentado en 1.3 °C desde la era preindustrial, lo cual exacerba fenómenos extremos y reduce la habitabilidad en regiones costeras bajas.

¿Qué opinó la corte?

La Asamblea General de la ONU solicitó a la CIJ emitir una opinión que responde a dos preguntas clave:

  1. ¿Cuál es la obligación de los Estados según el derecho internacional para proteger el clima del cambio provocado por el ser humano?
  2. ¿Qué consecuencias jurídicas enfrentan los gobiernos cuando sus acciones u omisiones dañan significativamente el clima?

Lo que hace que esta consulta sea única es su enfoque integral. La corte no solo evalúa los compromisos futuros, también aborda la responsabilidad histórica de las emisiones, algo que puede tener profundas implicaciones legales.

Una creciente ola de litigios climáticos

Según Joie Chowdhury, abogada del Center for International Environmental Law, esta opinión "aborda el pasado, presente y futuro de la acción climática... y confronta las raíces del problema". Esto da lugar a nuevas instancias de litigación tanto en tribunales nacionales como en foros internacionales.

En efecto, la decisión puede fortalecer casos donde activistas o ciudadanos demanden a sus propios gobiernos por inacción climática, apoyándose en este fallo como base legal sólida. Además, otros Estados podrían regresar a la corte para exigir cuentas a emisores históricos o actuales.

¿Una herramienta para el Sur Global?

Esta acción judicial nace de la frustración ante el lento avance de las negociaciones internacionales. Ralph Regenvanu, ministro de Cambio Climático de Vanuatu, declaró: "Los acuerdos entre Estados no están avanzando con la rapidez que necesitamos".

Para países vulnerables, como los situados en el Pacífico Sur, el litigio ha emergido como arma legal de último recurso. La legitimidad que otorga la CIJ puede ser utilizada para presionar políticamente a las naciones más contaminantes y exigir, al menos, indemnizaciones o transferencias tecnológicas y de capacidades.

Precedentes que cambian la narrativa

La opinión actual se suma a una serie de victorias legales recientes en materia climática:

  • 2019: La Corte Suprema de los Países Bajos dictaminó que proteger a los ciudadanos contra el cambio climático es un derecho humano.
  • 2023: El Tribunal Europeo de Derechos Humanos instó a los Estados a fortalecer su protección frente al cambio climático.
  • 2024: La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció el deber de los Estados de proteger y también restaurar ecosistemas.

Se ha consolidado así una jurisprudencia emergente donde el derecho internacional, regional y nacional empieza a considerar el colapso climático como violación de derechos humanos.

Oposición de los gigantes petroleros

Sin embargo, no todos aplauden este movimiento. Potencias como Estados Unidos y Rusia, productores de petróleo y gas a gran escala, se oponen a que la corte les imponga obligaciones de reducción de emisiones. Temen que una ola de litigios o tratados les fuerce a cambiar radicalmente sus políticas energéticas.

Esto revela un dilema: la justicia climática choca con los intereses geoestratégicos de los grandes actores energéticos. Y aunque la CIJ no tiene capacidad coercitiva, lo cierto es que su palabra otorga marco normativo a futuras negociaciones en el seno de la ONU y acuerdos comerciales bilaterales.

Entre lo simbólico y lo estratégico

No subestimemos el poder de lo simbólico. Que la corte más alta de la ONU reconozca la importancia legal de combatir el cambio climático refuerza el argumento de que se trata no solo de ciencia o economía, sino de justicia.

Organizaciones como Greenpeace o Fridays for Future celebran esta opinión como un argumento adicional para presionar a gobiernos y empresas. Mientras que grupos como ClientEarth planean nuevas demandas legales ante tribunales nacionales, usando el fallo como respaldo normativo.

La gran pregunta: ¿tendrá impacto real?

Una opinión consultiva no obliga legalmente, pero puede tener efectos prácticos:

  • Usarse como base legal para nuevas demandas.
  • Ser incorporada en tratados, convenios o cláusulas específicas.
  • Ofrecer una narrativa jurídica poderosamente legitimadora para países del Sur Global.

Como dijo Chowdhury: “No se puede resolver la crisis climática sin confrontar su pasado”. La CIJ acaba de dar una herramienta sólida para hacerlo.

Un futuro basado en justicia intergeneracional

El fallo también incorpora una dimensión ética poderosa: el principio de justicia intergeneracional. La idea de que las decisiones actuales deben garantizar un planeta habitable para las generaciones futuras ya no es solo moralidad: empieza a ser derecho.

En definitiva, lo ocurrido en La Haya esta semana podría marcar un viraje hacia una gobernanza climática donde tribunales, constituciones y derechos humanos intervienen en una batalla antes dominada solo por diplomáticos y expertos técnicos.

Ya no se trata de caridad o cooperación, se trata ahora de obligación legal. Y aunque el camino apenas comienza, las naciones insulares han mostrado que David, con el arma del derecho, aún puede desafiar al Goliat de la crisis climática.

Este artículo fue redactado con información de Associated Press